Archivo de noviembre, 2016

El gas natural amenaza Doñana

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace 

Greenpeace acción

Acción de Greenpeace en las obras de Gas Natural Fenosa en Doñana

¿Cómo es posible que una energía que se apellida “natural” suponga una amenaza para la joya de la naturaleza de España? 

Quizá habría que explicar en primer lugar qué es el gas natural. El apellido “natural” indica que es un gas que se extrae del subsuelo en condiciones naturales, es decir, que no necesita ser transformado para su uso, ya que su componente natural, el gas metano, es un gas combustible. Lo único que hace falta es sacarlo y transportarlo al lugar donde se vaya a quemar. ¿Qué fácil, no?

El caso es que ese apellido da lugar a muchos malentendidos, porque en esta sociedad el adjetivo “natural” se usa y abusa para todo tipo de productos, para crear una imagen de bondad y ecología en todo aquello que se califica de esta forma. De eso se aprovechan muchas empresas para sus productos, y hay una que se puso el mundo por montera y decidió llevarse el calificativo al propio nombre de la empresa: Gas Natural. La empresa gasista que nació de la fusión de los operadores dominantes del gas en España y que, bajo el dominio de Repsol y La Caixa, creció y creció, tanto que se metió en el sector eléctrico y engulló a Unión Fenosa, pasando a llamarse Gas Natural Fenosa. Pero vamos, que sigue siendo conocida por la mariposa que luce en su logo, orgullosa de tan ecológico apellido.

Esta empresa ya no se dedica solo al gas. Desde que entró en el sector eléctrico, es dueña de centrales térmicas de carbón y nucleares, además de otras de gas, claro, y de algunas renovables.

Pero volvamos al gas natural, para explicar que se trata de un combustible “fósil”. Como el carbón y el petróleo, se formó en otras eras geológicas, bajo tierra como los fósiles. Y como el resto de combustibles fósiles, la era de la revolución industrial hizo que se empezasen a quemar a gran velocidad, de manera que lo que la Tierra tardó en gestar millones de años, en cuestión de siglo y medio ha empezado a acumularse en la atmósfera en forma de otros gases, principalmente el CO2, resultantes de la quema de esos combustibles fósiles. Y ahí vienen los problemas, porque el CO2 es el principal causante del efecto invernadero que origina el cambio climático.

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La pobreza energética: una dura realidad que ya nadie discute…

Por Ana Isabel Ceballo Sierra – #CoopSumidores

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Me hubiera gustado elegir cualquier otro tema sobre energía y consumidores pero la actualidad, tristemente, se impone.

Todos compartimos que en pleno sXXI, los suministros de energía son un derecho básico para la vida de las personas y su desarrollo como ciudadanos.

En 2014, el 11% de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, unos 22% en dos años.

La capacidad que poseen las empresas del mercado energético de interrumpir el servicio en caso de impago sin ninguna supervisión a priori del regulador, se convierte en un elemento coercitivo desproporcionado que no se ve equilibrado por ningún derecho de similares características de sus clientes, y tampoco lo es por las competencias del regulador o de los organismos de control. Este desequilibrio en favor del más fuerte condiciona absolutamente la posición de los consumidores españoles y es su principal fuente de sufrimiento. Sufrimiento que como sabemos puede llegar hasta las últimas consecuencias.

Ninguna entidad privada, con ánimo de lucro, puede tener un poder semejante, capaz de privar a los ciudadanos de los medios necesarios no solo para su supervivencia sino incluso para poder ejercer sus derechos civiles, sin ningún control administrativo o judicial previo.

Además toda una serie de factores agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética, entre otros:

  • El 66% de la factura eléctrica son “impuestos”.
  • No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema. Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
  • Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.

Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente e inadecuada:

  • Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social. Ni son 2.5 millones cuando podrían ser más de 3.
  • Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse.
  • Baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.
  • La normativa nacional es inexistente.
  • Deficiente definición del consumidor vulnerable”.

Dado que estamos hablando de un derecho fundamental, además es imprescindible acometer medidas de urgencia como:

  • Prohibición de corte de suministro a cualquier cliente sin autorización administrativa o judicial.
  • Obligación de las empresas de evaluar la situación de vulnerabilidad de sus clientes morosos debiendo solicitar informes negativos a los Servicios Sociales competentes en cada caso. Estando obligadas a tramitar los expedientes para solicitar las ayudas públicas.
  • Moratoria invernal.
  • Garantizar el suministro a determinados colectivos más allá del periodo invernal.
  • Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora).
  • Suministro mínimo garantizado a todos los consumidores.

