Meriam Yahia Ibrahim tiene 27 años y actualmente se encuentra en una celda de aislamiento, condenada a muerte en la prisión de Omdurman de Jartum, la capital de Sudán. Su delito: casarse con un cristiano siendo ella supuestamente musulmana.
Está encarcelada desde el pasado 17 de enero, cuando se confirmó el cargo de adulterio contra ella, consecuencia de su supuesto matrimonio ilegal en Sudán, un país que no permite que las mujeres musulmanas se casen con hombres de otra religión.
Menos de tres años después de celebrar su boda, la acusaron de haberse casado con un hombre cristiano siendo ella, según la legislación sudanesa (en Sudán es obligatorio que los hijos hereden la religión del progenitor), de origen musulmán, un hecho que ella niega tajantemente al reivindicar el origen cristiano etíope de su madre, ya fallecida. Su padre era musulmán, pero abandonó a la familia cuando Meriam tenía sólo 6 años, por lo que la joven nunca vivió en un ambiente islámico. “Nunca he sido musulmana. Crecí como cristiana desde el principio”, dijo Meriam ante la corte que la condenó, sabiendo que su afirmación le valdría la pena capital. Su marido Daniel Wani dijo a la CNN que ella sentía la presión de los líderes religiosos musulmanes para regresar al Islam. A lo que ella respondió: «¿Cómo puedo regresar si nunca fui musulmana? Sí, mi padre era musulmán, pero mi madre me crió».
Tras emitir su sentencia el 11 de mayo, los jueces otorgaron tres días a Meriam para «rectificar» y volver a abrazar el Islam. Además de la sentencia de muerte, el tribunal ordenó que Ibrahim recibiera 100 latigazos por el cargo de adulterio. El tribunal le advirtió que debía renegar del cristianismo antes del 15 de mayo, pero ella sostiene firmemente que es cristiana y que lo seguirá siendo. La justicia de Sudán ha optado por condenarla a la pena de muerte por simplemente ejercer un derecho internacional reconocido como es la libertad religiosa y de pensamiento.
En los últimos 20 años, el Gobierno de Omar Al Bashir impone el código penal bajo la interpretación de la sharia o ley islámica.
Fue en 2013 cuando empezó el calvario para Meriam. Un supuesto hermano de la chica la denunció ante la policía. Según el presunto hermano, Meriam no se llamaba Meriam, sino Abrar, un nombre típicamente musulmán, y él mismo negaba las raíces ortodoxas etíopes de la joven. Ella aseguró no conocer al denunciante. Pero poco importó, ya que la justicia dictaminó que al ser su padre musulmán, ella también lo era. El juez ni siquiera consideró solicitar una prueba de ADN para confirmar o no la relación de parentesco entre el denunciante y la denunciada.
La primera consecuencia era que su matrimonio con un católico se consideraba nulo, por lo que había cometido adulterio al tener relaciones fuera de la unión legal. En 2014, al delito de adulterio se le ha sumado una sentencia por apostasía (renunciar a una religión).
Su marido Daniel confía en que la presión internacional ayude a doblegar al rígido sistema sudanés. Los grupos de defensa de derechos humanos y las embajadas de todo el mundo han condenado el veredicto. El fallo también tuvo repercusión en Sudán, donde los activistas desafían al gobierno y critican lo que para ellos es una interpretación y aplicación demasiado estricta del islam.
Las embajadas en Jartum, incluidas las de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, urgieron al gobierno sudanés a revertir el caso. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña internacional para pedir su liberación con el título “Parad la ejecución de Meriam”. «El que se pueda sentenciar a muerte a una mujer por su religión y azotarla por estar casada con un hombre que supuestamente profesa otra religión es aborrecible y nunca debería pensarse siquiera», dijo Manar Idriss, investigador de Amnistía Internacional en Sudán.
No hay fecha determinada para que el procedimiento judicial termine, pero la pareja no se rendirá. Hasta entonces se aferrarán al menor indicio de esperanza. La última vez que el gobierno sudanés ejecutó a alguien por apostasía fue en 1985, cuando un hombre criticó la aplicación de la ley islámica.
Según la BBC, las autoridades sudanesas han de liberar a Meriam. Abdullahi Alzareg, subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que Sudán garantiza la libertad religiosa y se ha comprometido a proteger a la mujer. Según The Independent, los abogados que representan a Meriam Ibrahim han puesto en duda su liberación.
Elena González
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