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La pena de muerte son países, no cifras

Las ejecuciones aumentaron más de un 50% en 2015 respecto del año anterior / Ken Piorkowski - FLICKR

Las ejecuciones aumentaron más de un 50% en 2015 respecto del año anterior / Ken Piorkowski – FLICKR

Que la cifra de la aplicación de la pena de muerte en el mundo es la más alta de los últimos 25 años es noticia. Es normal, claro está, considerando que cada vez más países consiguen abolir la pena capital pero, por contra, la cifra de ejecuciones aumenta. El baile de cifras es algo así como los árboles que impiden ver el bosque: cerca del 89% de las ejecuciones en 2015 se concentraron en Irán, Pakistán y Arabia Saudí, pero países como Estados Unidos, China, Bielorrusia, Egipto o Túnez continúan practicándolas. ¿Somos por ello menos responsables? ¿No son vidas humanas arrebatadas legalmente por un estado?

Según expertos de la ONU, la aplicación de la pena de muerte no desalienta la comisión de crímenes. Vienen a confirmar ese dicho de que “la violencia sólo engendra más violencia”. Y Amnistía Internacional (AI) ha rematado el asunto con su último informe, que señala que en los últimos 25 años nunca habían sido ejecutadas tantas personas como ahora, aunque son menos los países que aplican la pena capital. En cabeza, Irán, con 977 personas ejecutadas en 2015, seguido de Pakistán, con 320, Arabia Saudí, 158, y Estados Unidos, con 28, aunque este último presenta su cifra más baja de ejecuciones desde 1991.

Sin duda, la pena de muerte sigue siendo un problema de grandes dimensiones en todo el mundo. Todo ello a pesar del “tímido optimismo” expresado por AI al observar que las condenas a muerte de 2015 (1.998) fueron menos que las registradas en el año anterior (2.466), y que “por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 102, han abolido ya por completo la pena capital“. Es para ser optimistas, sin duda, pero tampoco podemos obviar que al cierre de 2015 había 20.292 personas condenadas a muerte en todo el mundo.

República del Congo, Fiji, Madagascar y Surinam son los últimos países que se han unido al abolicionismo de la pena máxima, según la organización, y Mongolia ha mostrado su compromiso de acabar con esta práctica durante este año. En términos generales, 140 países han abolido la pena capital, aunque en algunos por el momento sólo sea sobre el papel, mientras que 58 estados todavía son retencionistas.

Lo grave de todo esto es que, a pesar de los datos positivos que apuntan a un aumento de la abolición, el año pasado las ejecuciones aumentaron más del 50% respecto al año anterior, lo que significa que 1.634 personas fueron ejecutadas por un estado en 2015. Y AI continúa incidiendo en lo mismo de siempre:

“La pena de muerte niega los Derechos Humanos (…) es irreversible y se comenten errores (…) no disuade contra el crimen (…) suele emplearse en sistemas de justicia sesgados (…) se aplica de forma discriminatoria (…) y se usa como herramienta política.”

Algunas de las razones por las que AI aboga por la eliminación definitiva de la pena máxima en todo el mundo es la ejecución de menores de edad en muchos países, la proliferación de muertes de homosexuales, bisexuales y personas transgénero y el hecho de que la pena recae en una proporción considerable sobre las personas más pobres. Además, la organización apunta que las mujeres suelen llevarse la peor parte tras la ejecución de un reo, ya que son quienes acaban teniendo que ocuparse solas de la familia, tanto a nivel económico como de cuidados.

La pena de muerte, lejos de ser un asunto de cada estado, debería ser una preocupación global. Cabe recordar que hay muchas personas condenadas a muerte en países extranjeros, ante la práctica impotencia de sus países de origen para mediar y conseguir la retirada de la condena. El caso de Pablo Ibar, un español en el corredor de la muerte de Estados Unidos, es sólo un ejemplo. Sólo uno de miles.

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