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Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

La doble “cuenta” de la invasión de Ucrania

Desde el día 24 de febrero estamos asistiendo horrorizados a uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea que nos recuerda, por desgracia, a otros de épocas pasadas que pensábamos, ilusos de nosotros, que jamás se volverían a repetir.

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Es decir, las guerras son caras, muy caras. Sabemos que Rusia, el país más grande del mundo, aunque con una densidad de población muy baja (9 habitantes por Km2), por la vasta extensión de su territorio, dispone de una de las mayores reservas de materias primas del mundo, (níquel, 28,2%, paladio, 20,7%, platino, 19%, trigo, 18,4%, entre otras), es el tercer productor de petróleo del mundo, prácticamente a la altura del segundo que es Arabia Saudita, y el segundo de gas natural, por detrás de EEUU. De hecho, en 2022 ocupa el primer puesto a nivel mundial en cuanto a reservas de gas natural, con aproximadamente 47.805 km3, por delante de Irán con 33.721 km3.  Es un país autosuficiente cuya economía late al son de las exportaciones.

Extracción petrolífera

El gas es el punto fuerte, pero también el más débil de Rusia en una situación como la actual. Si bien, por un lado la dependencia de la Unión Europa del gas ruso es muy alta, en torno al 40%, por otro, es el principal mercado para sus exportaciones ya que Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. En 2021, vendió a Europa petróleo y gas por valor de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de William Jackson, economista de Capital Economics. En el corto plazo, esta dependencia actual de la UE del gas ruso supone una fortaleza para Rusia, pero en el medio y largo plazo la apuesta por otras fuentes de energía como las renovables, la eficiencia energética y el abandono de los combustibles fósiles harán que esa fortaleza se debilite.

Europa lleva mucho tiempo llenando las amplias arcas rusas con los ingresos procedentes de las compras del gas, lo que ahora le permite financiar la invasión en Ucrania. Es más, Putin ha utilizado el grifo del gas a su antojo y propio beneficio desde septiembre de 2021, gas fósil que, además, es el causante de los disparatados y elevadísimos precios que estamos pagando por la electricidad desde el año pasado y que, con las perspectivas futuras, vamos a seguir pagando si la Comisión Europea no da luz verde a la desvinculación del gas del modelo de fijación de precios marginalista. En 2021, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España importó productos energéticos por valor de 46.575 M€, que supone un 3,9% de nuestro PIB.

Pero, es más, desde que comenzó la invasión en Ucrania el precio del gas no ha parado de incrementarse, así los futuros del gas en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, crecieron un 79%, llegando a subir desde los 220 €/MWh hasta los 345 €/MWh, para situarse finalmente en los 229 €/MWh, por lo que, lejos de conseguir que esas arcas rusas se vean mermadas, ha sucedido lo contrario, las reservas de gas se están revalorizando.

Y respecto al petróleo, aunque se refugie en un segundo plano, ocurre más de lo mismo; hoy el barril de Brent se sitúa casi en los 104 dólares, debido en gran parte a que los países importadores (como ya ha anunciado el presidente Biden) están vetando las importaciones de petróleo de Rusia para no contribuir a financiar la guerra. Un ejemplo son las compañías GALP y Shell (ambas británicas que han seguido la dirección de EEUU), las últimas firmas que han anunciado que dejan de comprar productos petrolíferos rusos. Esta subida del precio del petróleo está suponiendo un incremento extraordinario en los precios de la gasolina en muchos países, alcanzado prácticamente los 2€ por litro. Y no debemos olvidarnos de que Rusia es el principal suministrador de uranio enriquecido de España con un 53,3%, uranio que utilizamos en las centrales nucleares y que, como ya propuso la Fundación Renovables en 2019, deberían estar programando su cierre para antes de 2024.

Por tanto, por un lado, desde occidente cada día seguimos comprando y empleando recursos rusos por cientos de millones, financiando indirectamente la invasión, al mismo tiempo que sufrimos, sobre todo, los hogares y las empresas, las consecuencias de esta. El sobrecoste en las facturas de gas y luz, que ya venían siendo muy altos en meses anteriores, está impactando directamente en los bolsillos de todas las familias y, por tanto, en el encarecimiento de los procesos productivos lo que provocará una subida del IPC (en diciembre de 2021 un 6,5%, del que 3,16 puntos se debe a la subida, un 72%, de la electricidad, el gas y los combustibles), el descenso en las previsiones del crecimiento del PIB, el deterioro de la confianza en los mercados y un decrecimiento de la economía. Todo esto teniendo en cuenta que aún no hemos salido del brutal shock económico provocado por la pandemia del Covid 19.

