Por Cláudia Morán
A pesar de ser de lo más arcaico, la horca continúa siendo el método de ejecución en Japón / Wikipedia Commons
Una de las mayores enemigas de los Derechos Humanos tiene nombre y complemento: la pena de muerte. Aunque esta práctica no está muy extendida entre los países considerados «desarrollados» (al menos no de manera oficial), en algunos sí se practica. Estados Unidos es el primero que se nos viene a la cabeza, un país en el que, además, existe una cierta aceptación social de la pena capital. Sin embargo, en Japón, miembro del G8, la pena de muerte se lleva a cabo con total secretismo e irregularidades en el sistema judicial, mientras sus dirigentes se niegan a abolirla a pesar de la creciente preocupación social.
La pena de muerte en Japón no es tan preocupante por su forma como por su fondo: se realizan pocas ejecuciones en comparación con otros países (se han llevado a cabo menos de mil desde 1946) y los supuestos para la ejecución suelen ser fundamentalmente casos de asesinatos múltiples; el problema es que los condenados a esta pena pueden estar entre 5 y 7 años en el corredor de la muerte, sin saber qué día serán ejecutados y sin que sus familias sean informadas hasta que la ejecución ya se ha llevado a cabo, según denuncian diversas organizaciones. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró esta incertidumbre incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por no hablar de que previamente a ser condenados, los reos sufren torturas brutales con la finalidad de arrancarles una confesión (determinante para los tribunales del país nipón), la cual suele ser falsa para poner fin a su sufrimiento. Además, las ejecuciones japonesas se realizan en la horca, un método de muerte de lo más arcaico.
Más del 80% de los japoneses apoyan la pena de muerte, según las últimas encuestas gubernamentales. Sin embargo, el secretismo con el que ésta se lleva a cabo y el hermetismo del gobierno nipón han incrementado el debate social sobre la abolición de esta práctica. Grupos como Focus 90 y la Asociación de Víctimas de Crímenes y Familias de Supervivientes realizan una fuerte presión con su activismo contra la pena capital y varios ex ministros de Justicia, como Seiken Sugiura, Megumu Sato y Keiko Chiba, mostraron públicamente su oposición a esta práctica -aunque esta última firmó dos sentencias de muerte en 2010 y fue la primera ministra de Justicia en presenciar una ejecución-.
Hubo una época en que la pena de muerte dejó de practicarse en Japón, durante el mandato de Sato entre 1989 y 1993, cuando se hizo evidente que varias ejecuciones se habían realizado de manera injusta y salió a la luz el maltrato que sufrían los presos. No obstante, el gran respaldo social hacia esta pena propició su restablecimiento. Desde la llegada al poder de Shinzo Abe como primer ministro japonés a finales de 2012, se han llevado a cabo 9 ejecuciones y actualmente hay 128 presos en el corredor de la muerte. Este año se ha realizado una, la de Masanori Kawasaki, de 68 años, ahorcado el pasado junio por cargos de asesinato. Esta ejecución se produjo poco después de que un tribunal ordenase la liberación de Hakamada Iwao, un preso que iba a ser ejecutado, hasta que hubo indicios de que la policía había falsificado pruebas. También el pasado febrero, un grupo de jueces pidió al ministro de Justicia, Sadakazu Tanigaki, que detuviera las ejecuciones hasta que hubiera una mayor transparencia judicial. Aún así, la ejecución de Kawasaki se llevó a cabo.
Si bien es cierto que el gobierno de Japón cuenta con un elevado respaldo social para la aplicación de la pena capital, cada vez hay más evidencias de que el sistema judicial nipón es muy deficiente. Si la pena de muerte es enemiga de los Derechos Humanos es porque, de la mano de un sistema judicial corrupto, constituye una herramienta perfecta para borrar del mapa a cualquier individuo que presente un obstáculo a los intereses de unos pocos.
CLÁUDIA MORÁN