Insisto, resulta fundamental invertir la posición de privilegio de las empresas respecto de sus clientes para que sean los derechos de estos últimos los que prevalezcan sobre los derechos de las empresas, haciendo a estas responsables de dar cuenta a la sociedad sobre el uso y destino que se le están dando a los fondos públicos y a los recursos naturales que se les ha permitido aprovechar.

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Ciudad y energía

Por Joan Herrera – Abogado

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¿Y si pensamos que la Ciudad y la energía es el actor de cambio? Hasta ahora la Ciudad era un sumidero, un sitio en el que se consumía y no se producía, con una relación con la biosfera que como mínimo era conflictiva. Pero algo está cambiando. Un estudio reciente de la EREF (European Renewable Energies Federation), conjuntamente con Greenpeace y Amigos de la Tierra explica como en el marco europeo es posible el abastecimiento eléctrico para más de la mitad de la población europea. El autoconsumo puede ser del 19% para el 2030, del 45% para el 2050.

El problema no es técnico, es político. Pero las resistencias del sector son extraordinarias porque lo que está en juego es democratizar la producción de energía.

La propuesta es simple. Que la ciudad libre una batalla que nunca dio: la de la energía, y concretamente la de la electricidad. Y que lo haga no para encontrar pequeñas experiencias de salvamento particular y local, sino como estrategia de reconectar ciudad, biosfera y economía productiva. Hasta ahora, la política energética ha sido la gestión privada de un bien común y de un servicio de interés común. Se trata que la mejora tecnológica sea la palanca para la reapropiación de ese bien común. Para ello contamos con la gente, con las ganas de agruparse, de relacionarse, de invertir y de consumir de otra manera. No es algo menor. El capitalismo financiarizado y la negación democrática de poder discutir sobre la economía incrementan las ganas de construir sobre otras bases. Se trata de recuperar el oikos, la buena administración del hogar, y la ecología como el cuidado de la casa común, del espacio donde habitamos.

Y para ello, hay que empezar a pensar en grande y en global. A sabiendas que lo que tenemos delante son enemigos de las renovables, pero entendiendo que se puede plantear una estrategia ambiciosa.

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Nucleares, ideología y sentido común

Por Hugo Morán – Exdiputado

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Es costumbre inveterada en nuestro país que, tras el advenimiento de cada nuevo ministro de energía, todo sean cábalas respecto a los planes que el recién llegado pueda traer bajo el brazo en relación con la siempre polémica cuestión de la energía nuclear. Y aunque Garoña y su hipotética reconexión es hoy el árbol que nos impide ver el bosque de la prolongación de la  vida de todo el parque más allá de los 40 años, no es menos cierto que la central burgalesa condiciona en buena medida el calendario en la toma de decisiones por parte del Gobierno.

Estábamos así una vez más asistiendo al clásico despliegue argumental “técnico y académico” que precede invariablemente al subsiguiente mensaje político sobre las bondades de la tecnología atómica (económicas, ambientales y sociales): “la oposición a la energía nuclear no atiende a razones lógicas, sino que forma parte de una irracionalidad ideológica al servicio del mero oportunismo”, para a continuación dejar sentado que “el sentido común nos dice que España no puede permitirse el lujo de prescindir de ese 20% de electricidad que generan sus reactores nucleares, así que es imprescindible prolongar las licencias hasta los 60 años”. Cuando inopinadamente Fukushima vino a refrescarnos la memoria, para fastidio de unos y esperanza de otros.

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Transición energética: en juego nuestra salud y la del planeta

Por Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

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El cambio climático es un problema presente, y muestra de ello es que en el año 2015 se batieron varios récords históricos de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (400 ppm), de aumento de temperatura mundial de más de un grado por encima de los niveles preindustriales, de reducción drástica del hielo del Ártico (un 40% menor que en los 80) y de aumento del nivel del mar. Las zonas afectadas por sequía ya representan un 30% de la superficie del planeta, con un 14% en sequía grave o extrema, así que hemos comprometido la capacidad natural del planeta de fijar CO2 de las regiones tropicales, de nuestros bosques y océanos, que absorben alrededor de la mitad de lo que emitimos. La tendencia continúa en 2016. Nos dirigimos a un territorio desconocido.

