Archivo de octubre, 2016

La fusión nuclear es la energía del futuro… y siempre lo será

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

central nuclear

Cada cierto tiempo, se cuela entre las noticias el recurrente mito de la industria nuclear: lograr una fuente de energía nuclear limpia, segura, inagotable y barata. El sueño toma a veces forma de ‘fusión nuclear’, otras aparece disfrazado de algún supuesto nuevo método de ‘fisión nuclear limpia’. 

Recientemente le ha tocado la vez a la fusión nuclear, debido al cambio de Director General del proyecto ITER (siglas del International Thermonuclear Experimental Reactor), el reactor experimental de fusión nuclear para cuya costosísima construcción se han tenido que juntar nada menos que siete de las grandes potencias económicas del mundo: la Unión Europea, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos.

Hasta ahora, y seguramente durante mucho tiempo más, el ITER ha sido noticia, más que por sus logros (que no ha conseguido ninguno), por los importantes retrasos en su construcción y por sus grandes desajustes presupuestarios. Obviamente, el nuevo director del ITER promete que, con él al mando del proyecto, no se van a volver a repetir los consabidos retrasos ni los habituales sobrecostes. En fin, la cantinela de todos los directores del ITER.

La fusión nuclear controlada está lejos de ser una realidad viable, tanto desde el punto de vista técnico como desde el energético y económico. Los experimentos realizados en las décadas pasadas lograron reacciones de fusión nuclear de unos pocos segundos de duración, con un coste energético muy superior a la energía conseguida en el experimento (salvo un caso excepcional de ganancia de un 1% de energía que lograron investigadores del National Ignition Facility de EE.UU. en 2014). Y siempre a un coste económico prohibitivo.

En cualquier caso, las previsiones más optimistas consideran que el primer prototipo de fusión nuclear controlada viable técnicamente, aunque no comercialmente, estaría listo más allá de mediados de siglo, y que sólo se podría contar con una hipotética generación de reactores disponible para su explotación comercial ya cerca del final del siglo.

Consultando la hemeroteca se puede comprobar que, como ya afirmaban reconocidos científicos hace muchos años, en el programa de fusión nuclear se ha conseguido descubrir una nueva constante física: los 50 años. Ese es el tiempo que siempre falta hasta poder lograr el primer prototipo industrial de reactor de fusión, da igual la fecha de la noticia que se lea. Este parece ser el mayor logro en fusión nuclear después de 65 años de fracasos de I+D en este campo en la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Japón.

El ITER es un ambicioso proyecto con el que se pretende demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear. Aunque la idea del ITER surge a mediados de los 80, no fue hasta 2006 que se firmó el acuerdo que dio luz verde al proyecto. Su construcción comenzó en noviembre de 2010, con un presupuesto de 15.000 millones de euros (M€), tres veces más elevado que el previsto en 2006. Aunque las previsiones iniciales fijaban en 2016 el fin de las obras, el proyecto empezó enseguida a acumular retrasos y costes.

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Cambio de hora: menos visceralidad y más números

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía

Cambio de hora

El debate está aquí. Enconado. Cada día más. Levanta más pasiones que un polémico arbitraje en un derbi futbolero. Eso sí, es evidente que gana por goleada la tesis de que es “una solemne tontería”, la expresión más suave entre las que se pueden oír, esa manía, costumbre o capricho para unos, necesidad para nuestras instituciones, de cambiar de hora dos veces al año.

De entrada, uno piensa que los cálculos de ahorro de energía que ha realizado la Unión Europea en documentados estudios y que en España hace el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no son fruto del capricho de unos funcionarios aburridos y con ganas de incordiar a los ciudadanos. No, con el cambio de hora se ahorra, al menos se ahorraba —esto lo veremos más adelante—, energía y, en principio, todo lo que sea ahorrar energía es positivo. Comenzamos a hacerlo en 1918, hace casi un siglo y por algo será.  Si el IDAE dice que se ahorran 300 millones de euros, un 4% de nuestro consumo eléctrico, yo me lo creo.

Dicho lo cual, vamos con los matices. El primero: no parece lo más adecuado que la decisión del cambio de hora que la Unión Europea renovaba cada cuatro o cinco años tenga ahora carácter indefinido. No es un dogma de fe, no es una verdad absoluta, sino que tiene que ser el resultado de estudios, análisis, muchos datos y una valoración más subjetiva de lo que supone esta alteración de nuestros horarios. Un diagnóstico que debemos revisar, sino cada año, sí cada cierto tiempo porque las costumbres sociales cambian, los usos de la energía también y el peso de los distintos sectores en la estructura económica de nuestra sociedad mucho más.

