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"Lo que tenemos que hacer es montar un bar. Y si no funciona, lo abrimos". Viejo adagio periodístico

La libertad de información en España, el regreso al futuro sin Delorean

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2015 es el año en el que aterrizaban los protagonistas de la segunda entrega de Regreso al futuro. En su viaje ficticio anticipaban, sin equivocarse, la existencia del cine en tres dimensiones, las videollamadas o la ropa inteligente. Lo que no lograron adelantar es que en ese 2015 países de la Vieja, Grande y Unida Europa vivirían anclados en pretéritos más acordes con épocas predemocráticas en los que la libertad de información -un derecho que fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948- sería banalizada, menospreciada y despreciada por ciertos Gobiernos. No anticiparon este regreso al futuro sin Delorean.

Madrid, 17 de junio de 2015: integrantes de organizaciones mundiales que defienden la libertad de información, como el International Press Institute (IPI), el Committee to Protect Journalists (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (EFJ) o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), inician una ronda de contactos y reuniones con políticos e instituciones para reclamar mayores garantías para ejercicio de la libertad de información en España, en un momento en el que las conocidas como Leyes Mordaza están a punto de empezar a aplicarse, y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.

En esta ronda de contactos que concluye el día 19 se mantendrán conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo, Grupos Parlamentarios (portavoces, Comisión de control de RTVE y Comisión de justicia), Defensora del Pueblo y partidos políticos sin representación parlamentaria (Podemos y Ciudadanos) y representantes del ministerio de Justicia. Tanto Industria (que tiene en marcha el concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT) como Interior han declinado reunirse con esta delegación; la Secretaría de Estado de Comunicación aún no ha confirmado su participación.

Impedir el libre acceso de la ciudadanía a la información significa amordazar el estado de derecho. No hay ninguna razón de excepcionalidad que justifique los desmanes legislativos que estamos viendo y que empezarán a ser una realidad práctica en muy pocos días. Lo explico en este artículo que escribí para presentar el informe Límites y amenazas al ejercicio de la libertad de información en España, elaborado por la PDLI:

La crisis como excusa

“Algunas de las violaciones de derechos humanos más despreciables de este siglo se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las reformas radicales que habrían de traer ese ansiado libre mercado”, decía Naomi Klein en una entrevista al poco de publicar ‘La doctrina del shock’.

El libro de Klein salió de la imprenta en 2007, justo cuando daba comienzo la mayor crisis económica de la historia moderna, en cuyas consecuencias aún estamos inmersos. En nombre de esta crisis se han articulado ‘reformas’ y medidas que han provocado un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, entre poderosos y ciudadanos -con el consiguiente abandono institucional y político de estos últimos-, una exclusión apoyada siempre en argumentos casi irrefutables por lo que implican de ‘salvación’ colectiva: la recuperación económica, la seguridad y la estabilidad.

Pero con la crisis llegó también la democratización de la información, entendida como el acceso masivo de la ciudadanía a Internet, y la toma colectiva de conciencia de que el manejo de la información es clave para el control y la evaluación continua de quienes rigen nuestros designios. Y así la participación y la denuncia ciudadanas a través de las redes sociales empezaron a tener sus efectos más allá de la virtualidad de Internet: las protestas contra la Ley Sinde en 2008, el movimiento #nolesvotes, las movilizaciones de Juventud Sin Futuro, entre otros, y finalmente, el 15M y el revolcón del bipartidismo en las últimas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, consecuencia directa de aquellas protestas cuyo epicentro fue la Puerta del Sol.

Las personas en el poder han visto en estas nuevas formas de comunicación y de protesta una amenaza clara a sus intereses, y por eso unos meses antes de las recientes elecciones empezaron a articularse una serie de reformas legales encaminadas a la protección del estatus de ese ‘establishment’ a costa de un adelgazamiento de las libertades y derechos ciudadanos.

