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"Lo que tenemos que hacer es montar un bar. Y si no funciona, lo abrimos". Viejo adagio periodístico

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La libertad de información en España, el regreso al futuro sin Delorean

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2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.

Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.

En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.

Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:

La crisis como excusa

“Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado”, decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.

El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.

Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.

Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.

Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.

Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.

“En España no hay ruedas de prensa sin preguntas”, según la secretaria de Estado de Comunicación

La Ley de Transparencia, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y las ruedas de prensa sin preguntas fueron algunos de los asuntos que abordamos en el encuentro que el pasado día 4 se celebró entre los integrantes de la delegación internacional de organizaciones defensoras de la libertad de información y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.

A dicho encuentro asistí como presidenta de la recién constituida Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) para presentar los objetivos de la Plataforma a la secretaria de Estado, y trasladar la preocupación de los integrantes de la PDLI por las amenazas contra la libertad de información en España, sustentadas en gran parte en reformas legales promovidas por el actual Gobierno.

Precisamente ayer se conoció una de las consecuencias de la aplicación de dichas reformas: el anuncio de Google de que retira de España su servicio Google News a raíz de la entrada en vigor el 1 de enero de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Sobre las sensibilidades que recoge dicha Ley, la secretaria de Estado nos aseguró que el Gobierno ha recogido los puntos de vista no solo de la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) sino de distintos periodistas que reivindican la propiedad individual (y no de los medios para los que trabajan) de los derechos sobre sus obras/artículos. Pero “no se puede gustar a todo el mundo”, concluyó Martínez de Castro cuando le planteé las críticas que desde otros ámbitos periodísticos, empresariales y jurídicos han surgido en torno a la irrenunciabilidad del llamado #CanonAede, una cuota que la nueva LPI establece de pago obligatorio para aquellos agregadores que recojan noticias de medios, y cuyo cobro es “irrenunciable”, aunque haya quienes no deseen cobrarla.

Según le trasladé a la secretaria de Estado, esta categoría de “irrenunciabilidad” equipara el derecho a la propiedad intelectual a los derechos fundamentales, algo que la PDLI considera desmesurado, máxime teniendo en cuenta que derechos como el de libre acceso de la ciudadanía a la información pública no son considerados fundamentales en España.

Martínez de Castro matizó que la LPI “reconoce esa irrenunciabilidad, pero no la regula”, haciendo referencia al reglamento que desarrolla dicha ley y que todavía no ha sido elaborado. Para la secretaria de Estado, dicha reforma “es un gran avance, que supera algunas de las deficiencias de aplicación en otros países y que aborda el dominio de grandes agregadores”.

LA LEY DE TRANSPARENCIA

En la reunión, que contaba con representantes del International Press Institute, Access Info, la Federación Europea de Periodistas y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también se abordaron cuestiones relativas a la Ley de Transparencia, que entró en vigor este 10 de diciembre, como su desacompasamiento respecto a los estándares internacionales de transparencia, la exclusión en el artículo 18 de la posibilidad de solicitar información como informes, notas internas o cualquier documentación pública que no conste de una definición jurídica y la preocupación por la limitación que supone reconocer tan solo el acceso a información administrativa.

Martínez de Castro aseguró que “se ha hecho un enorme esfuerzo por tener en cuenta opiniones distintas” y pidió “darle una oportunidad a la ley”.  Yo le manifesté mi sorpresa por el hecho de que una Ley de Transparencia recién nacida no constituya siquiera un instrumento eficaz para publicar los gastos en viajes de los senadores –al hilo del caso Monago-, a lo que la secretaria de Estado respondió que las preguntas relativas a la transparencia del poder legislativo deben ser dirigidas a este.

“EN ESPAÑA NO HAY RUEDAS DE PRENSA SIN PREGUNTAS”

En cuanto a las ruedas de prensa sin preguntas, la secretaria las calificó de “leyenda”, afirmó que “en España no hay ruedas de prensa sin preguntas” y diferenció las ruedas de prensa –“donde sí se permiten preguntas”, aclaró- de las declaraciones institucionales y comparecencias, en las que los periodistas solo reciben información.

También calificó de “anécdota” la famosa comparecencia de Rajoy a través de una pantalla de plasma, en febrero de 2013.

Durante la reunión se le comunicó a la secretaria de Estado que la PDLI monitoreará las ruedas de prensa, comparecencias y declaraciones institucionales para poder evaluar de manera objetiva el grado de respuesta del Gobierno a las preguntas que la ciudadanía les plantea a través de los periodistas.

LPDI

Otra manera de agradecer el premio iRedes

El II Congreso Iberoamericano sobre redes sociales anunció ayer los ganadores de los premios iRedes: Enrique Meneses, maestro y referencia imprescindible para cualquier periodista -en ejercicio o en ciernes-, gana en la categoría Letras Enredadas. Para el presidente del jurado, el profesor universitario José Luis Orihuela, Meneses es un “ejemplo de la voluntad y capacidad de adaptación de un gran periodista a los nuevos medios y modos de comunicación”.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), cuyo objetivo es impulsar el buen uso del idioma en los medios de comunicación, obtiene el premio iRedes en la categoría institucional “por su acción dinamizadora, en las redes sociales, del buen uso de la lengua en los medios de comunicación”, en palabras de Orihuela. (20 Minutos fue, a la sazón, el primer diario con el que Fundéu firmó un acuerdo de colaboración.)

