Europa inquieta Europa inquieta

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Mantener dos sedes del PE equivale a construir un edificio del BCE cada década

Si hay un edificio comunitario que represente lo contrario de la austeridad no es, en mi opinión, la nueva sede del BCE. Puede que las dos acristaladas torres del Eurobanco –que han costado 1.200 millones de euros– sean un exceso, pero si los anticapitalistas que han encabezado las protestas contra su construcción quisieran afinar más la puntería, clamarían contra la segunda sede del Parlamento Europeo, la de Estrasburgo (la primera es Bruselas). Un brindis simbólico al pasado y un innecesario enaltecimiento de la duplicidad.

Sesión plenaria en Estrasburgo (SEEGER / EFE)

Sesión plenaria en Estrasburgo (SEEGER / EFE)

No lo digo solo yo, sino que es una reclamación histórica de la burocracia comunitaria y de algunos europarlamentarios combativos, no sé si cansados ya de viajar con sus maletas entre Bruselas y Estrasburgo unos poquitos días al mes o avergonzados del coste –en tiempo y en dinero– que supone sostener cada año este encorbatado circo ambulante (180 millones de euros, lo que viene siendo un edificio del BCE cada década, nada menos).

La campaña para establecer una sola sede del PE es antigua y acostumbra a sacar músculo del apoyo que concita entre políticos y ciudadanos, aunque a día de hoy no haya logrado aún su objetivo. Hay poderosas razones económicas, medioambientales, de eficiencia legislativa y, lo más importante, de puro sentido común. Pero corregir esta anomalía depende, en última instancia, de los Estados miembros y no del Parlamento, por lo que alcanzar la unanimidad es muy complicado.

Francia es el principal escollo para el objetivo de lograr la single seat. Para el Estado galo, tan reacio a perder su aura simbólica en la historia de la construcción europea, la sede de Estrasburgo es «innegociable», y la defienden con un argumento que pudo tener vigencia en su día, pero que ahora resulta bastante anticuado. En opinión de Francia, conservar varias sedes «preserva la Europa policéntrica y diversa que quisieron los padres fundadores». La diversidad tiene, a veces, un coste demasiado alto. A buen seguro, los padres fundadores, que sabían lo que se hacían, votarían hoy por abolirla.

‘Antici’: los encargados de anotar lo que hablan en secreto los líderes europeos

Hay una extraña mezcla de tradición y modernidad en la forma en la que la Unión Europea transmite sus decisiones. Junto a una voluntad encomiable de comunicación (los que hayan tratado con instituciones de la UE y con instituciones nacionales pueden dar cuenta del abismo que las separa) coexisten prácticas un tanto rocambolescas, conservadas en formol por la costumbre. Una de estas prácticas las llevan a cabo los antici.

Merkel y Rajoy conversan durante una reunión comunitaria (EFE).

Merkel y Rajoy conversan durante una reunión comunitaria (EFE).

Los antici son diplomáticos nacionales (de cada estado miembro) que se encargan de tomar notas mecanografiadas de lo todo que se habla en las cumbres de los jefes de estado y de gobierno de la UE. Ellos no tienen acceso directo a las conversaciones de los líderes, pero sí a un relato fiel transmitido por boca de un diplomático comunitario (conocido como debrief), que cada 15 minutos sale de la sala de reuniones. Un método con sus inconvenientes, pero que se lleva usando desde los años setenta.

De hecho, los embajadores permanentes ante la Unión que toman las notas se los conoce en la jerga bruselense como antici por el nombre del inventor del sistema, Paolo Antici, diplomático italiano recientemente fallecido que fue quien alumbró en 1975 este sistema. Los antici, aunque en España no sean muy conocidos, tienen una función muy importante en el engranaje comunitario, si bien –y ahí residen las críticas– sus transcripciones de las reuniones son secretas. Por ejemplo, el actual embajador de España en Turquía Cristóbal González-Aller ejerció de antici.