Muchas de estas reformas tienen un común denominador: acotar esas maneras de compartir información, poniendo puertas al campo de Internet como ámbito de libre comunicación y penalizando, en ocasiones de manera desproporcionada, las nuevas vías de protesta. Algunas de esas iniciativas legislativas han visto ya la luz, otras están a punto de entrar en vigor: de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) a la doble reforma del Código Penal -que han sido puestas en cuestión incluso por relatores de derechos humanos de la ONU-, pasando por la nueva Ley de Propiedad Intelectual o por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este marco nace, en octubre de 2014, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), como respuesta a la preocupación de un grupo de periodistas, personas del ámbito jurídico y de ciertos movimientos sociales por lo que consideramos una serie de amenazas a la libertad de información, sustanciadas sobre todo en esas reformas legales ya mencionadas, pero también en prácticas poco transparentes por parte de instituciones y administraciones públicas, y que tienen consecuencias no solo para medios y periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Porque, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución, el derecho a la información no es solo el derecho a comunicar libremente; es también el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz a través de cualquier medio de difusión.

Por eso la PDLI defiende la libertad de información como aval de la sociedad democrática española. Y por eso su principal objetivo es poner foco sobre esas amenazas, analizar y dar visibilidad a cualquier intento de coartar dicha libertad, dotando a la ciudadanía de herramientas (como mapea.cc) para que pueda denunciar cualquier abuso que se produzca en este ámbito. Queremos ser primero notarios de estos desafíos, y luego altavoces de esa realidad, con el objetivo siempre de revertir la situación y de contribuir a garantizar el libre ejercicio de esos derechos.

4 comentarios

  1. Dice ser Juan

    “y cuando las detenciones y juicios a periodistas son continuos.”

    Pues será porque cometen algún delito. Porque vamos, tal y como se menciona, parecería que el hecho de ser periodista te da derecho a violar la ley.

    Respecto a la ley mordaza… ¿qué artículo va contra los periodistas?

    Sospecho que todo va por temas como la sanción a quien publique un sumario secreto. Es decir, a quien se salte un auto judicial. No sé, no veo en ningún artículo de la Constitución que un periodista por el hecho de serlo pueda pasarse por el forro una decisión judicial. Pero será que yo no sé de esto…

    17 junio 2015 | 16:50

  2. Dice ser Rapha

    Yo también defiendo la libertad de información; pero ésta sólo se entiende partiendo del derecho a la información que tienen los ciudadanos. Y por ejemplo los lectores de 20minutos tenemos que buscar la información taurina en otros diarios, ya que 20minutos no quiere satisfacer el DERECHO de TODOS a recibir información sobre actualidad. Habría gente a la que no le gustase, por supuesto, pero que no hagan click en la noticia si no quieren verla. Salu2

    21 junio 2015 | 17:47

  3. Dice ser nekane

    falta educación para entender la libertad y los derechos
    solo por eso retrocedemos…
    la prensa libre ya murió apenas se alumbró
    una pena, un asco

    23 junio 2015 | 12:00

  4. Dice ser Libertad de represión

    Dice ser Juan y Dice ser Rapha, con razón el post pone el acento en el derecho a la información veraz de la ciudadanía (hoy en gravísimo peligro de extinción, ni siquiera los medios supuestamente más “progres”, se han visto liberados del yugo opresor de esta dictadura democratizada nuestra, ya que sus más críticos y brillantes colaboradores y profesionales o bien han sido expulsados de sus espacios -Carnicero-, o bien la línea editorial llevada a cabo por la cadena, ha cambiado 360º en el tratamiento de la información política o económica, cuyos invitados suelen ser personbajes significados de la ultraderecha patria -todos los entrevistados/as del PP, el nivel de purga ideológoca llevada a cabo en esa cadena es demoledor, todo ello culminado con un incremento de los ratios de audiencia, con los que incrementar su cifra de negocios a costa de practicar EREs masivos en los últimos tiempos-) incluso para áquella que como vosotros adolecen de sentido común, no digamos ya de raciocinio, es obvio que tras leer vuestros sapientes comentarios, uno pontificando una ley neofascista como la relatada en el post (Ley Mordaza) basándose en los mismos argumentos peregrinos y absurdos que han dado luz a una ley predemocrática que coarta la libertad de expresión, la libertad de manifestación y la neutralidad en la red, y el segundo aludiendo a un déficit en la oferta periodística de este diario recordando que se echa de menos la información taurina…no es de extrañar que la legislatura más devastadora para la democracia en nuestro país, pueda seguir haciendo propósito de autoenmienda, aprobando leyes parafascistas (LPI, Ley de Seguridad ciudadana, etc, etc, etc), regresivas y dolosamente injustas (amnistía fiscal, entre otras muchas).