Desde la Fundación Renovables venimos reclamando desde hace tiempo la urgente revisión y reforma del modelo de fijación de los precios del mercado eléctrico, para que no sea el gas el que marque el precio final de la electricidad de todo el sistema, así como la necesidad de apostar claramente por el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para poder disminuir esa dependencia exterior. Ahora este relato se ha generalizado en la opinión pública, lo que es muy positivo, porque la presión social es necesaria también para cambiar la situación actual.

Lamentablemente, ha tenido que producirse un acto tan lamentable para que la Comisión Europea despierte de su letargo y se plantee una serie de medidas, muy necesarias, aunque sin una aplicación a corto plazo, a través del plan REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible, para dar solución a la dependencia del gas ruso antes de 2030 (por la inacción en este sentido de los últimos años) y a la escalada de precios que, en realidad, empezó mucho antes. En Versalles los líderes europeos han decidido tomar la sartén por el mango para llevar a cabo esa necesaria reforma de los mercados eléctricos para poder sacar el gas, pero habrá que esperar a finales de marzo y abril para que se materialice.

En palabras del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”. Pero, el vicepresidente se olvida de que hace solo poco más de un mes, la Comisión Europea incluía en la taxonomía de inversiones sostenibles al gas natural. Necesitamos un poco más de rigor.

Ahora toca trabajar para conseguirlo, y no a la velocidad del rayo, sino a la que nuestras necesidades y experiencia nos aconsejan y que es mucho mayor de la que llevamos ahora.

Maribel Núñez – Gerente de la Fundación Renovables

¿Y si la siguiente gran crisis nos enfrentase a la escasez de energía?

Esta tremenda crisis ha puesto en el foco la escasez de material sanitario y la dependencia de terceros países para conseguirlo, con las tristísimas consecuencias que está suponiendo para el país, en general, y para los profesionales del sector sanitario, en particular. Esto me ha traído a la cabeza las alarmantes cifras de dependencia energética que arrastran tanto nuestro país como la Unión Europea (UE).

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Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia «cambios de gran alcance y sin precedentes» en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

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En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era «un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima».

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: «El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: «El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes».

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca«, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca»

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación «Casablanca» es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: «Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos».

También añadió: «Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla». En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Las falsas verdades del sector petrolero y la transición energética

El otro día tuvo lugar la reunión anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Las reseñas de prensa han sido “trending topic” en todos los medios. Traigo algunas de las perlas de la reunión y mi réplica:

1.- Luis Aires (BP) lamentó que “la intención del Gobierno socava los principios de libertad y progreso»

NO, no hay libertad y progreso si una tecnología causa muertes prematuras evitables y daña el clima por acumulación de gases, con consecuencias devastadoras, según la comunidad científica global. Como sea, la intención del Gobierno es cumplir los objetivos de la UE de descarbonización en 2050.

2.-“Va en contra del progreso y la neutralidad tecnológica» Luis Aires (BP)

NO, no puede haber neutralidad tecnológica si unas tecnologías emiten CO2 y otros contaminantes y otras tecnologías no (Vehículo Eléctrico y H2 con electricidad renovable).

3.-Crea incertidumbre» en el sector automovilístico.” Luis Aires (BP)

SÍ. Pero les avisa con 22 años para que aceleren su transición. ¿Qué otra industria ha sido avisada con 22 años?

4.-“Esa medida restringe la libertad de desarrollo del sector, poniendo además en riesgo la competitividad y el empleo» Luis Aires (BP)

NO: (a) el sector de combustibles fósiles solo puede desarrollarse de manera sostenible inventando alguna tecnología segura y barata de captura y almacenamiento de los productos de la combustión: CO2, NOx, PM,…  lo que parece imposible con 1.300 Millones de vehículos a motor dispersos en todo el mundo. (b) La competitividad nacional debe mejorar pues las energías renovables ya son más baratas que las fósiles y siguen abaratándose. (c) El empleo debe mejorar si se reemplazan energías importadas intensivas en gasto variable (combustible) por energías nacionales intensivas en coste de capital (construcción y montaje) con costes marginales tendentes a cero (agua, sol y viento renovables).

