Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables 
Que el cambio climático es un reto que está transformando nuestras sociedades, economías y ecosistemas es algo evidente para el común de los mortales. Que está llamado a hacerlo mucho más es lo que nos dicen los científicos de todos los campos y lo que tiene asumido la ciudadanía en general, particularmente la española. Curiosamente, España es uno de los países con menos negacionistas del mundo: sólo un 2% de los españoles negaba la influencia humana en el calentamiento global en 2105, una de las menores tasas del mundo.
Pues bien, mientras la mayor parte de las economías de nuestro entorno se están dotando de herramientas para asumir el reto, de leyes y planes de acción sobre cambio climático y normativa sobre transición energética, que es probablemente el elemento central de la lucha contra el cambio climático, España se está quedando atrás.
En los últimos años ha experimentado un gran retroceso, tanto en realidades (nuestros gases de efecto invernadero aumentan y somos el país que más ha aumentado el uso de carbón, el combustible más contaminante, en 2015) como en planes de futuro.
Somos uno de los pocos países del entorno que no ha aprobado o empezado a discutir una ley de cambio climático que nos ayude a cumplir los objetivos de descarbonización que nos solicita la comunidad internacional y que nos ayude a poner a salvo nuestros sectores económicos, nuestros ecosistemas, nuestros cultivos ante la evidencia de temperaturas crecientes ya que somos uno de los países europeos en los que el cambio climático va a tener un impacto mayor.
No podemos aplazar más la tarea, porque además tener un plan ambicioso es vital para el desarrollo de una economía de futuro, una economía competitiva y un nuevo modelo productivo, que pueda hacerse un hueco por eficiencia, por innovación y que genere bienestar social.
Desde la Fundación Renovables como parte de Alianza por el Clima, pedimos a los responsables políticos que inicien de forma urgente un proceso participativo para aprobar una Ley de cambio climático y transición energética que sea lo suficientemente ambiciosa como para permitirnos avanzar hacia una economía completamente descarbonizada en 2050. Para que la ley cumpla este fin es imprescindible que contemple presupuestos de carbono decrecientes para 2020, 2025 y 2030 y sendas de reducción de emisiones acordes con los mismos.
En Alianza por el Clima están representadas las muchas caras de la sociedad española, ONGs ambientales y de lucha contra la pobreza, sindicatos, organizaciones de mujeres, movimientos sociales, organizaciones de agricultores, pero pedimos con una sola voz que se hagan políticas ambiciosas.
La obligación de limitar las emisiones condiciona la manera de abordar políticas energéticas, de transporte, y de producción, así como patrones de consumo para proporcionar un escenario económico estable y previsible. Por ello hay que integrar de todos los sectores en una única normativa que permitirá una mejor gestión global de la reducción de emisiones, dando así coherencia entre todas las políticas emprendidas tanto en mitigación como en adaptación. La ley supone convertir la lucha contra el cambio climático en un aspecto transversal en la gestión de cualquier ámbito: sociedad, economía e instituciones.
La política energética tiene que estar centrada en las renovables y eficiencia, una política industrial que genere la industria descarbonizada que necesitamos en el futuro, una política agraria que reduzca los fertilizantes y las emisiones del sector, pero que a la que se ayude a adaptarse al aumento de las temperaturas, y también una nueva política de urbanismo, de transporte, de edificación.
¿Cómo vamos a pagarlo? Pues con una fiscalidad que grave las actividades contaminantes y que asegure justicia social. Esto significa que hay que dejar sin tardanza sectores contaminantes atrás, pero no a la gente. Los trabajadores y trabajadoras de las actividades que tienen que cerrarse necesitan planes de transición justa.
Que la sociedad sea consultada y que podamos participar en el proceso desde nuestras diferentes experiencias y conocimientos técnicos no solo significa un mejor ejercicio de democracia, sino que además significa mejorar el éxito de las reformas, su pertinencia y su durabilidad. Significa construir entre todos un “proyecto para el país”, en el que la gente se vea reflejada.
La gente, para qeu cambie, necesita hacerlo obligadamente o con multas.
PAra cambiar el sistema energético ha de actuarse desde arriba, ofreciendo cambio sin brusquedades, sin pausa, y con posibilidades reales de aplicación de esas herrameintas nuevas. No se puede pretender qeu el ciudadano de a pie sea mecánico. Es usuario. Puede hacerse presión, puede exigirse cambio por razones x, y o z, legitimadas por cuestiones sanitarias o de responsabilidad planetaria, pero han de ser lo sjefes los que abran la puerta y la ventana. Si las herramientas existen, si son aplicables, ¿a qué se espera para ponerlas en marcha?
13 diciembre 2016 | 20:57