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¿Y si, de repente, no pudiéramos pagar nuestra factura de la luz?

La energía es el motor fundamental e indispensable para el desarrollo de la vida en general porque facilita tanto el buen funcionamiento de nuestro organismo y el desempeño de acciones gracias a la ingesta de alimentos, hasta el desarrollo de muchas de nuestras actividades cotidianas como calentar el agua con la que nos duchamos. El acceso a la energía es, por tanto, un derecho que incide directamente en la calidad de vida de las personas y que está directamente vinculada a la inclusión social y la igualdad.

La energía debe ser, por tanto, considerada como un bien básico de primera necesidad y, como tal, su disponibilidad debe estar por encima del poder adquisitivo de las personas. Un derecho innato y de acceso universal (como la sanidad o la educación) que debería estar recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo este mismo interés social, nuestras necesidades energéticas deben ser cubiertas bajo criterios de equidad y justicia intergeneracional, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente actual y futuro, algo que sólo puede conseguirse mediante la electrificación de la demanda y su cobertura con electricidad procedente de fuentes de energías renovables.

La realidad es que tenemos un sistema eléctrico que no garantiza el acceso universal a la energía y , por numerosas razones, la ciudadanía ha perdido absolutamente la confianza en él. Los que tenemos la suerte de poder pagar la factura de la luz, no solemos preguntarnos cómo sobreviviríamos un día sin electricidad, pero esto no nos puede servir de excusa para eludir una realidad y es que muchas personas en el mundo e incluso de nuestro entorno cercano, no disponen de renta suficiente para poder cubrir las necesidades básicas de suministro de energía, una situación que pone en riesgo el bienestar de las personas, al aumentar la probabilidad de padecer problemas de salud mental y física entre dos y cinco veces, según conclusiones de un reciente estudio elaborado en Barcelona.

Esta pobreza energética es una realidad en España y no sólo depende de la insuficiencia de ingresos, sino también del elevado precio de la energía y de las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de las edificaciones. Según los últimos indicadores de pobreza energética publicados en España, la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha provocado que en 2020 la pobreza energética haya aumentado casi un 22%. El 16,8% de los hogares están en pobreza energética por tener un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, un 10,3% de los hogares padecen pobreza energética por no cubrir sus necesidades mínimas de energía, el 10,9% de la población (5,2 millones de personas) no fueron capaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno y un 9,6% de la población (4,5 millones de personas) sufre retraso en el pago de las facturas.

La solución aplicada hasta ahora ha sido el llamado Bono Social (térmico y eléctrico). Respecto a este último, apenas se beneficiaron de media 1,2 millones de personas en 2020, según los boletines de indicadores eléctricos de la CNMC. Además, esta ayuda se basa en un descuento en la factura eléctrica total, en lugar de en una disminución del precio, tanto en potencia contratada como en energía consumida. Son cuantías insuficientes teniendo en cuenta que, según la OCU, un consumidor medio con tarifa PVPC ha pagado en 2021 un 41% más que en 2020 y un 18% más que en 2018 por el incremento de precios del mercado de la electricidad como consecuencia del precio del gas natural, de los derechos de emisión de CO2 y del obsceno modelo de fijación de precios marginalista.

Ante estas ineficiencias estructurales, existen otras alternativas como una Tarifa Social, propuesta ya hace años desde organizaciones como la Fundación Renovables o Ecologistas en Acción, con la que se pretende, mediante una potencia mínima  gratuita, cubrir el consumo mínimo vital de electricidad de aquellos colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Sin embargo, ambas organizaciones coinciden en que esta tarifa no sería suficiente si los edificios siguen siendo ineficientes energéticamente, principalmente por una mala envolvente térmica, factor que agrava la pobreza energética. Y, además, hay que tener en cuenta que el parque de vivienda español se caracteriza por ser viejo (media de 45 años) e ineficiente (certificado energético E) según un estudio realizado por idealista.

