Me encuentro con Rubem Cesar, director de la ONG Viva Rio, que lleva años luchando para tratar de frenar la violencia en Brasil.

Los datos que me pasa, de un informe parlamentario sobre el tráfico de armas y sus consecuencias, con fecha 27 de noviembre de 2006, son terroríficos: «En Brasil muere una media de 100 personas al día, lo que convierte al país en el campeón mundial en número absoluto de muertes de esta naturaleza, superando a países en conflicto como Irak, Israel/Palestina y Colombia«. *

La falta de control y sobredimensión del mercado de las armas tiene una relación directa con la violencia. En Brasil hay 17 millones de armas, de las que el 90% están en manos de civiles. El 50% de estas son ilícitas, osea, que no están registradas. Se calcula que los delincuentes en Brasil manejan un volumen de cuatro millones de armas.

Sin embargo, la mayor parte de las armas en poder de los criminales partieron de tiendas autorizadas a su venta (el 68% de las incautadas por las fuerzas de seguridad).

También se descubrió que un porcentaje importante de este armamento pertenecía originalmente a la policía, por lo que cabe deducir que algunos de sus integrantes venden armas a los criminales. Los bajos salarios son, sin dudas, un aliciente, así como el derecho que tiene un policía brasilero a comprar hasta dos armas nuevas en dos años.

«Todas las armas son legales en su origen, pero en algún momento, en algún lugar del camino, se desvían y terminan en las manos equivocadas», me explica Rubem. «Lo que intentamos investigar es en qué parte de recorrido se desvían para saber quién es responsable y para cerrar las puertas que comunican al mundo legal con el ilegal».

Brasil es uno de los principales productores de armas del mundo. Según Rubem, lo que hacían algunas empresas en los años noventa era vender, en teoría, armamento a Paraguay, para conseguir así los certificados, aunque luego los productos terminaban en el mercado interno brasilero.

Entre las armas incautadas por la policía también hay de fabricación extranjera, lo que llevó a las autoridades brasileras a pedir información a las empresas y gobiernos productores para tratar de saber también en qué momento pasaron a la ilegalidad. Ni el ejecutivo español ni sus compañías dieron respuesta alguna. Sí lo hizo EEUU.

* Comissao Parlamentar de Inquerito sobre Organizacoes Criminosas do Tráfico de Armas. Camara dos Deputados. Deputado Raul Jungmann. Brasília, 27 de novembro de 2006