Mientras que buena parte de la economía española sigue esperando el acceso al crédito, la flexibilización laboral, la reactivación de la demanda y la aún por demostrar pujanza y creatividad de la clase empresarial más allá del «complejísimo» negocio del ladrillo (tan complejo, perdonen el sarcasmo, que en algunos casos pasaba por comprar suelo a precio de ganga, sobornar al ayuntamiento para que lo recalificara, contratar a una cuadrilla de inmigrantes indocumentados sin seguridad ni derechos laborales, y luego comprarse un Mercedes Benz, fumarse un puro y facturar cientos de millones de euros a cuenta de la burbuja). Mientras que buena parte de la economía espera comenzar a renacer de las lóbregas profundidades de la crisis, el sector de la fabricación y venta de armas vive los momentos más prósperos de su historia.

Según un informe hecho público hoy por Amnistía Internacional:

Los datos del primer semestre de 2009, aportados por el Ministerio de Comercio, muestran que España exportó material de defensa por valor de 411,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,5% sobre el mismo periodo del año anterior.

¿Cómo se ha conseguido este milagro?¿Este aumento del 65% en la cuenta de resultados de aquel semestre en el que ni siquiera teníamos brotes verdes para aderezar la amarga ensalada de nuestra ilusión cotidiana? Dejando a un lado la iniciativa empresarial y la generosidad crediticia de los bancos hacia el sector de la mal llamada «defensa», la respuesta a estas preguntas la encontramos en el incumplimiento del ordenamiento jurídico.

¿Qué ley? Aquella que se aprobó con no poco esfuerzo en 2007 y que celebramos en este blog ya que tras tantos años de opacidad suponía que el Gobierno debía empezar a explicar abiertamente qué criterios emplea a la hora de autorizar la venta de armas al extranjero. Una ley que Amnistía Internacional describe de la siguiente manera:

La Ley 53/2007 regula estas ventas, y establece que no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario (DIH), donde haya riesgo de desvío a otros países, etc. También establece que a la hora de autorizar exportaciones, el Gobierno debe tener en cuenta los informes de instituciones internacionales como la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Los países que han ayudado a engrosar los beneficios de la industria armamentística española, y que vulneran los enunciados de la Ley 53/2007, no son pocos: Marruecos (29,5 millones de euros); Colombia (31 millones); Arabia Saudí (5 millones); Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Ghana y Guinea Conakry.

Ghana, gran país de cazadores

De los crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Sri Lanka en su ofensiva final contra los tamiles, hemos dado cuenta en este blog. España autorizó exportaciones a este país por valor de 1,1 millones de euros en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”.

También hemos seguido de cerca en estas páginas la masacre cometida por el gobierno golpista del capitán Musa Dadis Camara. El 28 de septiembre de 2009, el ejército disparó contra los opositores que se habían reunido en el estadio de fútbol de Cronaky. Murieron cerca de 160 personas y otras 1.200 resultaron heridas. Aunque la junta militar tomó el poder en 2008, España vendió a esta pequeña nación de África occidental 1,48 millones de euros en cartuchos de escopeta para uso privado.

En 2004 las ventas a Ghana alcanzaron los 15 millones de euros en armas y munición de caza, lo que convirtió a España en el mayor exportador de munición al África subsahariana. El pasado año esta cifra se redujo a 3,4 millones de euros. Se trata sin dudas de un avance, aunque resulta insuficiente. O los 23 millones de ghaneses constituyen el pueblo más aficionado a la caza deportiva del planeta – ¡no debe quedar un sólo animal vivo en todo el país! -, o aún debemos sospechar que las municiones pasan por Ghana y terminan en los inestables estados vecinos.

El amigo israelí

Con respecto a Israel – al que venderle armas o firmar acuerdos conjuntos de desarrollo armamentístico implica apoyar su política de constante violación de tratados internacionales, ocupación y segregación racial -, España no tiene buenos antecedentes: antes de la última masacre en Gaza, la operación Plomo Fundido, le había vendido material bélico por valor de 1.551.933 euros. La práctica totalidad, en concreto el 94,13%, tenía como destinatario a las Fuerzas Armadas del Estado hebreo.

En este blog fuimos tristes testigos desde el terreno de las nefastas consecuencias de las acciones de los aviones no tripulados israelíes sobre los habitantes de Gaza y Líbano en 2006. Aquel uso masivo – genial operación de marketing – que disparó a nivel mundial la carrera por los drones. Ahora España se ha sumado a esta carrera. Y lo ha hecho de la mano del maestro: Israel.

La empresa española Aries Ingeniería y Sistemas alcanzó en 2009 un acuerdo con la compañía israelí Goldtech Technologies. Fuentes de la empresa han reconocido que esto podría suponer un primer paso para la venta de “tecnología e ingeniería de aviones no tripulados”. Entre los principales clientes de Goldtech Technologies se encuentran el ejército y el Ministerio de Defensa israelí.

“Por el tipo de producto de que se trata, y por el país de destino, una exportación de este tipo violaría todas las líneas rojas establecidas en la Ley”, sostiene Mabel González, de Greenpeace, organización responsable también del informe.

Guinea Conakry, Sri Lanka, Marruecos, Ghana, Israel… la cuenta de resultados pletórica. Un Mercedes Benz, un puro y unos pies sobre la mesa para el Gobierno y los empresarios a cuenta de los derechos humanos.