Una rehabilitación energética integral es la solución más eficiente ya que esta podría llegar a reducir la necesidad de calefacción de nuestras viviendas, extremadamente dependiente de los combustibles fósiles, hasta un 80% , según el GTR. Actualmente, existen más de 1,5 millones de viviendas de primera residencia que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y que requieren actuaciones de urgencia, para las que, desde la Fundación Renovables, proponen un programa de rehabilitación de 250.000 hogares al año, lo que supondría una inversión total pública de 15.000M€, como recogen en su documento “Lecciones aprendidas para salir de la crisis”.

En cuanto a los efectos del incremento del coste del gas fósil sobre el precio del mercado eléctrico, son un reflejo de que el modelo de fijación de precios no funciona adecuadamente en un sistema en el que las renovables tienen un coste marginal próximo a cero y requieren de un cambio profundo del sistema eléctrico hacia uno más transparente, justo y democrático para que paguemos al precio que cuesta realmente generar la electricidad. En 2019 este coste de la energía suponía el 40% de la tarifa eléctrica.

Por otro lado, están los costes regulados, los que se fijan vía BOE. Estos se encuentran principalmente en la parte fija de la tarifa por el término por potencia contratada y son una prioridad, pues dependen de la decisión política y no suponen alterar o modificar drásticamente el funcionamiento de un mercado como el marginalista, un proceso mucho más complejo, aunque necesario. Para reducir los principales costes regulados de la tarifa, la Fundación Renovables propone adelantar la retribución del RECORE a este año y repartir sus costes con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico – FNSSE entre todos los consumidores de energía (petróleo y gas) y no sólo de electricidad, repartir los peajes de transporte y distribución por energía gestionada (pago por uso), disminuir la anualidad del déficit de tarifa mediante la extensión de su amortización a 2034 e incluir la compensación extra peninsular en los Presupuesto Generales del Estado – PGE.

Al margen del funcionamiento del sistema eléctrico y de la estructura tarifaria, el autoconsumo fotovoltaico es el instrumento fundamental para empoderar al consumidor y convertirlo en un sujeto activo y central del sistema. Modalidades como el autoconsumo compartido y, en especial, las comunidades energéticas son también fantásticas herramientas para paliar la pobreza energética al poder compartir nuestra producción de electricidad, a pesar de la actual limitación de 500 metros como máximo entre puntos de generación y consumo, una barrera que se tendría que eliminar cuanto antes.

Sabemos a dónde queremos llegar y que se trata de un proceso muy complejo, dada la transversalidad del sector, pero también sabemos que cualquier esfuerzo merecerá la pena, pues la energía es el motor de un nuevo modelo social y económico y la implicación de la ciudadanía es indispensable para acelerar el cambio de modelo energético.

 

Manuel Abeledo – Técnico de la Fundación Renovables

Por fin luce el sol en España

El 5 de octubre de 2018 ya figura, por méritos propios, en la historia reciente del sector energético español. Tras 1.092 días de vigencia era derogado un ignominioso “impuesto al sol” que nos ha convertido en hazmerreír internacional.

Compartir energía pasaba de ser una opción casi quimérica, por el vacío existente que supuso la anulación por el Supremo de su prohibición, a un concepto integrado directamente en la definición del autoconsumo. Se establecía, por ley, que no se puede gravar la energía que uno produce para sí mismo, lo que en la calle se había venido a denominar “impuesto al sol”. Se simplificaba notablemente el papeleo requerido para ponerse unos paneles en el tejado con el fin de ahorrar unos euros en el recibo de la luz y que en ocasiones suponía gastos y tiempo inasumibles en las instalaciones domésticas. Se contemplaba la compensación directa en la factura de los excedentes que uno pudiera tener cuando sus paneles estuvieran produciendo y el consumo eléctrico de su vivienda no fuera suficiente para asumir la energía proveniente del sol.

