Que la cifra de la aplicación de la pena de muerte en el mundo es la más alta de los últimos 25 años es noticia. Es normal, claro está, considerando que cada vez más países consiguen abolir la pena capital pero, por contra, la cifra de ejecuciones aumenta. El baile de cifras es algo así como los árboles que impiden ver el bosque: cerca del 89% de las ejecuciones en 2015 se concentraron en Irán, Pakistán y Arabia Saudí, pero países como Estados Unidos, China, Bielorrusia, Egipto o Túnez continúan practicándolas. ¿Somos por ello menos responsables? ¿No son vidas humanas arrebatadas legalmente por un estado?
Según expertos de la ONU, la aplicación de la pena de muerte no desalienta la comisión de crímenes. Vienen a confirmar ese dicho de que «la violencia sólo engendra más violencia». Y Amnistía Internacional (AI) ha rematado el asunto con su último informe, que señala que en los últimos 25 años nunca habían sido ejecutadas tantas personas como ahora, aunque son menos los países que aplican la pena capital. En cabeza, Irán, con 977 personas ejecutadas en 2015, seguido de Pakistán, con 320, Arabia Saudí, 158, y Estados Unidos, con 28, aunque este último presenta su cifra más baja de ejecuciones desde 1991.