    Ninguna democracia moderna plena soportaría este nivel de excepcionalidad democrática, la entrada en vigor de la futura Ley de Seguridad Ciudadana junto a las reformas del Código Penal y demás medidas represoras, no hacen sino poner el acento en el nivel de regresión que están sufriendo derechos y libertades fundamentales en este país tan desigual, donde impera la ley del más fuerte económicamente, propio de estados plutocráticos. Internet ya se convierte de esta forma en una plataforma de represión, donde el Big Brother institucional pueda llevar a cabo lo que Chomsky deducía como burorrepresión institucional, que se ha extendido tb a la red. El desmantelamiento del Estado de Bienestar se está consumando de forma demoledora, a las reformas de la Sanidad y la imposición del copago de los medicamentos, se ha unido la privatización de la educación pública, que es un hecho incuestionable en CCAAs como la madrileña, la vanguardia de las políticas ultraliberales (en lo económico) y de las políticas neoconservadoras (en lo social, en lo educativo, etc) de todo el Estado español, junto a las políticas homógeneas llevadas a cabo por los partidos nacionalistas neoliberales (CiU, PNV), que no lo olvidemos han apoyado las recientes legislaciones represoras (Ley de Seguridad ciudadana, especialmente). Luego claro está, utilizan el comentario de G. Zapata de Podemos (el único partido que ha agitado la vida política y social de nuestro país, dado que Ciudadanos se ha limitado a servir de notario del PP, sin aportar ningún recurso rupturista con este estado de excepción que el PP ha instaurado en esta negra legislatura) para demonizar las redes sociales, difundiendo el miedo entre la población y acabando de paso con la libertad de expresión, hoy más que nunca el espíritu salido del 15M está más presente que nunca, no estos represerntantes de la represión institucional no representan más que a sus oscuros intereses…

    Reproduzco aquí un artículo de opinión de Público, cuyo tenor es de obligada lectura habida cuenta del atentado vs que contra los derechos fundamentales se va a consumar desde el día 01 de julio de 2015, día negro (uno más) de esta farsa de democracia que padecemos:

    “La corrupción de la mordaza”