Todo ello sin necesidad –como hasta ahora– de convertirse en empresario y pasar a liquidar IVA o a integrar en la declaración de la renta unos ingresos que en muchos casos no llegan a 10 euros al mes. Se eliminaban limitaciones absurdas como que la capacidad máxima de generar energía de los paneles fuera menor que la del contrato de suministro de energía. Se racionalizaban, por último, las sanciones, despejando definitivamente la amenaza que se ceñía sobre los audaces autoproductores que, por el simple hecho de dejar de rellenar un papel, podían verse sometidos a sanciones desproporcionadas de hasta 60 millones de euros confiando, eso sí, en que un juez posteriormente las moderase.

En resumen, la normativa sobre el autoabastecimiento de electricidad daba un giro copernicano, pasando de ser la más restrictiva del mundo a una de las más avanzadas.

Pero la ley aprobada no se quedaba ahí, también abordaba, entre otros aspectos importantes, una eliminación temporal de dos impuestos a las centrales eléctricas que estaban contribuyendo a sobrecargar innecesariamente los recibos de la luz, ampliaba (tímidamente, eso sí) las coberturas sociales para aquellas familias que se ven en serias dificultades para encender la luz o mantener su vivienda a una temperatura digna en invierno, incorporaba medidas de protección al consumidor, como la prohibición de que las eléctricas realicen visitas sin cita previa, las cuales derivaban frecuentemente en engaños según venían denunciando reiteradamente las asociaciones de consumidores; la posibilidad de afinar la contratación de la parte fija del recibo y la obligatoriedad de que las eléctricas nos informen sobre cuál sería el importe de nuestro recibo en la modalidad de facturación con discriminación horaria, esa que permite ahorrar fácilmente más del 10% de la factura sin necesidad de cambiar de hábitos de consumo.

La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes

Se trata, al fin y al cabo, de una boya en el mar de la profusa normativa del sector energético que marca, sin lugar a dudas, un cambio de rumbo a los que navegamos en el mismo. La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes y otros que modificar en profundidad como el mecanismo de fijación de precios del mercado eléctrico o una ayuda social que extermine definitivamente la pobreza energética de nuestro país, pero el camino emprendido es el correcto.

Queda por ver, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados convalide la norma y, en segundo lugar, que apoye las reformas siguientes que la ministra Ribera ya ha anunciado. Confiemos en que, por una vez, se imponga la racionalidad y se tomen medidas rápidas y eficaces para transformar radicalmente nuestro sistema energético. Nuestros bolsillos, nuestra salud y nuestro planeta bien lo merecen.

Por Jorge Morales  – Director General de Geoatlanter

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La verdadera historia sobre los Reyes de Oriente

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de Anpier

Cuenta la historia que tres Reyes Magos, venidos de lugares muy lejanos y siguiendo una estrella luminosa, hicieron miles de kilómetros para agasajar al hijo de Dios que había venido para morar entre nosotros.

La historia no está mal, pero yo tengo un amigo en el Heraldo de Judea que me ha contado otra versión un tanto diferente.

Al parecer, sí hubo bastante consenso entre todo el pastoreo de la zona, en que el bueno del muchacho tenía visos de divinidad pues, por un lado, disponía de claras dotes para que la muchedumbre se acercase a su alrededor y, por otro, había conseguido, milagrosamente, que la estrella más rutilante del firmamento se instalase justamente encima del pesebre en el que se habían tenido que refugiar sus padres.

Tanto fervor causó el advenimiento del muchacho, que una multitud de pastores fueron inmediatamente a junto del Rey Herodes a exigirle que preparase una ley para impedir que el pequeñín se muriese de frío en aquel portal. Los tres comerciantes que vendían, a precio de oro, la madera para calentar a los judíos, les habían cortado el suministro por falta de denarios para poder pagarlo.

