Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Empieza a ser recurrente que el Gobierno niegue su conformidad para tramitar cualquier proposición de ley que plantee la oposición en el ámbito energético alegando sus implicaciones presupuestarias o fiscales sin ni siquiera entrar a valorar los fundamentos y oportunidad en que se sustentan dichas proposiciones. Este es el caso de la proposición de Ley para el fomento de la electrificación del transporte, igual que anteriormente fue la de medidas urgentes de fomento del autoconsumo.

El informe del Gobierno ante ambas proposiciones contraviene la recomendación que en materia de fiscalidad energética realiza la Comisión Europea  para España en su informe  sobre nuestra tasación medioambiental, al recomendar que  “España opte por un cambio en su estructura fiscal en materia energética para que «los impuestos se paguen en función de las emisiones de CO²», y se eliminen las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, lo que aportaría importantes beneficios económicos”.

Conviene recordar que este informe destaca sobre la situación actual en España lo siguiente:

• El sistema tributario actual favorece indebidamente las soluciones basadas en los combustibles fósiles.

• España es uno de los principales Estados miembros que sigue subvencionando los combustibles fósiles y sin embargo no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, por lo que un desafío clave para España sería reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Entre estas subvenciones estarían, tal y como acaba de reconocer el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Señor Arias Cañete,  los llamados pagos por capacidad (o garantía de potencia) que incentiva la disponibilidad de generación de las centrales térmicas (carbón y ciclos combinados) para cubrir la demanda en caso de que lo necesite el sistema y por el que han pagado los consumidores en  estos tres últimos años unos 2.880 millones de euros a pesar de que su coste ha sido de prácticamente la mitad de dicho importe.

También existe un amplio consenso desde diferentes ámbitos empresariales y sociales a la hora de presentar alternativas a la propuesta normativa presentada por el Gobierno sobre la subasta de energías renovables, tal y como se ha puesto de manifiesto en el encuentro que ha celebrado la Fundación Renovables la pasada semana. Lo que subyace en el fondo de la propuesta  presentada por el Gobierno es la falta de una estrategia y planificación para el desarrollo de las energías renovables en el medio plazo. Como vino a corroborar el propio Secretario de Estado de Energía el pasado viernes, con ocasión del encuentro sobre Cambio Climático y Energías Renovables organizado por Expansión y Acciona, que  bajo una falsamente  llamada  “política liberal” de dejar actuar al mercado, anunció la renuncia a uno de los principales cometidos de su cargo como es el de  la planificación, en este caso, de las energías renovables .

Quizás convenga recordar al Secretario de Estado que precisamente cuando España logró implantar su tecnología renovable por los rincones más recónditos del mundo desde China (baste recordar que el primer aerogenerador que se instaló en ese país en los años noventa lo hizo con tecnología española), pasando por Australia hasta Chile no fue fruto ni de los derroteros por los que nos llevó el mercado, ni de la casualidad ni la improvisación , sino gracias a una planificación en energías renovables que ha sido referente y que ha llevado al desarrollo de estas tecnologías por una senda razonable muy ventajosa para España y que vino a desmoronarse en el momento en que se sobrepasaron los límites de dicha planificación amparándose en el aberrante concepto del déficit de tarifa.

Visto lo que antecede no queda más remedio que ser pesimistas ante lo que puede ofrecernos esta legislatura, difícilmente conseguiremos que este no vuelva a ser otro año perdido en el ámbito regulatorio a pesar de la necesaria y urgente adaptación que reclaman mayoritariamente los diferentes agentes económicos y sociales de este país.