Precisamente ha sido este 2014 cuando los antici han salido de su relativo anonimato diplomático a raíz de un libro publicado en Alemania y que recoge las transcripciones oficiales y secretas de las cumbres de líderes europeos entre 2010 y 2013. El libro, que el periodista J. M. Martí Font, a quien entrevisté recientemente, traduce como Los que mueven los hilos en Europa, y no ha sido publicado aún, aunque debería serlo, en España. Esta obra no es la primera que analiza con una mirada crítica lo que sucede en Bruselas, de hecho en en el número 204 de la revista Le Monde Diplomatique (2012) hay un artículo que anticipa en parte lo que parece que sale en este libro.

Lo que dan a conocer Cerstin Gammelin y Raimund Loew, corresponsales en Bruselas para varios medios de habla alemana, es básicamente lo que en las crónicas periodísticas de los Consejos Europeos se vislumbra y lo que muchos creen con fe ciega: que durante los años de la crisis del euro la Alemania de Merkel, rocosa negociadora, se salió casi siempre con la suya, y cuando no, sus gestos de generosidad le sirvieron para luego ganar otras batallas más decisivas.

Supongo que algún día todas estas transcripciones dejarán de ser secretas y los historiadores que accedan a ellas podrán usarlas para mejorar el conocimiento de lo que pasó –y de cómo pasó– durante estos años decisivos para Europa. Mientras tantos los antici seguirán haciendo de escribas de las decisiones políticas debatidas a puerta cerrada.

Los lobbies en la UE: transparencia a medias

Perdón. Hace unas semanas comencé la casa por el tejado. Os hablé primero del lobby de la bicicleta –que stricto sensu ni es tal– y también del lobby laicista, pero olvidé comentar el estado de la cuestión lobista en la UE. Un tema complejo, confusamente entendido por muchos (a uno y a otro lado de la línea ideológica) y cuyo entramado legal ha experimentado cambios durante estos últimos años.

Bruselas es, después de Washington, el segundo centro de poder político del mundo donde más grupos de presión se arremolinan para tratar de influir en las decisiones de los legisladores. Hay cerca de 30.000 lobbies trabajando entre la Comisión y el Parlamento, según Corporate Europe Observatory). Una cifra muchísimo mayor que la registrada –el llamado Registro de Transparencia no es obligatorio, como sucede en EE UU- que apenas sobrepasa los 6.000 (marzo de 2014).

Una imagen del logotipo de Telefónica en su sede central (EFE).

Una imagen del logotipo de Telefónica en su sede central (EFE).

Las crónicas desde Bruselas describen un trasiego –yo cuando estuve no fui capaz de darme cuenta– de gente encorbatada circulando por los edificios comunitarios o dando información a los viandantes, sobre todo en las semanas de pleno en el PE. Más de 4000 personas, según Blanca Blay, están acreditadas para acceder a las instalaciones del hemiciclo y circular con libertad.

El asusto de la regulación de los lobbies en la UE viene de largo. En Influir para decidir, un artículo publicado en 1995 en la Revista de Estudios Políticos, Francesc Morata ya hablaba del creciente «foco de interés» de los grupos de presión. Entonces las cifras, veinte años atrás, eran mucho menores: alrededor de 3000 lobbies y 10.000 personas más o menos dedicadas a la actividad de influir. Hoy la cosa es tan diferente que, desde hace un par de años, la UE entró a regular directamente su inscripción.

Inscribirse en el Registro de Transparencia es gratuito y salvo unas cuentas excepciones –iglesias, partidos políticos, autoridades locales– el resto de organizaciones por pequeñas que sean, pueden en teoría inscribirse para influir legalmente en el proceso de toma de decisiones diarias sin tener la obligación, además, de regentar una oficina propia en Bruselas. Eso sí, todos, pequeños y grandes, deben suscribir un código de conducta.

Según el Informe anual sobre el funcionamiento del Registro de trasparencia de 2013, el útlimo disponible, más de la mitad de las organizaciones apuntadas pertenecían a empresas y agrupaciones profesionales y comerciales, y solo un tercio ONG. Una cifra que va en aumento (un 10% más cada año) según el actual sistema común –que lleva en funcionamiento varios años- va siendo conocido por las entidades con intereses comunitarios.