Temeroso del pueblo, hizo llamar a los tres grandes mercaderes que monopolizaban el sector, para que le diesen su fundada opinión sobre aquel acontecimiento. No tardaron mucho, pues ya venían con sus camellos llenos de regalos para agasajar a Herodes, ante la muy cercana subasta para la concesión de nuevas instalaciones de generación, creada ex proceso para ellos.

Como si fueren auténticos reyes vestidos con ricos ropajes y lustrosas coronas, se pasearon por delante del portal subidos a lomos de sus camellos y con una increíble corte de pajes que los asistían. Cuál fue su sorpresa que pasaron completamente desapercibidos. Entre la sonrisa del bebé y el calorcito que daba la brillantísima estrella que adornaba el portal, la muchedumbre harapienta no les hizo ni caso. Ni siquiera reparó en ellos un pequeño pastor con sombrero rojo que hacía de cuerpo detrás de un matorral.

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“Qualsevol nit pot sortir el sol”

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

barcelona
Barcelona creará una empresa municipal para comprar y vender electricidad

Hace un par de semanas la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, presentó la iniciativa de la creación de una empresa municipal para comprar y vender energía eléctrica. La empresa empezaría a funcionar en el otoño de 2018.

A pesar de que la noticia era esperada ya que se incluía en el programa con que Barcelona en Comú se presentó a las elecciones de mayo de 2015, ésta ha generado, tanto en redes sociales como en la prensa escrita, múltiples comentarios y, como no podía ser de otra forma, con una clara división de opiniones.

Lo curioso de las distintas posiciones a favor, fundamentalmente por considerarla como una medida de lucha contra el oligopolio eléctrico, o en contra, por considerar que la iniciativa no generará valor económico suficiente, es que ambas adolecen del mismo error, que no es otro que intentar explicar algo nuevo con los razonamientos que se utilizaron para validar o refutar el anterior. Bajo mi punto de vista, la iniciativa hay que entenderla y considerarla desde la necesidad de recuperar la electricidad como un bien de utilidad pública y de primera necesidad a la que todos no solo tengamos el derecho de acceso universal, sino que su precio sea asumible independientemente de la capacidad económica de cada uno para asegurar la cobertura de una necesidad básica.

La electricidad debería ser considerada como un derecho básico como lo es la sanidad, la educación, o la vivienda… y creo que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un gran paso hacia adelante.

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Las cooperativas eléctricas: una alternativa democrática al consumo de energía

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Instalación de paneles fotovoltaicos

Protestamos poco y mal, sólo cuando estamos con los amigos, con la familia, en el bar. Mostramos nuestra profunda indignación, cargados de razón. Y hasta aquí dura nuestro enfado, nuestra protesta. Sin embargo, a la hora de la verdad, somos ciudadanos que no dedicamos ni un poquito de nuestro tiempo a tejer estructuras sociales que sirvan para defender nuestros derechos y transmitir a nuestros representantes políticos nuestra visión de la sociedad.

En general, no queremos saber nada o casi nada de cómo resolver problemas sociales y de convivencia que nos atañen a todos, ni siquiera aquellos que nos son más cercanos, que tienen que ver con nuestros vecinos, con nuestro bloque de pisos, con nuestro barrio, con nuestra ciudad, con nuestro trabajo, a no ser que afecte directamente a nuestro salario. Esperamos que alguien resuelva todos los problemas, sin pensar siquiera que sólo mediante la participación activa de la ciudadanía, el diálogo, la confrontación de ideas y la discusión entre personas de opiniones distintas y diversas, puede ir configurándose un entorno social y político donde se pueda avanzar, pensando sobre todo en el bienestar colectivo antes que en el beneficio personal.