    No hemos entendido, probablemente, el calado de la Ley de Seguridad Ciudadana que entra en vigor en España este 1 de julio de 2015: el Partido Popular pretende con ella fomentar el empleo, el de policía, eso sí, el de juez y parte, la relación de puestos de trabajo del ministerio Fiscal. Mariano Rajoy y los suyos suelen acusar a la izquierda moderada de izquierda radical y a la izquierda radical de bolivariana, mientras instaura en España el régimen policial que supuestamente condena en otros países. Los conservadores se proclaman como los garantes y paladines de la Constitución, pero la exprimen, la modifican a la medida de su ideología y prefieren interpretarla a la baja que al alza; otro motivo quizá para ir pensando en cambiar de Constitución.
    ¿Cómo se explica, por ejemplo, que esa ley mordaza que recorta notoriamente las libertades haya salido adelante en el Congreso tan sólo con la mayoría aplastante del Partido Popular justo en vísperas de perderla en las próximas elecciones generales? Las enmiendas que han sido aceptadas por el rodillo de las gaviotas apenas maquillan algunos de sus epígrafes más controvertidos. Pero la ley es la ley y saldrá adelante a pesar de que el día 30 de junio hayan sido convocadas movilizaciones a granel en nuestro país y a pesar de que todas las encuestan reflejan un rechazo superior al 70 por ciento entre la población española. Quizá debieran haberlas convocado las acciones de protesta el mismo día 1, para que no encontraran suficientes policías, ni jueces, ni fiscales ni tiralevitas, comisarios políticos o ministros que fueran capaces de aplicarla a quienes todavía prefieren obedecer a una ley de mayor rango, la del sentido común.
    Hace algunas semanas, casi toda la oposición, salvo algunas formaciones nacionalistas, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta norma, ya que vulneraría al menos doce artículos de la Constitución. El recurso, elaborado por el Grupo Socialista, pero apoyado por Izquierda Plural, Equo, UPyD, Geroa Bai o Compromís, incide en que la nueva norma afecta a derechos básicos como el de manifestación, impone sanciones por simples faltas que ya incluía el Código penal, crea nuevas figuras legales para convertir en punibles determinadas conductas y orillan al poder judicial de ciertas penalizaciones. Así que, de nuevo, el bueno de Montesquieu sería la primera víctima de una ley de este tipo, que deja al otrora ministro socialista de Interior José Luis Corcuera y su siniestra patada en la puerta en el panteón de los libertadores.
    ¿Qué artículos de la Constitución vulnera la Ley Mordaza? El que los agentes puedan desnudarnos, ya que el epígrafe 20.2 pasa por encima de la protección constitucional de la dignidad, la intimidad y la integridad física y moral de las personas, ya que “permite el registro corporal externo y superficial que, incluso, puede consistir en un desnudo total o parcial, pero para el que no se establecen los requisitos y garantías exigidos por la Constitución y plasmados en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional”. Según la nueva ley, estos registros corporales pueden llevarse a cabo sin justificación alguna.
    La Ley pretende convertir la libertad en una fiera encerrada en los zoológicos de los parlamentos, ante cuyas puertas se endurecerán las sanciones por “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas”. Quizá algún bienpensante podría estar de acuerdo con parar los pies a los herederos del Cojo Manteca, pero también el texto condena y penaliza igualmente “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de las mismas”. O sea que, a partir de ahora, la policía decidirá el grado de represión con que puede reducir a los manifestantes. Algo que, sin duda, venía ocurriendo ya en la práctica pero que a partir de ahora contará con todas las de la ley, sin tener en cuenta criterios de proporcionalidad que respeten el derecho esencial a manifestarnos.
    A partir de ahora, los manifestantes tendrán que pedir a los organizadores de cualquier movilización los papeles que prueben que la misma ha sido comunicada a la autoridad competente. En caso contrario, se arriesgan a ser sancionado por participar simplemente en una protesta forajida. Otro tanto ocurre con el derecho a la reunión o a la ocupación de la vía pública, por no hablar de la ocupación de un inmueble: los sin techo que busquen cobijo en cualquier casa abandonada se convertirán, a partir de ahora, en delincuentes.
    La Ley fija las reglas para una relación desproporcionada entre las fuerzas y cuerpos de Seguridad que podrán controlarnos a su antojo, incluso sin tutela judicial, mientras pasa a considerarse como falta grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. ¿Cómo va a medir nadie el riesgo que realmente pueda sufrir la seguridad personal o familiar de los agentes? Se trata, por tanto, de una nueva vuelta de tuerca a la censura y del blindaje informativo del ministerio del Interior, exigiendo la autorización previa de las autoridades sobre una serie de documentos gráficos y audiovisuales que, hasta ahora, al generarse en un espacio público no se consideraban punibles.
