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Goldman Sachs is not an after shave Goldman Sachs is not an after shave

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Primer paso para evitar violaciones a los derechos humanos en subcontratas

Francia aprobó recientemente una ley relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices, la cual obliga a las grandes empresas del país a controlar que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente en toda producción interna o subcontratada. Para ello, deberán analizar y abordar los efectos negativos que sus actividades, así como las de sus proveedores y subcontratas, puedan provocar a personas y medio ambiente.

Tras cuatro años de negociación, el texto final perdió algunas de sus propuestas más ambiciosas por el camino. La ley se aplicará solamente a la grandes empresas, las cuales no serán responsables si cumplen con la ley aunque incurran en algún abuso o daño. Es decir, las empresas no tienen que garantizar resultados pero sí demostrar que hacen todo lo posible para evitar cualquier daño.

Con esta nueva ley, se intenta evitar que se repitan desastres como el derrumbamiento del Rana Plaza en Bangladesh, donde se producía ropa para marcas como Benetton, Mango, Primark y el Corte Inglés. Murieron más de 1,100 personas. La mayoría de casos de abuso a los derechos humanos o daño medioambiental están relacionados con acciones de empresas subcontratadas que operan en complejas estructuras corporativas. Esto permite que empresas europeas salgan impunes y eviten tomar responsabilidad por violaciones a los derechos humanos.Varios países han publicado códigos de conducta voluntarios para que las empresas controlen a sus proveedores, pero Francia es el primero en aprobar una ley vinculante para prevenir todo abuso o vulneración de los derechos humanos en toda la cadena de suministro de las empresas.

La Unión Europea importa la mitad de la producción total mundial de ropa. Más de un 70% de las importaciones del sector textil provienen de países asiáticos, con China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia como principales productores. La UE tiene por lo tanto, la capacidad de marcar y mejorar los estándares en el respeto de derechos humanos en un sector en el que se calcula que trabajan 75 millones de personas.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución para pedir a la Comisión Europea que siga los pasos de Francia e inicie una propuesta legislativa que obligue a las empresas a implementar un sistema de vigilancia que cubra toda su cadena de producción. Tras el desastre del Rana Plaza en 2013, la Comisión se comprometió precisamente a iniciar un ambicioso paquete de medidas para regular las actividades de empresas transnacionales, algo que de momento ha quedado en palabras bonitas.

 

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