Ejemplos tenemos muchos, pero me voy a centrar esta vez en la factura eléctrica: una factura que todos recibimos, que casi nadie entiende y que casi todos pagamos. Una tarifa eléctrica cuya estructura es un auténtico disparate -basta mirar el resultado final-. Por un lado, permite obtener grandes beneficios a las empresas eléctricas, mientras que, por otro lado, produce sufrimiento entre la población más desprotegida.  Nos estamos acostumbrando a llamar a esta injusticia “pobreza energética”, banalizando un problema grave que afecta a una parte cada vez mayor de nuestra población. Así, sin considerar que la energía debe ser considerada un derecho al que todos tengamos acceso, al que no paga la luz, se le corta, sea verano o invierno, sean familias con niños o con todos los miembros en paro.

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En la segunda vuelta electoral, sí toca hablar de energía

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Algo ha cambiado y para bien en la política española en materia energética. Si analizamos estos casi cuatro meses de legislatura hemos podido ver como en el Parlamento se han discutido y votado iniciativas y Proyectos No de Ley (PNL) que eran impensables en los anteriores periodos de sesiones en los que tanto el Partido Popular como el PSOE habían mantenido un perfil bajo en la adecuación de nuestro modelo energético.

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Las razones de por qué hemos vivido un proceso tan inmovilista hay que buscarlas, por un lado, en la servidumbre política en el mantenimiento de los privilegios del sector energético tradicional y, por otro, en la inexistencia de un compromiso con la sostenibilidad.

La energía es un bien básico, cuyo acceso universal no está garantizado en España principalmente porque la liberalización, mediante un proceso de desregularización del sector energético, ha supuesto anteponer la libertad del mercado a su consideración como bien de utilidad pública. Podríamos decir que ha primado el negocio frente a la cobertura de las necesidades sociales.

La energía también es el motor del desarrollo económico y su incorporación como coste en la producción de bienes y servicios es uno de los elementos principales que define la competitividad de nuestra economía.

España es uno de los países energéticamente más dependientes de nuestro entorno económico, con más de 20 puntos porcentuales de diferencia con la media de los países de la Unión Europea. En los últimos años más del 75% de la energía que consumimos la tenemos que comprar al exterior, con el consiguiente déficit de nuestra balanza comercial y con las incertidumbres añadidas por depender de fuentes de energía con alta volatilidad en precio. Nos gastamos más de 60.000 millones de euros todos los años en energía como producto final y las importaciones han llegado a superar el 4% de nuestro PIB.

No pretendo hablar del pasado sino de la necesidad de que la energía sea uno de los elementos que configuren el compromiso de los distintos partidos políticos con la sociedad en estas próximas elecciones. La composición del futuro Parlamento exigirá, afortunadamente, un mayor diálogo y consenso, también en materia energética, pero apostar por el consenso y por el dialogo no es suficiente, necesitamos saber cuál es el compromiso y las posiciones de partida de cada uno de los grupos políticos que se presentan a las elecciones y cuáles son los elementos que configuran su propuesta energética.

Propuestas y compromisos que permitan erradicar la pobreza energética mediante el establecimiento de una tarifa social para las rentas más bajas y que conviertan a la electricidad en el vector energético de futuro, con una profunda revisión de las normas de funcionamiento del sistema eléctrico y de la configuración y composición del precio de la electricidad.

Propuestas y compromisos que fijen objetivos con carácter vinculante en materia de ahorro y eficiencia energética, porque la estructura de consumo en España es ineficiente y con las tecnologías disponibles podríamos reducir la demanda en más de un 40%, actuando principalmente en la edificación y el transporte que suponen las dos terceras partes del consumo.

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Soria como Al Capone: no será juzgado por su política energética


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Fernando Ferrando – Vicepresidente de Fundación Renovables

Les voy a contar un secreto: me fastidia que José Manuel Soria haya dimitido por no haber sabido gestionar periodísticamente sus actividades empresariales en paraísos fiscales y no por la nefasta labor que ha realizado durante su mandato como Ministro.