 

5.-“Que las distintas tecnologías compitan entre sí en igualdad de condiciones” Luis Aires (BP)

Puede ser, pero eso exigiría la internalización, en los precios de los combustibles fósiles, del daño que causan a la sociedad, tanto por la mortalidad anticipada de sus contaminantes químicos como por el cambio climático que causan sus gases de efecto invernadero.  En todo caso, la exigencia de descarbonización impulsada por la UE será de obligado cumplimiento.

6.-«Se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que preguntó qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico» Luis Aires (BP)

NO, esos impuestos apenas dan para el mantenimiento de las infraestructuras, las carreteras.  La fiscalidad de los carburantes, una vez contabilizado el uso de sus infraestructuras es casi nula, según Nera Consulting. En la transición, la fiscalidad de los combustibles fósiles debe subir y  la fiscalidad de la electricidad sin emisiones debe bajar. Toda la flota, sea eléctrica o fósil, deberá contribuir al mantenimiento de las carreteras. O sea, los 17.000 M€ deberán ser pagados por los coches eléctricos cuando sean el 100% de la flota. Entre 33 millones de vehículos (DGT- 2016), resulta una media de 500€ anuales.

 7.- «Esto es golpe en la línea de flotación de la economía y a las principales empresas exportadoras» Imaz (Repsol) 

NO. Esto es un golpe en la línea de flotación del sector de combustibles fósiles. Es verdad que exportan, pero una fracción de lo que importan. Si se refiere a la industria del automóvil, tienen 22 años para reinventarse y seguir exportando coches eléctricos. La economía española debería mejorar su balanza comercial y se generará empleo neto.

8.- Imaz (Repsol) pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica«. «No hipotequemos al ciudadano«.

Sin comentarios…

Es totalmente comprensible su reacción. Está en riesgo de desaparición todo su modelo de negocio. Pero la sociedad debe erradicar los gases de efecto invernadero. La UE se ha propuesto que en 2050, sus emisiones sean CERO o casi CERO. Tendremos que empezar en serio en algún momento.  En aquellos sectores de actividad donde ya tenemos las tecnologías y, además, son más baratas, no podemos perder ni un solo año más.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

El dinero vira al verde

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energía limpia es más que evidente en este primer cuarto de siglo. Parece que ha llegado el momento en el que las empresas vayan más allá del “condimento” publicitario verde y empiecen a adaptar sus productos, sus servicios y, sobre todo, sus estrategias de negocio a una economía baja en carbono.

En un artículo del año pasado en el que me ocupé del anunciado colapso de la industria petrolera, conté que los grandes inversores como el fondo soberano de Noruega o la Fundación Rockefeller, cuyos patronos lograron su vasta fortuna con el petróleo, estaban retirando sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Otros grandes fondos de inversión ya se han unido a una tendencia que parece imparable, como es el caso del mayor fondo de pensiones sueco, AP7, y de su equivalente neozelandés NZSF, que han anunciado que retirarán paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. También lo han hecho algunos de los mayores bancos del mundo, como HSBC, que el pasado mes de abril anunció que no financiará más centrales eléctricas de carbón.

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables. A ello no es ajena la alta rentabilidad de las empresas del sector renovables. Por citar el caso español, los dos mejores valores de la bolsa en el primer tramo de este año son de ese sector. Tanto Solaria como Audax Renovables (antiguamente Fersa) acumulan subidas de tres dígitos (160% y 380%, respectivamente), mientras que Saeta Yield se dispara un 26%.

Otra señal muy positiva es que más de una treintena de compañías del Ibex-35 (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para buscar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que a todas luces será un nuevo escenario económico.

fondos

Esas y otras empresas han constituido el Grupo Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), cuyo presidente, Valentín Alfaya, reveló en una entrevista el principal objetivo del grupo: «[…] liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales».

En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La declaración de intenciones del manifiesto estaba patente desde su enunciado: «Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia.  Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta».

Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El GECV está en la línea de la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y de ofrecer una información transparente sobre su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Siguen llegando señales de que el tiempo del cambio ya está aquí. Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables. Como ha señalado en un reciente artículo Mikel González-Eguino, la primera señal vino de la mano de una entrevista concedida a Financial Review por Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, en la que alertaba de que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como «negar la ley de la gravedad», una temeridad financiera. Blackrock no se ha quedado ahí.

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables.