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El origen de nuestra energía

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de ANPIER

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Escribo este artículo el mismo día en que hemos conocido que el planeta ha batido todos los récords de emisiones de CO2, en la misma semana en la que el secretario de estado de energía se ha preguntado públicamente ¿qué significa eso de la transición energética?, en el mismo mes en que hemos descubierto que el gobierno en funciones tiene previsto seguir subvencionando carbón para generar electricidad, en el mismo año en el que prácticamente no se ha instalado ni una chispa de potencia renovable en España.

Un lector objetivo podría preguntarse sobre la conveniencia de todos estos acontecimientos amparados por cuestiones económicas o  geoestratégicas de mayor calado. Puede ser.

Para analizar esa cuestión, es muy interesante vincular varios datos de fuentes públicas: por un lado, el origen de las materias primas fósiles que se queman o procesan en España para generar energía, para lo que sugiero el interesante trabajo de ODG; por otro, con cualquiera de los enlaces de información del Ministerio de Asuntos Exteriores o páginas  independientes sobre conflictos armados.

Así, podemos encontrarnos con que en España compramos en torno al 65% del gas y del petróleo que quemamos y transformamos a países con conflictos armados endémicos y/o con sistemas de gobierno muy complejos o al borde del colapso, tales como Argelia, Nigeria, Libia, Irán, Egipto o Rusia. Asimismo, compramos más de la mitad del uranio que procesan nuestras plantas nucleares a países que nos inspiran tanta confianza sus relaciones comerciales como Rusia, Namibia o Níger.

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Impuesto al sol, ¿leyenda o realidad?

Por Jorge Morales de Labra – Director de Geoatlanter

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Seguro que ha visto alguna viñeta satírica denunciando que el Gobierno de España cobra por utilizar el sol. Se refiere a una normativa aprobada hace ahora un año, pionera en el mundo, que obliga a sufragar los costes del “sistema eléctrico” —concepto abstracto que por sí solo merecería una columna— a quien compra un panel solar y lo pone en su tejado para producir parte de su electricidad.

No cabe duda de que estrictamente hablando no es un impuesto dado que Hacienda no interviene en el proceso; pero en coloquialmente se ha asimilado a tal, razón por la que se le conoce como “impuesto al sol”.

El Gobierno niega la mayor y pretende convencernos de que se trata tan solo de una invención de colectivos radicales. Eso sí, le falta tiempo para apostillar que está de acuerdo con el desarrollo del autoabastecimiento de energía siempre que éste se realice de forma eficiente. Esto es, siempre que quien opte por esta novedosa forma de producir energía contribuya a pagar los costes del “sistema eléctrico” de la misma forma que quien no lo hace. Es más, el Secretario de Estado de Energía ha llegado a calificar de “depredadores” a quienes se ponen un panel solar y ahorran así en su factura.

La polémica se origina porque a través del recibo de la luz pagamos algunos conceptos, como por ejemplo las redes o los pagos específicos a las energías renovables, que aunque son fijos, no se nos imputan en la parte fija del recibo, esa que pagamos con independencia de lo que consumamos, sino que su importe se reparte entre la energía que se espera consumamos para repercutirlos así a cada kWh facturado. Bajo este peculiar método de reparto es claro que si disminuye la energía facturada baja la recaudación, por lo que para poder seguir pagando los costes fijos no queda más remedio que subir la cuota a quienes siguen consumiendo. Naturalmente cabría otra opción: reducir los costes fijos, pero ni se plantea.

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La transición energética en las ciudades: qué ha pasado en Bélgica y otros ejemplos

Por Claire Roumet – Directora ejecutiva de Energy Cities

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A pesar de que el primer ministro británico diese en septiembre el visto bueno a la construcción de una planta nuclear, condenando así a los contribuyentes de ambos lados del Canal a observar pasivamente cómo el dinero público se emplea en apuntalar un sistema centralizado y mal adaptado para el futuro, soplan vientos favorables para el sector de la energía. Nos encontramos en un punto de inflexión, como lo demuestran los siguientes ejemplos.

