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Islandia planta cara a la brecha salarial

En 2022 entrará en vigor una ley que obligará a las empresas islandesas a documentar el salario de sus trabajadoras y trabajadores

En 2022 entrará en vigor una ley que obligará a las empresas islandesas a documentar el salario de sus trabajadoras y trabajadores

Una de las pruebas más evidentes de la desigualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo es la brecha salarial. Según el informe más reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son las mujeres las que mayoritariamente «siguen trabajando más horas en los sectores peor remunerados», y lo peor es que la situación se ha estancado: entre 1995 y el 2015, la brecha de género se ha cerrado sólo un 0,6 %.

Islandia es uno de los países que parece haberse tomado en serio la brecha salarial. El país nórdico, uno de los pioneros en políticas de igualdad en todo el mundo, está preparando una legislación que obligará a las empresas de más de 25 trabajadores a presentar una documentación que pruebe que pagan lo mismo a sus empleadas y empleados por el mismo trabajo.

Las medidas con las que Islandia pretende hacer efectiva la ley, que entrará en vigor en 2022, se basarán en una clasificación de los puestos de trabajo, una definición más concreta de los procesos por los que se asigna cada salario y, en definitiva, una evaluación exhaustiva de las políticas empresariales en materia de salarios. En resumen, un replanteamiento de los salarios desde cero para poder dar un trato igualitario a trabajadoras y trabajadores.

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¿Por qué Islandia retira su petición de entrar en la Unión Europea?

La Unión Europea era uno de los grandes poderes geopolíticos a escala global. Tras la crisis financiera del 2008 la región ha entrado en una fuerte crisis tanto económica como institucional. El abandono de las negociaciones de adhesión por parte de Islandia evidencia la pérdida de atractivo de la UE. Hace unas semanas el gobierno conservador de Gunnlaugsson, contrario a la adhesión, retiró de forma oficial la petición de entrada.

Lago Jokulsarlon en Islandia

Moyan Brenn/Flickr

No obstante, las discrepancias con respecto al ingreso de Islandia en la UE vienen de lejos, casi desde el momento en que fue solicitado el ingreso en mayo de 2009. Cuando Islandia presentó su candidatura gobernaba una coalición formada por el Partido Laborista y Los Verdes. El país se encontraba en quiebra técnica tras el estallido de su propia burbuja financiera, a raíz de la quiebra de uno de sus principales bancos, el Icesave, que se había hecho con los ahorros de muchos ciudadanos británicos y holandeses.

El gobierno de izquierda surgido tras la crisis vio en la candidatura europea una especie de salvavidas de futuro. Una solicitud impulsada por la socialdemócrata y europeísta Jóhanna Sigurdardóttir, que había asumido el cargo de primer ministro unos meses antes tras la dimisión de Geir H. Haarde, contrario a la adhesión a la UE, como consecuencia de romperse la coalición formada entre conservadores y socialdemócratas. Sigurdardóttir llevaba en su programa electoral el ingreso de Islandia a la UE, y ese era su objetivo. El Parlamento apoyó la decisión por 33 votos a favor, frente a 28 en contra. La opinión pública, tras sufrir el impacto del colapso económico en 2008, también veía entonces con buenos ojos ingresar en la UE.

Entre las condiciones que debía cumplir Islandia se encontraban, entre otras, la prohibición de la caza de ballenas y compensar a británicos y holandeses por la quiebra del banco Icesave, que suponía el reembolso de 3.800 millones de euros. Algo que los islandeses rechazaron mayoritariamente (el 93,1%) en un referéndum celebrado en marzo de 2010.

Aun así, las negociaciones para el ingreso siguieron adelante intentando limar diferencias en aspectos como la agricultura, la pesca, el libre movimiento de capital o los impuestos.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Prime Minister of Iceland

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson/Flickr

En enero de 2013 Islandia suspendió las negociaciones ante la proximidad de las elecciones, que se saldaron con un gobierno conservador, presidido por Sigmundur David Gunnlaugsson, contrario a la entrada de Islandia a la UE, algo que notificó el pasado mes de junio a través de su ministro de Exteriores, y que ha confirmado de manera oficial ahora.

Islandia ha sido capaz a pesar de la grave crisis económica de 2008, que provocó la nacionalización de tres de sus principales bancos y que llevó al banquillo al primer ministro Geir Haarde, enderezar su situación. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba recientemente algunos datos significativos.

La tasa de desempleo de la economía islandesa consiguió bajar, el año pasado, hasta situarse en el 4,1% pese a que los salarios del país aumentaron, en ese mismo período, un 5,8% en términos reales (el año anterior, 2013, ya habían subido el 3,5%). “Islandia ha sido una de las mejores economías de Europa en los últimos años en términos de crecimiento económico y tiene una de las tasas más bajas de paro”, explica Peter Dohlman, el jefe de la misión del FMI para el país.

Además, Islandia puede alardear de ser un país de moda. Sus ingresos por turismo se han disparado desde 2010. El FMI proyecta un robusto crecimiento del PIB para este año y el próximo -del 3,5% y del 3,2%, respectivamente-, después de la desaceleración de 2014, cuando la economía avanzó un 1,8%, casi la mitad de lo que se expandió en 2013. Con la caída de la banca a finales de 2008, Islandia llegó a perder el 8% de su riqueza en dos años y a sufrir un desempleo del 11,9%.

El portazo de Islandia a la Unión Europea afecta mucho más a la imagen y a las perspectivas de futuro de la UE que a las meras cifras. La isla más septentrional de Europa, con sus 330.000 habitantes, apenas aportaría un 0,2% adicional al PIB del conjunto. Sin embargo, el abandono de su candidatura a la adhesión escenifica el avance del euroescepticismo y la pérdida de confianza en el futuro de la propia UE.

No sólo Islandia evidencia la pérdida de confianza en la UE. En el horizonte de la institución comunitaria están también el referéndum prometido por Cameron sobre la permanencia o no de Gran Bretaña y el posible retraso de otras incorporaciones como las de Serbia, Bosnia y Turquía