En una carta enviada a los consejeros delegados (CEOs) de las empresas de las que es accionista, Larry Fink, presidente de la financiera, da la alerta de los riesgos que corren si no se adaptan al nuevo tiempo que nos toca vivir. Según Fink, las empresas «no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad» y cómo «responden a desafíos sociales más amplios», porque de lo contrario podrían perder la «licencia social» para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado ingentes beneficios tras la Gran Recesión, mientras que la gente común ha tenido que conformarse con salarios estancados. En la carta también advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la «polarización», poniendo el dedo en la llaga del incremento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

La segunda señal apareció en un monográfico de la revista The Economist, en el que se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la expansión de los automóviles eléctricos. La tercera señal proviene de un informe publicado en noviembre de 2017 por Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, cuyo último informe situaba el coste medio de la producción de electricidad de las centrales nucleares estadounidenses en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la producida por eólicas y solares fotovoltaicas, cifrada en 45 y 50 dólares, respectivamente.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta

La sinergia pública-privada también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto We Are Still in (Nosotros seguimos todavía dentro), firmado por las principales empresas del país junto con 9 estados y 125 ciudades, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Las ciudades y estados participantes representan 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía americana, e incluyen a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Pittsburgh, Pennsilvania y Dubuque. Una mezcla de universidades, públicas y privadas, grandes y pequeñas, han incluido a su institución en la declaración. En total las empresas y los inversores signatarios tienen un ingreso anual de 1,4 billones de dólares e incluyen a más de 20 empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft, y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también firmaron la declaración.

En definitiva, que la veta más granada del sector financiero ha llegado a la conclusión de que para que sus inversiones sean rentables deben ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan. Saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios a corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad a largo y sobre la función social a que están obligadas, y son conscientes de que la vieja forma de rentabilizar sus inversiones no podrá continuar mucho más allá.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.

Continúan con el serrucho: malos síntomas para las grandes petroleras

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

Las multinacionales petroleras más grandes del mundo están en serios problemas porque sus balances económicos acusan los mayores costes de producción, la caída de los beneficios y el aumento vertiginoso de la deuda financiera acumulada tras años de pérdidas. Para mitigar las pérdidas y poder seguir alimentando a sus accionistas, las compañías están también descapitalizando sus gastos de capital en activos productivos (CAPEX).

Según varios analistas energéticos, 2018 será un año de cambio para las principales compañías petroleras. Puede que sea así desde una perspectiva exclusivamente productiva, pero el destino del precio del petróleo y de las compañías petroleras está vinculado a mercados más amplios. Cuando los mercados suben, es bueno para las compañías de energía y para el precio del petróleo, mientras que cuando los mercados caen, sucede todo lo contrario. La próxima oleada de ventas en los mercados bursátiles probablemente provocará daños irreversibles a la industria petrolera mundial.

El mes pasado, Wall Street continuó con su caída en un pozo sin fondo de -425 puntos, lo que provocó por primera vez una caída acumulada en lo que va de año de dos cifras (10%), y la Tasa de Interés de la Reserva Federal Estadounidense subió un 0,25% la semana pasada. Mientras que en el primer caso se está produciendo un reajuste corrector del valor de los activos, la combinación de ambos indicadores parece indicar la inminente llegada de una hiperinflación en la economía estadounidense.

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Fracking en Estados Unidos: más dura será la caída

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

«EEUU está produciendo mucho petróleo. Según vaticinan los analistas del banco alemán Commerzbank, EEUU producirá de media unos 10,6 millones de barriles al día en 2018, lo que supone un incremento de 1,3 millones de barriles por día. Este espectacular incremento es producto de la revolución del shale oil que está llevando a formaciones como la Cuenca Pérmica (entre Texas y Nuevo México) a producir casi el doble de crudo que Venezuela. Esta situación, junto con las sanciones impuestas a Qatar por parte de la comunidad árabe, está permitiendo que el petróleo de EEUU conquiste Oriente Próximo» (elEconomista.es, 7/2/2018).

Como en la novela de Budd Schulberg The Harder They Fall, llevada al cine por Mark Robson en una película homónima, más dura será la caída. Aunque la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó este año un nuevo récord de 10,25 millones de barriles diarios (Mbd), cuanto más suba, más impresionante será su inevitable colapso. A medida que los medios de comunicación, cuyos ingresos publicitarios dependen en gran medida de la industria petrolíferapregonan el glorioso nuevo récord productivo estadounidense, que ha sobrepasado su máximo anterior de 1970 y la producción actual de Arabia Saudita, ocultan o no son conscientes de varios factores. De algunos de ellos me he ocupado en artículos anteriores (1, 2, 3), en los que he subrayado que el gran problema no es la producción, sino sus costes, que superan los ingresos obtenidos por las ventas de crudo. Se trata, en definitiva, de ocultar la realidad de un inevitable declive y de mantener la ilusión en los inversores de que un negocio ruinoso es una inversión rentable.