Comencemos con el caso de Bélgica, muy representativo de la complejidad con la que las autoridades locales tienen que lidiar a la hora de tomar decisiones importantes que afectan al futuro del sistema energético. En Flandes, 17 empresas locales comparten la toma de decisiones en relación con la red de distribución gestionada por Eandis. Los principales partidos políticos han estado trabajando durante meses en preparar un acuerdo de fusión no sólo para mejorar la eficiencia, sino también para atraer a los inversores externos y encontrar un sustituto para Electrabel (que, de acuerdo con la Directiva Europea sobre la apertura del mercado, no pueden estar involucrados en la producción y distribución de energía). Se puso en marcha una convocatoria abierta de capital para atraer a los principales fondos de pensiones internacionales. Sin embargo, «State Grid China» una empresa controlada por el Estado de China, hizo de lejos la mejor oferta – imposible de rechazar- con unas cláusulas de inversión por 100 años (la oferta era del 14% del capital).

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Transición energética: de ésta, tampoco

Por Hugo Morán – Exdiputado

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El enorme retraso que España va acumulando en su ineludible transición energética, hace que esta sea una de las áreas de gestión más afectadas por el actual desconcierto institucional en que se desenvuelve la política patria. Por razones harto conocidas la atención mediática, y por ende la ciudadana, se centran en estas fechas en las decisiones que ha de adoptar el PSOE en torno al posible desbloqueo de la investidura de quien haya de ostentar la Presidencia del Gobierno en la renuente próxima legislatura. Así pues me parecía oportuno aguardar a la resolución del Comité Federal que los socialistas celebraban ayer domingo, antes de encarar la redacción de estos párrafos que siguen. Me explico.

A nadie se le escapa, sea letrado en la materia o profano en ella, que la regulación del  sistema energético de un país reviste una complejidad técnica de la que dan cuenta las decenas de miles de páginas que ocupan los centenares de reglamentos y órdenes ministeriales dictadas en desarrollo de las leyes que son aprobadas por las Cortes, y que tienen su continuidad en los ámbitos competenciales de orden autonómico y local. Si ya de por sí resulta tarea harto difícil ahormar la voluntad del legislador al marco del interés general, como por desgracia constatamos, en tanto que son muchos, diversos y contrapuestos, los intereses territoriales, sectoriales, económicos y sociales (legítimos unos, espurios otros) que condicionan la conformación de las distintas posiciones políticas del arco parlamentario, cuando toca convertir la ley en herramienta de trabajo, quizás en el universo energético más que en ningún otro, se impone la pragmática sentencia atribuida al conde de Romanones: “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.

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De refrescos azucarados y combustibles fósiles. Distinto daño, misma manipulación

Por Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Vasco con cola cola

Parece que coinciden en el tiempo y en la urgencia la necesidad de una dieta hipocarbónica para la economía, con el abandono de los combustibles fósiles, y la de una dieta hipoazucarada para los ciudadanos, con menor consumo de bebidas azucaradas y en muchos casos también carbónicas.

Y lo curioso es que mientras alguna de las medidas más eficaces para la reducción del consumo de los combustibles fósiles, como sería el poner un “precio al carbono” o una tasa o impuesto a las emisiones de CO2, no logra abrirse camino por la enorme resistencia de bastantes países – entre ellos los petroleros – y de los oligopolios energéticos y eléctricos, sí que está empezando a tomar enorme fuerza la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de un impuesto nada menos que del 20% para frenar el consumo de las bebidas azucaradas, generalmente carbónicas, cuyo sector lidera Coca Cola, para combatir la epidemia global de obesidad.

Epidemia sobre la que el leído autor de “Sapiens” y ahora de “Homo Deus” se atreve a decir:” For the average American or European Coca-Cola poses a far deadlier threat than al-Qaeda”. Es Yuval Noah Harari el que lo dice, yo no me atrevo ni a traducirla, no vaya a ser que alerte a los abogados de CC.

Y hay más similitudes en cuanto a los procesos de generación formal y sobre todo en las dificultades para que se impongan soluciones o respuestas ambiciosas, urgentes y posiblemente drásticas, entre estas dos epidemias, o mejor dicho pandemias, de origen claramente humano.

Decía Gandi que “algunos tienen o tenemos que cambiar para que todos vivamos mejor” y en ambos casos podemos decir que hay sectores económicos y empresas especificas con situaciones dominantes en el mercado global, como serían las empresas de las bebidas carbónicas edulcoradas por un lado y los oligopolios energéticos por otro, que se resisten al cambio y además de formas a veces nada ortodoxas.