Durante estos cuatro años José Manuel Soria, como máximo responsable de energía, ha puesto por delante los intereses del sector empresarial frente a la defensa del consumidor mediante una política no transparente y sin conexión alguna ni con la sociedad ni con sus representantes. Y, sin embargo, no tengo ninguna duda de que pasará a la posteridad por su declarada batalla contra las energías renovables y por haber logrado arruinar a un sector, en el que éramos líderes, y a todos los que invirtieron en él.

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El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (EFE)

Como no quiero que pueda pensarse que mi opinión está motivada por mis casi cuarenta años de experiencia trabajando a favor de las energías limpias y por mi pertenencia a la Fundacion Renovables, voy a pasar a describir algunos de los “logros” del señor Soria en su labor como Ministro:

Por su actuación decidida en contra de las energías renovables, a pesar de ser consideradas de forma unánime, incluido el Partido Popular, como la base del futuro:

  • Porque ha conseguido que el sector renovable desaparezca como industria, no solo con el cierre de las industrias fotovoltaica y termosolar, sino que nuestras dos industrias punteras en eólica Acciona y Gamesa hayan tenido que buscar alianzas para sobrevivir en el exterior.
  • Porque ha logrado que España pierda la seguridad jurídica y sea el país con más denuncias realizadas por inversores extranjeros en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) al cambiar las reglas que regulaban la inversión en renovables de forma retroactiva.
  • Porque más de 50.000 familias que destinaron sus ahorros y patrimonio a invertir en instalaciones fotovoltaicas de acuerdo con la ley han perdido sus ahorros y su patrimonio.
  • Por haber puesto en marcha una “moratoria” real para no instalar potencia adicional durante su mandato en ninguna tecnología, a pesar de haber manifestado la necesidad de instalar 8.537MW para cumplir los compromisos del 2020.
  • Porque con motivos electoralistas se preparó para finales del 2015 una subasta de 700MW, 500 eólicos y 200 en biomasa, mal diseñada y con un resultado que ha sido objeto de chanza a nivel internacional.
  • Porque la reforma eléctrica ha conseguido convertir a las energías renovables en un producto financiero, primando la ineficiencia y la aparición de fenómenos especulativos.
  • Porque ha aprobado, con la oposición unánime de todos los partidos políticos, un Real Decreto de autoconsumo con el único objetivo de que, al dictado del sector eléctrico, se impida su desarrollo inventándose el Impuesto al Sol. ¡Vaya logro!

Por favorecer el consumo de los combustibles fósiles:

  • Por abrir las puertas al fracking y las prospecciones petrolíferas a pesar de que los territorios en los que se debía realizar se oponían a que se llevaran a cabo.
  • Por haber apostado por convertir a España en un intermediario del gas natural, combustible que no tenemos.
  • Por tener la gasolina y el gasóleo más baratos de Europa y con mayores márgenes para la industria petrolera y sin que se hayan puesto políticas que desincentiven su consumo.

Por negar la pobreza energética y hacer que la electricidad sea un producto insolidario:

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La energía como derecho

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables fernandoferrandomini

Hace más de 50 años, España cumplió sus planes de electrificación al considerar que toda la población tenía acceso al suministro eléctrico. Disponer de electricidad es una clara señal de calidad de vida sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad más de 1.600 millones de personas en el mundo carecen de este servicio.

Hogar con pobreza energéticaPero aquel estado de bienestar incipiente y de disponibilidad de servicios básicos públicos se está desmoronando fruto de una política que ha dado la espalda a las personas que más lo necesitan, dejando el acceso a los servicios básicos en función de la capacidad económica y no como un derecho inalienable de cobertura global que un estado solidario y distributivo debería tener.

La realidad es que en la actualidad más de cuatro millones de personas en España, aunque disponen de infraestructura eléctrica, no pueden acceder a la electricidad por no contar con los recursos económicos suficientes para pagarla. Esta realidad conocida como pobreza energética es la causante de la aceleración de la muerte de más de 2.000 personas al año.

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