    Incluso el legislador, como aprendiz de Torquemada, va más allá y arrolla los artículos 20 y 21 de la Constitución que fijan el derecho y los límites a la libertad de información, ya que la ley establece “la posibilidad de que la Administración puede acodar la incautación y secuestro del material informativo si considera que el informador (profesional o el simple ciudadano) ha captado imágenes o tomado datos de los agentes incurriendo en la mencionada prohibición, lo que vulnera de plano las previsiones constitucionales respecto a la reserva al ámbito judicial de la adopción el secuestro de una información o de la publicación o material que la contengan”. ¿Qué diferencia este apartado de las leyes que se aplican regularmente en este mismo sentido en países territoriales? El retroceso en calidad democrática es directamente proporcional al que hemos venido sufriendo en derechos sociales y laborales. Bienvenidos a los años 70 del siglo XX: no sólo seremos más pobres, sino que calladitos estaremos mejor.
    Si la ley es dura con los españoles o con los residentes en este país, mucho más lo es con quienes pretenden serlo, ya que su disposición final legaliza, en contra del criterio de numerosos organismos internacionales, las llamadas “devoluciones en caliente” en la valla de Ceuta y Melilla, un artículo que ya entró en vigor con anterioridad y que vulnera los principios de legalidad, de seguridad jurídica o de tutela efectiva de jueces y tribunales sobre actuaciones represivas y sobre el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de las personas, ”sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
    La nueva ley, así como las dos reformas del Código Penal que entran en vigor ese mismo 1 de julio, también irrumpen como elefante en la cacharrería del ciberespacio. Intenta ponerle puertas al monte aunque, en esta materia, es más discutible que pueda lograrlo. Así, acceder de manera habitual y desde territorio español a páginas webs que incorporen contenidos delictivos o realicen divulgación o apología del terrorismo, puede suponer de 1 a 5 años de cárcel aunque previsiblemente se exculpe a quienes lo hagan por motivos profesionales. Pero la ambigüedad de dicha norma es de tal calibre que presumiblemente conduzca a la autocensura.
    Sin ningún tipo de consenso parlamentario, el nuevo Código Penal ensancha los límites del terrorismo y convierte en tal supuesto los delitos informáticos que tengan como objetivo “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella“. ¿Podrá considerarse un fake como acto terrorista, por ejemplo? Bajo similar criterio, Orson Welles podría haber sido acusado como terrorista por la emisión radiofónica de “La guerra de los mundos”. Por no hablar de wikileaks, por ejemplo, de Julian Assange. O de Edward Snowen y la lista de evasores difundida por Hervé Falciani. Sin entrar en temas más peliagudos como el que llevó al soldado norteamericano Bradley Manning, a ser condenado a 35 años de filtración por vulnerar la Ley de Espionaje de su país, así como por diversos cargos de robo y fraude informático. ¿Puede ser considerado como terror el simple hecho de divulgar la información que el poder atesora como patrimonio exclusivo? ¿Es que también se ha apropiado el poder del usufructo de la democracia.
    Los artículos 578 y 579 castigan con penas de terrorismo la difusión de mensajes por Internet que puedan ser considerados “enaltecimiento o la justificación públicos” de los nuevos delitos, por lo que este artículo que usted está leyendo estaría incurriendo en dicho supuesto de haber sido publicado a partir del 1 de julio. También, por supuesto, sería sancionable “la difusión de consignas” que puedan incitar a otros a cometer los flamantes delitos decretados por Big Brother.
    También organizar protestas a través de la red pasará a considerarse como delito en nuestro país, a partir del artículo 30 de la Ley de seguridad ciudadana también deja claro que pueden sufrir penas de prisión los organizadores o promotores de determinadas protestas o “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan […], pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas.”
    La persecución de la piratería informática, a través de la nueva Ley de Propiedad intelectual, también pone en cuestión determinadas actividades que hasta ahora no se relacionaba con la misma, como las páginas de enlace, que también pueden ser duramente sancionadas sin que pueda establecerse a ciencia cierta si colaboran en un execrable negocio lucrativo o simplemente intercambian conocimientos, en régimen de creative commons. La supuesta buena voluntad del legislador choca con la imposibilidad material de probar la buena voluntad del supuesto delincuente por lo que, como en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, empezaremos a tener que demostrar nuestra inocencia en lugar de que otros demuestren fehacientemente nuestra culpabilidad.
    Este cuerpo legislativo, que supuestamente pretende proteger a la seguridad ciudadana, consigue justamente lo contrario, que los ciudadanos se sientan cada vez más inseguros y que el poder político o financiero se consolide como un rey al que nadie podrá avisarle de que va desnudo. La corrupción no sólo estriba en robar dinero, sino también en malversar las libertades de todos. La Constitución está siendo prevaricada. Y lo saben.

    29 junio 2015 | 12:52

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