Blackwater en Afganistán
Una de las guerras más privatizadas de la historia ha sido, sin duda, la de Irak. Desde el inicio de la guerra contra “el terrorismo” la administración Bush optó por la contratación de varias empresas de seguridad privadas, las llamadas empresas de mercenarios. Estas compañías que, bajo un marco legal muy vago y oscuro, ofrecen “servicios de seguridad e inteligencia” de interés para gobiernos como el de Estados Unidos. La ventaja de subcontratarlas: la falta de transparencia y la impunidad de la que gozan a menudo.
Esta semana ha vuelto a los titulares una de estas compañías, la entonces llamada Blackwater, porque cuatro de sus agentes se enfrentan (al fin) a un juicio en Washington por la matanza de 17 civiles -entre ellos un niño – en la plaza Nisour, en Bagdad, hace siete años. Entonces, en 2007, la firma estadounidense estaba subcontratada para proteger a sus diplomáticos por el módico precio de 1.000 millones de dólares (732 millones de euros).
Blackwater, ahora llamada Academi, fue sólo una de las varias empresas que contrató Bush, y aunque su imagen no salió muy bien parada (de ahí el lavado de nombre en 2010) el negocio fue viento en popa. Ya en 2002 la empresa firmó un contrato federal por valor de 5,1 millones de dólares y sólo tres años después, subió a 221,4 millones de dólares. En 2010 la administración Obama firmó un acuerdo de 10.000 millones de dólares por cinco años con ocho compañías, entre ellas Triple Canopy, que hace un mes se fusionó con Academi, la firma que adquirió a Blackwater en 2010.
En el momento de la masacre, en 2007, había unos 25.000 agentes de seguridad en el país. Los hechos son objetivos, el mismo FBI determinó al poco tiempo que al menos 14 de los 17 civiles murieron por disparos provenientes de un convoy de jeeps de la compañía. Ahora, cuatro de los agentes (todos anteriores miembros del Ejército estadounidense) están acusados de disparar de modo indiscriminado ese 16 de Septiembre y se enfrentan a juicio. La defensa alega que fue en defensa propia pero habrá que esperar para ver que dictamina el juez y los 17 miembros del jurado. También será clave la declaración de la cincuentena de ciudadanos iraquíes que la acusación prevé traer a Washington.
Esperar siete años para el juicio
El casó llegó a los tribunales estadounidenses pero todos los cargos fueron desestimados en 2010 porque un juez federal estadounidense, Ricardo Urbina, consideró que los derechos de los acusados habían sido violados. Según el magistrado, el Departamento de Justicia de EEUU basó su acusación en los testimonios que los mercenarios dieron poco después de cometerse la masacre, testimonios que fueron concedidos para la investigación pero bajo la condición de que no serían usados contra ellos en un futuro.
EUA no se libra de responsabilidades (por lo menos morales)
En un informe de agosto de 2007, revelado esta semana por The New York Times, un investigador alertaba que la falta de supervisión había generado un “ambiente lleno de negligencias” y que los guardias de la compañía se sentían “por encima de la ley”. De hecho, el propio investigador explica que al pedirle explicaciones al jefe de Blackwater en Irak éste amenazó con asesinarle y altos cargos de la Embajada de EE UU en Bagdad se pusieron del lado de la compañía de seguridad.
Esperemos que se haga justicia y que estas empresas dejen de gozar de impunidad. Deberían rendir cuentas de sus actividades, especialmente cuando actúan contratadas por un gobierno y en una guerra. Además debería existir algún tipo de supervisión in situ, algo que en Irak brilló por su ausencia.
BLANCA BLAY
@BlancaBlay
blanca.blay@gmail.com
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