El cambio climático nos enferma, nos mata. El cambio climático influye negativamente en los factores sociales y ambientales que determinan la salud, como el aire limpio, el agua potable, los alimentos suficientes y la vivienda segura. La Organización Mundial de la Salud estima que el calentamiento global causará más de 250.000 muertes al año entre 2030-2050 (95.000 muertes por desnutrición infantil). Entre los impactos en la salud más importantes se encuentran  aquellos por efecto de la subida de las temperaturas y las olas de calor, por los eventos meteorológicos extremos, por su incidencia en el incremento de ciertos contaminantes atmosféricos, por la proliferación de alergias y por el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores infecciosos, por alimentos o por el agua.

El cambio climático afecta a la productividad laboral y a las condiciones de trabajo, poniendo en riesgo especial la salud de quienes desarrollan su actividad en el exterior.

Las estimaciones disponibles sobre las consecuencias económicas de la reducción de la productividad del trabajo debido al cambio climático, proyectan una pérdida de 2 billones de dólares por año para 2030 y una pérdida del 23% del PIB mundial en 2100.

En los entornos rurales, las ocupaciones de agricultura, gestión forestal, ganadería, o pesca se ven muy afectadas por el cambio climático debido al aumento de la frecuencia de las olas de calor, las sequías y plagas, así como el uso creciente de plaguicidas, fertilizantes y otros químicos. Por otro lado, se pueden ver más expuestos a infecciones transmitidas por vectores como mosquitos o garrapatas.

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Hay futuro más allá del carbón

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

central de carbón

La nueva legislatura, en materia energética, empieza con la promesa de Rajoy de encargar al ministro Álvaro Nadal que consiga una pacto de Estado sobre energía. De esto tendremos que hablar mucho en los próximos meses, y la Fundación Renovables tiene muchas propuestas que defender, pero un tema candente que tendrá que estar en la mesa de ese pacto será, sin duda, qué hacer con el carbón.

Hasta ahora, hablar de carbón era hablar de subvenciones, porque es una fuente de energía a la que no se salen las cuentas, y que se ha mantenido a base de dinero público, que por ley se tenía que dedicar a salir del carbón, pero que a la postre nos dejaba siempre con el problema sin resolver. Con mucho dinero gastado, con cada vez más contaminación acumulada, pero daba igual, porque no hay gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, que se atreva a decidir que no podemos seguir quemando carbón. Los mismos gobiernos que van a las cumbres del clima a proclamar lo que les preocupa el cambio climático y lo dispuestos que están a hacer lo que sea para hacerle frente. Lo que sea, pero el carbón no me lo toques.

Y esto es y será así mientras el discurso del carbón se plantee como un dilema entre ecología y empleo, entre sostenibilidad ambiental y desarrollo, presentando a los ecologistas como enemigos de los mineros, en una dialéctica en la que siempre ganaban los mismos: la patronal del carbón.

Pero en la última cumbre del clima, la semana pasada en Marrakech, se ha presentado una propuesta que rompe esos moldes. En un acto organizado por los sindicatos (concretamente por la Confederación europea de sindicatos y la Organización Internacional del Trabajo), estos invitaron a Greenpeace a presentar un estudio que analiza el futuro del carbón bajo una nueva óptica.

Según el informe, en España se han invertido miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector en las últimas décadas, pero existe una falta absoluta de transparencia y de control administrativo en cómo se han destinado los fondos para la transición de las cuencas mineras. Además de las ayudas directas, desde 1987 y hasta 2014 se involucró a las empresas eléctricas en las ayudas económicas para la extracción del carbón, con esquemas en los que se premiaba a las eléctricas por el carbón nacional que compraban y quemaban. Unas ayudas con las que las eléctricas han hecho caja, como ayer mismo alardeaba Endesa en la presentación de sus nuevos planes de negocio: la empresa estima que recibirá 120 millones de impacto neto positivo de las liquidaciones de 2012 a 2014 por el carbón.

Todo un despropósito, ajeno a toda lógica económica y ecológica, que ha cronificado una situación insostenible: La falta de aceptación de un escenario futuro y cierto sin carbón ha frenado de forma significativa el proceso de transición hacia una economía apoyada en actividades económicas alternativas.

Muy interesante es que el informe presenta una recopilación de casos internacionales de reconversión justa y sostenible en las cuencas mineras de carbón, para demostrar que el fin del carbón es posible. Si las cosas se hacen bien, hay futuro más allá del carbón.

