Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER 
Más allá de exabruptos como los del presidente de los Estados Unidos, o de piedras en el camino que con inefable torpeza ponen en el sendero de la transición energética algunos gobiernos como el de España, parece que el cambio de modelo de cómo producimos y cómo consumimos la energía en el planeta, es inexorable.
Ya nadie mínimamente informado pone en cuestión que las renovables han venido para quedarse, que el autoconsumo se viralizará en masa, que la gestión ordenada de nuestra demanda será una de las claves del sistema, que el transporte se electrificará y por nuestras carreteras solo andarán coches eléctricos y un sinfín de sorpresas más que pondrán patas arriba muchas cosas de nuestro día a día.
En realidad, se trata de poner al ciudadano como centro del universo energético desplazando a determinados oligopolios del único foco de atención del sistema.
Sin duda la tecnología está suponiendo en este ámbito (como en otros), un cambio radical en nuestro mundo. Sin embargo, esa transformación no me parece que vaya al alimón de algo primordial en esta historia: la adecuación de la debida interpretación jurídica.
Poner al ciudadano en primera línea, como el operador fundamental del sistema, tanto de generación como de consumo, debiera de ir acompasado de una significación jurídica de su verdadera singularidad. Un pequeño operador eléctrico es una persona de a pie, o una familia entera, o una comunidad de vecinos, o una pequeña y mediana empresa y es imprescindible que la regulación los considere como lo que son, pequeños actores que solo por tener a otros millones de pequeños actores de su tamaño a su alrededor se hacen grandes.
Si como ha pasado hasta ahora, se les aplica a estos nuevos protagonistas de la película, los rigores estándar de los operadores convencionales, mucho me temo que pronto veremos desfallecer de éxito a decenas de miles de personas que pensaron que ser parte de la transición energética, siempre tendría un final feliz.
He tenido la desgracia de ver a tanta gente desesperada porque una ilusión colectiva se veía truncada por una regulación caprichosa y volátil, que no puedo menos que alertar de la necesidad imperiosa de que desde el principio, se proteja al ciudadano al que se quiere poner a la cabeza de esta carrera. En otro caso, muchos volverán a no poder terminarla.