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Contadores inteligentes. ¿Inteligentes para quién?

Por Emilio Ballester – Presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible

Instalación de contadores inteligentes

Probablemente esta sea la historia de otra oportunidad perdida para acercar, para situar a los ciudadanos en el centro del sistema energético. Cuando conocí la noticia por primera vez, sin profundizar en ella, me dije: por fin una medida que merece la pena. A partir de ahora cada consumidor  va a poder seguir en tiempo real su consumo, la potencia que  utiliza, el coste energético de su asado, de su lavaplatos o de su plancha y lo que le cuestan esas luces que iluminan el pasillo en el que se puede leer el periódico. También  lo tendrá traducido a euros y podrá calcular los usos que puede hacer de su secadora si no quiera pasarse del presupuesto. Podrá contratar diferentes tarifas, una  para fines de semana otra para verano, etc. Además  podrá conocer las  emisiones contaminantes que su consumo está enviando a la atmósfera. Todo ello sin salir de su casa o desde su teléfono móvil. Un paso más hacia una mayor cultura energética y ambiental.

Sin embargo la realidad es otra muy diferente. Podremos conocer nuestro consumo horario y la potencia utilizada solo a posteriori, a través de la web de la distribuidora. Nada en tiempo real. Los contadores seguirán estando alojados en el cuarto de contadores o en el exterior de nuestra vivienda, a pesar de que ya no es necesario que nadie vaya a tomar lectura. Lo que antes era una ruleta que giraba a distinta velocidad según el consumo, ahora son lucecitas de diferentes colores según el modelo, que parpadean a diferentes frecuencias según el consumo, o se quedan fijas según los casos. Para conocer nuestros consumos parciales o totales tendremos que especializarnos en sistemas digitales. Un botoncito que cambia el código y los números sin mucha más explicación. Eso sí, cuando nos corten el suministro por falta de pago lo pondrá claramente en la pantalla. Y cuando se nos vaya la luz por exceso de potencia tendremos que poner en marcha el protocolo de rearme o bajar, a oscuras, al cuarto de contadores para pulsar el botón adecuado.

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Derecho a usar el automóvil sí, a contaminar el aire de todos no

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

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Cuando se cumple un año desde que se conociera el escándalo de las emisiones de los vehículos VW, la Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente ha publicado un informe realmente sobrecogedor sobre las emisiones de los vehículos diésel que circulan por las carreteras europeas. Según este informe, en Europa están en uso 29 millones de automóviles diésel extremadamente contaminantes. Más de cuatro de cada cinco coches que cumplen con la norma Euro 5 de emisiones de NOx en el laboratorio (180 g / 1000 kilómetros), y que se vendieron entre 2010 y 2014, emiten más de tres veces este nivel cuando circulan. Si nos fijamos en la norma Euro 6 en vigor desde el 2015, dos tercios de los autos que se vendieron desde 2015 y que cumplen esta norma en el laboratorio, siguen emitiendo más de tres veces  el límite de  80 g/ 1000 kilómetros, cuando circulan por las carreteras. El 69% de estos automóviles diésel llamados “sucios” se vendieron en Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. En España circulan 1.9 millones de estos vehículos.

Llama poderosamente la atención en este informe, que este problema no es sólo de VW sino que es común, en mayor o menor medida, a casi todos los fabricantes de automóviles. Así, los fabricantes responsables de estos vehículos son, por orden de importancia, VW, Renault, Citroën, Mercedes y Audi.

Se apuntan varios motivos para haber llegado a esta situación.  En primer lugar, que el sistema de tratamiento de los gases de escape de los autos diésel sucios está fallando la mayoría del tiempo que circulan, por una parte, para mejorar las cifras oficiales de consumo de combustible, y, por otra, debido a las dudas sobre la durabilidad de los sistemas de tratamiento de las emisiones que los fabricantes de automóviles han optado por utilizar.  En segundo lugar, a esta situación ha contribuido el que las autoridades de homologación nacionales estén ignorando la utilización de los dispositivos de desactivación que conducen a tales impactos ambientales y de salud.