Y el premio iRedes en categoría individual lo han concedido a la autora de este blog que, a juicio del presidente del jurado, “representa una nueva generación de directivos de medios que han comprendido la transformación cultural que se requiere en las redacciones”.

Nunca había recibido tantos mensajes de felicitación ni por tantas vías diferentes como ayer, tras hacerse público el fallo del jurado. Ante la imposibilidad de responder a todos -e intentando hacer honor al objetivo de los premios iRedes: reconocer “la originalidad, eficacia y repercusión“-, me lancé a preparar mi primer Storify para transmitir a todos mi agradecimiento (es mejorable y solo contiene los mensajes de ayer; para la próxima prometo superarme). Casi doce horas después de haberlo publicado -y tras espamear involuntariamente a medio Twitter por mi impericia-, he conseguido insertarlo en este post; la originalidad tiene su precio, ya saben.

Y todo esto solo para decir “¡Gracias!”.

(Gracias a Melisa Tuya y a Federico Álvarez por su ayuda técnica con este post).

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La patata caliente del control de las descargas, en manos del PP

La presión social tras la publicación anoche de un nuevo manifiesto por los derechos fundamentales en Internet y un duro enfrentamiento en el consejo de ministros han dado al traste con la aprobación prevista del reglamento que desarrollaría la ley Sinde. PSOE y PP habían pactado sacar adelante dicho reglamento en el penúltimo consejo de ministros del Gobierno de Zapatero, pero varios ministros se han opuesto a la aprobación de esta medida, contestada de forma masiva desde primeras horas de la madrugada en redes sociales y blogs, y el consejo ha dado marcha atrás en su decisión. La patata caliente de la regulación de webs de descargas pasa ahora a manos del nuevo Gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta (siempre y cuando no se le cruce a nadie un cable en el último consejo de ministros del día 16).

La Ley Sinde, salvada por la campana (actualización: el Gobierno da marcha atrás*)

*ACTUALIZACIÓN: El consejo de ministros ha reculado en su decisión de aprobar el reglamento de la ley Sinde. Ahora, la patata caliente del control de las descargas queda en manos del PP. 

Un día como hoy de hace dos años, la Red hervía a estas horas con un manifiesto redactado por un grupo de ciudadanos preocupados por el futuro y desarrollo de Internet. Era el Manifiesto por los derechos fundamentales en Internety nacía en respuesta al anteproyecto de la conocida como Ley Sinde, cuyo objeto es cerrar las webs de descargas llevándose por delante derechos y libertades que comprometen a toda la ciudadanía. Porque, no lo olvidemos, Internet es la calle por la que, antes o después, todos pisamos.

Desde anoche la Red ha vuelto a bullir con una reedición de aquel manifiesto que 20 Minutos, como ya hizo entonces, suscribe y apoya. Si en aquel diciembre de 2009 la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, coló de rondón dicho anteproyecto de Ley dentro de la Ley de Economía Sostenible, hoy el Gobierno en funciones tiene intención de aprobar en su penúltimo consejo de ministros el reglamento que desarrolla dicha Ley Sinde. Y lo hace con el apoyo del PP, que en unas semanas se pondrá a los mandos de la nave gubernamental. [No está de más recordar que dicho anteproyecto de ley salió adelante gracias al respaldo parlamentario de PP y CiU a la propuesta del gobierno del PSOE y tras presiones de Estados Unidos, como revelaron los cables de Wikileaks].

Es decir, que un Gobierno que ha perdido unas elecciones pacta con el Gobierno entrante para sacar adelante en el último momento, casi con carácter de urgencia y en vísperas de un largo puente, una de las leyes más polémicas de los últimos años. No es baladí recordar las cifras alcanzadas por cada uno de estos partidos en las elecciones del día 20: el PSOE fue votado por 2 de cada 10 españoles con derecho a voto (casi 3 de cada 10 de los que acudieron a las urnas); el PP fue elegido por 3 de cada 10 españoles del censo electoral (4,5 de cada 10 que el día 20 metieron su papeleta en la urna). Datos que deberían hacer reflexionar a ambos grupos en torno al significado de la palabra “representatividad”.

En el anterior consejo de ministros se anunció el indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. En el de hoy, saldrá adelante el reglamento de la Ley Sinde. Asusta pensar lo que puede aprobarse el 16 de diciembre, día del último consejo de ministros.

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El viñetista de 20 Minutos Eneko creó este dibujo hace dos años para ilustrar el recorte de libertades que suponía la Ley Sinde. Su paloma se convirtió en un icono en la Red. Anoche volvió a volar. Úsala, reprodúcela, cópiala: se publica bajo licencia Creative Commons.

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