El gran problema no es la producción, sino sus costes, que superan los ingresos obtenidos por las ventas de crudo

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El «fracking» sobrevive con respiración asistida

Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá

Mientras que los principales medios de comunicación continúan propagando que el avance tecnológico traerá consigo suministros de combustibles fósiles cada vez más abundantes, la industria se automedica para mantenerse viva. La disminución de las reservas de petróleo y de las inversiones en el sector, y el aumento de los costes financieros asociados a la explotación, son los factores que están diezmando la que parecía ser una inagotable mina de oro negro. La burbuja comenzó a desinflarse en 2014 y sigue haciéndolo.

El consumo mundial de petróleo en 2016 fue de 25,1 miles de millones de barriles (KMB; Figura 1). Ese año, la industria petrolífera mundial sólo descubrió 2,4 KMB de petróleo convencional, menos de la tercera parte de los descubrimientos medios en quince años (9 KMB). El petróleo convencional es el más rentable, y su tasa de retorno energético TRE es mucho mayor que la de los crudos «no convencionales» como los que se obtienen offshore, de las arenas asfálticas, del chapapote venezolano o mediante fracking. Hay una buena razón para el aprovechamiento reciente de estas fuentes. Por decirlo brevemente, estamos rebañando el fondo del tarro de miel: eso es todo lo que nos queda del barril global.

Figura 1: consumo y descubrimientos de petróleo convencional en 2016 (Agencia Internacional de la Energía (2017).

Ahora, para poner el gráfico anterior en perspectiva, en la Figura 2 aparecen los descubrimientos globales anuales de petróleo convencional desde 1947. Se puede observar que los 2,4 KMB descubiertos en 2016 son apenas una charca cuando se comparan con los años gloriosos de la industria, y más si consideramos que desde el año 2000 el mundo ha estado consumiendo anualmente unos 25,5 KMB de petróleo convencional.

Figura 2. Descubrimientos globales anuales de petróleo convencional desde 1947 ( Bloomberg, 2017)

Como podemos deducir de esa figura, durante bastante tiempo no reemplazamos lo que consumimos. Excepto en 2000 (cuando se produjeron 35 KMB), todos los años la producción ha sido inferior a los 25 KMB. Eso quiere decir, básicamente, que la industria petrolera global ha estado sobreviviendo gracias a su cartilla de ahorros, es decir, al petróleo encontrado en años anteriores.

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España, un país resignado irresponsablemente a la dependencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

La semana pasada se presentó en el Club Español de la Energía, como en años anteriores, el Balance Energético Español del 2016 y las perspectivas para 2017.

En el balance del año pasado, que tanto el Gobierno como los representantes sectoriales presentaron, se constató como España sigue siendo un país altamente dependiente del exterior en materia energética, dato que tozudamente se repite sin que nadie dé una explicación ni por supuesto asuma la mínima responsabilidad para lograr una progresión positiva con la reducción del mismo.

Nuestra dependencia del exterior, según los datos presentados, supone que el 72,3% de la energía que consumimos la importamos, valor que comparado con la media de la Unión Europea mantiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Cifra que, además, no se corresponde con la realidad ya que en su cómputo se supone que el combustible nuclear tiene origen español cuando en realidad importamos la materia prima, aunque lo procesemos aquí. Si se considerara la nuclear como importada la cifra de nuestra dependencia se elevaría hasta casi un 80%.

Que en España importamos prácticamente el 100% del petróleo – 99,8% – y del gas natural, al carecer de yacimientos propios, que el carbón que tenemos no es rentable quemarlo sin ayudas y que por cada 10$/barril que sube el petróleo nuestra balanza comercial se deteriora 6.000 M€/año, lo sabemos todos, lo que quizás nunca nos hayamos planteado es que nuestra política energética y fiscal favorece su consumo y que tenemos por voluntad propia una economía ineficiente en cuanto a la relación PIB/energía consumida si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es decir, para producir bienes y servicios, necesitamos consumir más energía, en este caso importada, que nuestros competidores.

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