Conviene recordar que las emisiones de óxidos de nitrógeno de los automóviles son la causa principal de los altos niveles de dióxido de nitrógeno en las ciudades y que conducen a la muerte prematura de 72.000 ciudadanos de la UE cada año. Sin embargo, mientras que en los EE.UU., tras la revelación de que VW había engañado en las pruebas de emisiones, la justicia ha actuado con rapidez y eficacia, en Europa, VW afirma que no actuó de manera ilegal, por lo que no se han aplicado sanciones ni se ha proporcionado compensación alguna a los clientes. Una vez más, las autoridades nacionales y la UE se han centrado más en la protección de los intereses comerciales y de los de los fabricantes de automóviles, que en los intereses generales de sus ciudadanos.

Entre las soluciones que se proponen en este informe destacan:

  • En primer lugar, mejorar el sistema de certificaciones de emisiones: En la actualidad tiene muchas debilidades, entre ellas, que una vez el vehículo ha sido aprobado prácticamente no hay controles independientes en carretera para verificar su funcionamiento en uso, debido a la falta de voluntad y/o recursos.
  • En segundo lugar, la retirada de vehículos con dispositivos de desactivación ilegales, lo que mejoraría significativamente la contaminación del aire en las ciudades.
  • En tercer lugar, mejorar las normas de regulación y supervisión, y que trabajen de forma independiente los organismos encargados de cada una de ellas.
  • Por último, lo más importante es que Europa debe poner fin a su adicción al diésel. Para hacer esto, los límites de las emisiones de vehículos diésel y de gasolina deben ser equivalentes, y los estados miembros deben igualar los impuestos sobre ambos tipos de vehículos. Los sesgos en favor de diésel deben terminar. La movilidad eléctrica es, en última instancia, la solución para resolver la crisis de contaminación del aire en nuestras ciudades.

No parece que estemos cerca de estas soluciones. Según denuncian los autores de este informe, los fabricantes europeos de automóviles se resisten a contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes adaptando sus modelos y hacen caso omiso de las normas de vehículos rentables que permiten reducir el consumo de combustible.

Y mientras tanto en España seguimos a lo nuestro. El número de turismos eléctricos matriculados en España en 2015 incluyendo todas las tecnologías ha sido de sólo 2342, frente a los más de un millón de vehículos matriculados. En el mismo periodo en Noruega se han matriculado 39632, lo que supone el 27% de todos los matriculados en ese año. Si quisiéramos cumplir los objetivos de emisiones de la UE para 2020 el 25% de las matriculaciones de cada año deberían ser de eléctricos o híbridos. Además sólo disponemos de 160 puntos de recarga rápida y 761 de recarga normal.

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Democraticemos (ya) la energía

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

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Durante mucho tiempo nos han hecho creer que la energía y la democracia no tienen nada que ver. Nos han hecho creer que generar electricidad es una actividad muy compleja y costosa, y que servir la electricidad con la calidad de suministro que los consumidores y  consumidoras demandan está solo al alcance de grandes compañías eléctricas. Tan complicada es la cosa que las personas y entidades consumidoras solo podemos comprar y callar.

Pero el avance de las nuevas tecnologías ha hecho saltar por los aires esas falsas creencias. Ahora es posible, y más económico, que el sufrido consumidor sea al mismo tiempo productor de su propia energía. Que esa energía se pueda compartir entre distintos usuarios. Que se pueda decidir qué cantidad de energía consumir en cada momento para adecuarse al precio instantáneo y para facilitar el mejor aprovechamiento de las energías renovables.

Podemos ser “ciudadanía energética”: individuos u hogares que producen energía o administran su demanda de modo flexible, de manera tanto individual como colectiva. Un concepto también aplicable a los barrios, pueblos, ciudades, edificios municipales, escuelas, hospitales o edificios públicos, así como a pequeñas empresas.

Todo eso es ahora técnicamente posible… solo falta que sea legal. No esperemos que el cambio legal lo promuevan espontáneamente unos gobernantes que históricamente han estado sometidos a los intereses de las grandes compañías energéticas. Como en tantos otros temas, el cambio legal empieza en la Unión Europea, donde en estos momentos se prepara una normativa que podría (o no) dar el impulso que necesita la ciudadanía energética, mediante la revisión de la Directiva de Energía Renovable y de la Iniciativa de Diseño de Mercado.

Si esas normativas lo facilitan, la mitad de la ciudadanía de la Unión Europea podría producir su propia electricidad en 2050 y con ello cubrir el 45% de la demanda eléctrica de la UE. En el caso de España, uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas podríamos producir nuestra  propia energía en 2050 gracias a las energías renovables y estaríamos generando hasta la mitad de la electricidad necesitada por todo el país.

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