Y además, el estudio baja a tierra y analiza un caso concreto: el de la cuenca turolense de Andorra, que también depende de una gran central térmica propiedad de Endesa. La zona cuenta con importantes reservas de lignito, un carbón especialmente contaminante. El estudio desarrolla un análisis específico sobre posibles alternativas sostenibles al carbón en esta zona y constata que allí también hay futuro después del carbón, aunque es necesaria la implicación de empresas y administraciones. Y es que, a pesar de todas las ayudas, el negocio del carbón no es rentable, y cualquier eléctrica responsable tiene que planificar el cierre progresivo de sus térmicas de carbón, como Greenpeace le ha recordado a Endesa.

Pero además del contenido, lo más interesante del informe es que los autores son los propios trabajadores, a través del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO, junto con la consultora Abay Analistas Económicos y Greenpeace. Esto demuestra que ecologistas y sindicalistas pueden trabajar juntos y mirar más allá del carbón, reconociendo que dicha fuente de energía no tiene futuro, pero quienes han dependido de ella necesitan y tienen derecho a un futuro.

Todas esas voces tienen que ser escuchadas a la hora de establecer un pacto de Estado. Y respecto al carbón, el pacto tiene que reflejar como mínimo estos puntos:

  • Concretar un plan de transición justa del carbón, que incluya la fecha de cierre progresivo, con fecha límite en el año 2025, de todas las térmicas de carbón en España; el descenso paulatino del uso del carbón en todos los sectores; el fin de la minería del carbón y de la importación de carbón; y la transición justa hacia nuevas actividades
    productivas sostenibles para todas las personas que trabajan en el sector y para las comarcas cuya economía es altamente dependiente de dicha actividad.
    Eliminar todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes, incluidos los incentivos procedentes de fondos públicos o de la factura de la luz a la inversión medioambiental de las empresas eléctricas, por ser un mecanismo supeditado a la continuidad de uso de combustible fósil.

Si eso se cumple, España se podrá sumar a la creciente lista de países que han puesto fecha de caducidad al uso del carbón. Y tendremos una posibilidad más razonable de evitar un cambio climático catastrófico. La transición está en marcha, lo que hace falta es que sea justa y rápida.

Otra cultura energética es necesaria

Por Mariano Sidrach – Catedrático de la Universidad de Málaga

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Un profesor de primaria me decía, hace ya algún tiempo, que el día que un alumno de edad escolar dibuje una casa con un panel solar en el tejado y no con una chimenea echando humo, entonces, estaríamos en condiciones de afrontar con garantías el cambio climático.

Debe tener razón, pero la realidad actual, al menos en España, es bien distinta. La mayoría de los alumnos que nos llegan a primer curso de Ingeniería Industrial desconocen los más elementales conceptos energéticos. Diferencian con dificultad los conceptos de potencia y energía y, por supuesto, no se han preocupado nunca de conocer de dónde viene la energía, cómo se produce, cuánto cuesta. Por supuesto, han oído hablar del primer principio, el más famoso de los principios de la Termodinámica, el más sencillo, eso sí, en su formulación más ventajosa para nuestra comodidad como ciudadanos: “La energía siempre se conserva”. Pues si eso es así, todos tranquilos, no pasa nada. La energía no debe ser un problema.

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¿Un banco de kilovátios limpios y solidarios?

Por Emilio Ballester – Presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible

En los últimos días volvía a saltar la noticia: una anciana de 81 años moría en el incendio de su vivienda. Incendio originado por unas velas. Le habían cortado la luz dos meses antes. La pobreza energética muestra una vez más su cara más trágica. Se nos muestra a todos para gritar que existe. Que no es un invento de radicales. Que es una realidad a pesar de nuestra clase política, de nuestro gobierno del PP. A pesar del oligopolio eléctrico que nos gobierna y que acumula miles de millones de beneficios mientras más del 17% de los hogares no puede poner la calefacción o pasa hambre para pagar la factura de la luz.

Mientras, los que creemos en un  sistema social, económico y energético más equitativo vemos como el BOE sigue publicando y publicitando normativas que siguen aumentando los beneficios de las eléctricas. Curiosamente la norma que regula el autoconsumo en España, vigente desde octubre de 2015, establece que las pequeñas instalaciones fotovoltaicas (las de menos de 10kW.), deben regalar al sistema los kWh que produzcan y que inyecten a la red. Situación que suele ocurrir frecuentemente cuando consumimos menos de lo que nuestras placas solares están produciendo. Sin embargo en ese enmarañado Real Decreto de autoconsumo no se dice claramente a quién se regalan esos kWh. ¿Al sistema? ¿Pero quién los cobra? Porque cuando en mi tejado se produce un kWh y yo no lo consumo, va a la red y lo consume mi vecino que  sí se lo paga a su comercializador. Así que aunque yo lo regale, alguien los está cobrando.

