El 8 de agosto de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió hacerse con los derechos televisivos de los partidos de primera división de la liga argentina. Creó el programa Fútbol para Todos y pagó 600 millones de pesos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para llevar a cabo esta operación.
Unos 100 millones de euros que le permitieron quitar el patrimonio sobre estos derechos a la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), integrada por Clarín, grupo de comunicación con el que lleva años enfrentándose abiertamente. TSC tenía contrato hasta 2014, lo que ha generado una agria disputa en los tribunales.
Fútbol para Todos emite los partidos a través de Canal 7, la televisión pública, y de aquellas señales abiertas que lo soliciten a la Jefatura de Gabinete de Ministros, responsable del programa.
Publicidad gubernamental
No han sido pocas las críticas a Fútbol para Todos. En primer lugar, que implica el uso de recursos públicos que podrían aplicarse en áreas productivas.
Más allá de la bonanza de los últimos años, dada en buena medida por el precio internacional de la soja, la Argentina no es un país que se pueda dar el lujo de malgastar fondos públicos, de no aprovechar la buena coyuntura, el viento de fondo de los impuestos de las exportaciones, para poner bases sólidas para el futuro como están haciendo Chile y Brasil.
El resto de críticas vienen a raíz de que, a excepción de IVECO, la publicidad que aparece durante los partidos es del Gobierno, lo que incrementa aún más la inversión pública en la difusión del fútbol de primera división. Resulta imposible ver un partido en Argentina sin que aparezcan constantemente mensajes que ensalzan los logros del Ejecutivo de Kirchner.
Ahora, el nuevo formato de campeonato planteado por la AFA, en el que se unirían los 38 equipos de primera y segunda división para jugar entre sí, elevaría para el calendario 2012-2013 la inversión del gobierno en el programa Fútbol para Todos a unos 1.200 millones de pesos. Más de 200 millones de euros.
Pan y circo para todos
Hace unas semanas, la presidenta inauguraba Tecnópolis, una feria que presenta en retrospectiva los adelantos tecnológicos del país. Un intento por mostrar otra Argentina, moderna, igualitaria, frente a la socialmente injusta, clasista y burquesa, que sus fieles seguidores, llamados “K”, dicen que representa la exposición de la Sociedad Rural, que se organizó en las mismas fechas.
Pero si tomamos en cuenta que la inversión en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es de 1.500 millones de pesos – frente a los 1.200 millones que se estima que se gastará en el fútbol -, la contradicción entre el discurso y la acción resulta no poco llamativa, como también revelan otros indicadores. La inversión en I+D de Argentina apenas alcanza el 0,6% del PIB.
Contradicción que queda más aún al descubierto frente al anuncio realizado ayer por el gobierno de Dilma Rouseff: Brasil elevará al 2% del PIB su inversión en investigación y desarrollo tecnológico, además de poner en marcha un ambicioso programa para contratar a científicos extranjeros bautizado “Brasil sin fronteras”.
Todo esto sin contar que el Gobierno argentino poco o nada ha hecho para terminar con los llamados barras bravas (cuyo accionar llevamos semanas describiendo en este blog) y su vinculación con la política. Y mucho menos para que haya más transparencia en la caótica gestión de los clubes y los pases de jugadores, que tan íntima relación tienen con la violencia en este deporte.
¡Viva Futbópolis!









Comentarios recientes