Visto desde España, y a pesar de que el sistema sigue siendo imperfecto, sobre todo comparado con el estadounidense, la regulación de los lobbies en la UE es de una transparencia inusitada. En España también hay lobbies, como en cualquier  otro estado, pero ni hay un registro oficial de tales ni de momento parece que vaya a haberlo en un futuro a corto plazo.

Para compensar esta carencia informativa, he hecho una somera búsqueda, en el Registro europeo, de los lobbies con sede social en España que llevan a cabo sus labores de influencia en Bruselas. El resultado de la búsqueda me devuelve casi 370 asociaciones y empresas que gastan dinero en promocionarse en las instituciones comunitarias. Hay nombres propios obvios, como Telefónica, Abertis o Repsol. Pero también muchas asociaciones agrarias, fundaciones culturales catalanas, universidades (alguna pública, como la de Vigo, y también privadas) y hasta la Gran Logia Simbólica Española, una organización masónica; aunque no todas, claro, dedican los mismos recursos ni personal a hacer lobby.

El debate sobre la regulación de los lobbies sigue siendo crucial. No hay que ser ingenuos respecto a su existencia e influencia en la política, pero tampoco conspiranoicos respecto a su poder, que a veces es menor del que se dice. El foco de debate debería ser otro: qué instrumentos son los más útiles para su regulación o si es necesario crear un registro obligatorio, como algunos especialistas en el tema, caso de Direnc Kanol, investigadora de la Universidad de Siena, argumenta positivamente en un artículo del Journal of Contemporary European Research. Ya que haberlos haylos, que al menos que los conozcamos por sus nombres y funciones.

Lo que el lobby ciclista reclama a Europa

Llevo tiempo pensando en cómo hablar de las elecciones europeas del próximo mes de mayo sin caer en lo más sencillo, aunque quizá excitante: las encuestas, los partidos, los candidatos, la posible configuración del arco parlamentario, etc.

Como nobleza obliga, algún día —más pronto que tarde— habrá algo de todo eso. Pero mientras tanto se me había ocurrido algo diferente: fijarme en lo que los diferentes grupos de presión reclaman a Europa de cara  los comicios. Empezaré con el lobby de la bicicleta.

Participantes en una marcha reivindicativa hacen una pausa en su recorrido en bicicleta (EFE).

Participantes en una marcha reivindicativa hacen una pausa en su recorrido en bicicleta (EFE).

En la UE hay muchas desigualdades. La del uso de la bicicleta quizá no sea la más injusta de todas, pero sí una de las más llamativas. Basta con pasar, por ejemplo, de Madrid a Berlín para darse cuenta. La integración del ciclista en la ciudad —su normalización, diríamos hoy— es completamente diferente allá donde viajes dentro del continente.

Los colectivos ciclistas, que lo saben, llevan tiempo reclamando una armonización de las reglas que faciliten y fomenten el uso de la bicicleta, no solo como una modalidad deportiva, sino principalmente como un medio de transporte urbano «práctico, seguro, rentable y saludable».

En este sentido, la Mesa Nacional de la Bicicleta (MNB), una plataforma creada en 2013 que aglutina a diferentes colectivos, han hecho público un manifiesto con propuestas dirigidas a los partidos políticos que concurren a las europeas de mayo.

Entre las medidas reivindicadas, la reducción del IVA para la compra de bicis, un Registro Europeo de Bicicletas (para luchar contra su comercio ilegal), una directiva para financiar el uso de la bicicleta entre trabajadores y estudiantes o la homologación y unificación de normas de tráfico, etc. Aquí podéis leer los 17 puntos.

Personalmente, como ciclista más o menos habitual (menos de lo que me gustaría), estás reclamaciones me resultan sensatas y coherentes. Desconozco si son fáciles de aplicar en todos los estados miembros, el tiempo que llevará o si realmente Bruselas tiene en su agenda estos temas, pero estoy convencido de que merece la pena hacer ruido y pe(da)lear.