Y por qué no un banco bueno, un banco solidario y de energía limpia. Por qué no tengo la oportunidad de donar, de regalar mis kWh a una entidad que los administre y que los destine a paliar situaciones de pobreza energética, de organizaciones que trabajan por una energía más limpia, renovable y accesible como mejor opción ahora que no me dan la oportunidad de cobrarlos, y en el futuro, cuando se cambie la norma y pueda cobrarlos, tener la opción de hacerlo. Un banco de kWh, nutrido por los cientos de miles de kWh  de excedentes producidos por el sol de España en las innumerables instalaciones fotovoltaicas que este país debería ya tener funcionando y produciendo. Un Banco que canalice esa energía hacia donde hace falta y no hacia los de siempre. Seguro que este Banco de Energía Solidaria y Limpia, este BANESOL que, con la experiencia de nuestro país en la banca, rescates, banco malo, etc, seguro que es posible. Ahí queda la idea, la iniciativa al servicio de nuestras fuerzas políticas que siempre andan esperando propuestas ciudadanas que resuelvan carencias y no incrementen el gasto publico.

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¿Una ley de Transición Energética y Cambio Climático ágil y coherente?

Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

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No deja de sorprender que justo una semana después de la formación de un nuevo Gobierno en el que se ha optado por mantener separadas las carteras  de Medioambiente  y Energía, el mismo partido que está en el Gobierno promueva en el Congreso una Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de “ dotar de agilidad y coherencia las actuaciones encaminadas a que España cumpla sus compromisos en materia de energía, cambio climático y descarbonización de la economía” tal y como señala la nota de prensa  emitida  con ocasión de su presentación.

Si de verdad se pretende que haya coherencia no se entiende por qué se mantienen separadas administrativamente ambas competencias cuando no dejan de ser dos caras de una misma  moneda dada indisoluble incidencia medioambiental de la energía. Es precisamente por este motivo por el que desde la Fundación Renovables hemos venido reclamando un único responsable con todas las competencias en materia de energía y cambio climático para garantizar que la Ley sea eficaz; y es así también como lo entienden un número creciente de países de nuestro entorno que han optado por una estructura administrativa integradora de ambas competencias, sirva de ejemplo Francia, Reino Unido o Suecia, entre otros.

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Fomento y desarrollo del vehículo eléctrico: ¿hay alguien al mando?

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

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Que el vehículo eléctrico es una herramienta esencial de una movilidad sostenible a la que estamos abocados sí o sí es un hecho innegable; que ese vehículo tiene que estar alimentado con electricidad generada por fuentes renovables, también. No es objetivo de estas líneas enumerar aquí sus ventajas, que damos por sabidas para cualquier persona mínimamente informada. El problema surge cuando, una vez más, el discurso y la acción no se corresponden y así sucede con el desarrollo del vehículo eléctrico en nuestro país, al que todo el mundo elogia, incluido este Gobierno y también su hermano mellizo de la legislatura anterior.

Hace dos años el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) presentó solemnemente una “Estrategia de Desarrollo del Vehículo con energías alternativas 2014-2020” (¿alternativas?) que fue erróneamente bautizada con las siglas de VEA.  El objetivo era ambicioso, no tanto como requiere el camino tan largo que debemos recorrer, pero suponía un paso importante: matricular en el periodo de vigencia del plan 150.000 vehículos. A día de hoy, según los datos de la solvente Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), en España hay unos 22.000 vehículos eléctricos. Eso significa que de aquí a 2020 tendríamos que matricular casi 33.000 al año. La realidad, la triste realidad es que en 2006 fueron 4.000, cifra muy similar a la que se alcanzará este año y que debería haber doblado o triplicado la anterior si estuviéramos de verdad en un proceso de desarrollo exponencial de una nueva tecnología.

Ese proceso, ese ritmo de implantación de algo que por tantos motivos nuestra sociedad debería reclamar a gritos, requiere todavía de ayudas económicas. No porque no les salgan los números a los compradores sino porque son necesarias para romper la inercia, los tabúes o los falsos mitos sobre el vehículo eléctrico. Lo malo llega cuando esas ayudas se han convertido en una pésima novela de misterio en la que al final de cada capítulo, léase ejercicio, no se sabe lo que va a pasar al año siguiente.

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