“Todo lo legal no es moral (…), así que todo no vale”.
Con este marco de referencia inauguró el pasado 12 de noviembre la Decana de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dña. Pilar Laguna Sánchez, el 5º Seminario de Innovación en Marketing, la disciplina con mayor incidencia en los roles que desempeñan mujeres y hombres en nuestras sociedades, y es como quiero empezar esta breve intervención en mi nombre y en el del resto de compañeras y compañeros que hoy se gradúan en este Grado de Igualdad de Género tan presente en la prensa –desafortunadamente- en los últimos tiempos por su desaparición.
Han sido cuatro años de esfuerzo hercúleo –o mejor dicho boloniano– para quienes estudiamos en el modo semipresencial: cinco asignaturas por cuatrimestre, prácticamente a un trabajo por semana, un examen parcial y uno final por cada una, y bibliografía que no daría tiempo a leer en dos vidas.
Pero hay una característica clave entre el alumnado de esta primera promoción: somos personas con responsabilidades familiares y personales, nadie nos hace la comida, ni lava nuestra ropa, ni nos paga la hipoteca o el alquiler, en definitiva, nadie nos cuida, sino todo lo contrario. A pesar de nuestra edad que dobla la de cualquier estudiante, hemos llegado a la universidad –muchos por segunda y hasta por tercera vez– como fruto de la reflexión personal: la especie humana tiene sus días contados si no conseguimos dar un cambio de timón a las políticas públicas y configuramos un tipo de sociedad en la que todas las personas tengan asegurados sus derechos fundamentales recogidos en nuestra carta magna, fundamentalmente el derecho a la vida, y no a una vida cualquiera, a una digna como establece el art. 1 de la CE.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 1 CE).
Amartya Sen, premio nobel de economía en el año 1998, definió el desarrollo de los pueblos como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos, alejándose así de la visión que asocia el desarrollo con el simple crecimiento del PIB; un desarrollo sostenible que a la vez habrá de ser capaz de responder a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas.
Y la realidad es que estamos en el año 2014, en pleno siglo XXI, y nuestro país se enfrenta a un gravísimo problema, el mismo que el resto de países europeos (a excepcion de los nórdicos): tenemos una tasa de fecundidad de 1,32 hijos/mujer, muy por debajo de la tasa de reposición poblacional, que está en 2,1, y una tasa de dependencia demográfica del 51%. Esta tasa, que es la ratio entre el número de personas de la tercera edad y el número de personas en edad de trabajar, llegará, según las estimaciones del INE, hasta valores cercanos al 60% en los próximos diez años. Así que en muy poco tiempo será imposible atender las necesidades del grueso principal de la población, y que no se hagan ilusiones las mentes paleolíticas: tampoco habrá mujeres para cuidar de los demás, sino para ser igualmente cuidadas. Sobre este grave problema y sus soluciones abunda María Pazos Morán en su reciente libro Desiguales por Ley, que les recomiendo.
Porque la caída en picado de la demografía –y por tanto de la vida en el planeta– no es el resultado de una moda: la tasa de reposición poblacional es la cifra que coincide, segun las encuestas del CIS, con el número de hijos deseado por las familias, y que no depende sino de las condiciones materiales que hagan viable la decisión de ser madres y padres. Y las condiciones materiales, como es fácil deducir, tienen mucho que ver con la igualdad de género, con el derecho que las sociedades democráticas ofrecen a sus ciudadanos y ciudadanas en cuanto a las posibilidades de desarrollo vital. Evidentemente, no serán iguales las condiciones materiales de una familia en la que trabajen ambos progenitores que en la que sólo trabaje uno.
La brecha de género salarial, la que se da entre una mitad de la ciudadanía –las mujeres– y la otra, sigue rondando el 23 %, lo que significa que una mujer, además de trabajar en dos sitios a la vez (en casa y en el trabajo formal), tiene que trabajar 84 días más al año para ganar lo mismo que un hombre realizando el mismo trabajo. La misma brecha en las tasas de empleo se sitúa en el 9,6%, siendo significativos los datos sobre empleo a tiempo parcial: un 6,6% de los hombres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, frente a un 24,5% de mujeres. Pero lo llamativo son las razones: ellos declaran en primer lugar que es por no poder encontrar trabajo a jornada completa (65,9%), por seguir cursos de enseñanza o formación (9,6%) y por otros motivos que no especifican (15,8%); mientras que entre las mujeres, las principales razones son: no encontrar empleo a tiempo completo igualmente (56,3%), por tener que cuidar de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores (14%) y por otras obligaciones familiares o personales (6,6%). Con estos datos, es fácil entender que los cargos directivos varones en las empresas españolas doblen a los ocupados por mujeres, o que sólo el 18,1% lleguen a ser catedráticas en nuestras universidades a pesar de representar un 37% más entre el alumnado graduado en estudios superiores. Demasiado trabajo para las únicas 24 horas que tiene un día.
En lo único que mujeres y hombres ya somos prácticamente iguales, es decir, en lo único que tenemos el mismo tratamiento como seres humanos equivalentes que somos, es en las tasas de paro: 6 décimas nos separan solamente.
Pero hay otro dato que defiende la necesidad de apostar por la igualdad de género de forma urgente, y sin duda es el más importante: desde que alcanzan los datos fiables, el año 1995, en nuestro país han sido asesinadas 1.292 mujeres a manos de sus parejas o exparejas varones (72 víctimas mortales más de las que el terrorismo ha ocasionado en 41 años).
La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo un imperativo legal, sino, sobre todo, es un imperativo ético y moral. El funcionamiento de nuestro sistema democrático no garantiza el derecho a la vida a la mitad de la ciudadanía (ni al resto, puesto que muchos de los hombres que asesinan a sus parejas después se quitan la vida). Es urgente incluir la transversalidad de la igualdad a la que obliga la Ley 3/2007 en todas las esferas públicas y privadas. La igualdad tiene que calar en las personas y cambiarles su ADN socioemocional, de forma que los hombres vean a las mujeres como sus equivalentes humanos y las mujeres se vean a sí mismas como equivalentes a los hombres, con el mismo grado de valor humano y de posibilidades de desarrollo.
Entre estas políticas públicas urgentes, está una con un gran potencial de cambio y que, curiosamente, se ha caído de los programas electorales de los tres partidos mayoritarios que en principio la aplaudían (PP, PSOE e IU): la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad que defiende la PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción) de la que formamos parte muchos compañeros, compañeras y profesorado de este Grado; la existencia de dos progenitores productores- sustentadores y cuidadores a la vez permitiría, junto a otras medidas como la educación pública universal de 0-3 años y unas jornadas de trabajo más reducidas para todos, resolver los problemas demográficos, las altas tasas de pobreza infantil (30%, una de las mayores entre los países desarrollados), y sobre todo, facilitaría ese cambio de ADN socioemocional en las personas, permitiendo el aprendizaje de roles igualitarios alejados de los actuales sexistas, causantes de las tremendas injusticias sociales y humanas que hemos desgranado.
Y un dato relevante que no podemos dejar de mencionar: en los currículos educativos de los Grados de Educación Infantil y Primaria del grueso de universidades de nuestro país, donde el alumnado se prepara –en teoría- para coeducar, es decir para educar a niños y niñas en igualdad de oportunidades, no existe ninguna asignatura que les prepare en el principio constitucional de igualdad.
Así que, cerrando con el mismo marco que inicié esta intervención, como todos ustedes podrán comprender, la decisión de eliminar este Grado de Igualdad de Género de la parrilla de estudios de esta universidad –el único en España– será legal, pero bajo ningún concepto podrá calificarse de moral.
