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«Emergencia climática», el consenso de 14.000 científicos

El negacionismo del cambio climático, como los demás negacionismos, o casi como cualquier otra cosa, viene en distintos niveles y colores. Desde el de tarjeta oro, el de «vale, pero eso está bien, más calorcito, más tiempo para ir a la playa», que incluye de regalo el «¡pero hombre, si el CO2 es bueno para las plantas!», pasando por el de tarjeta platino, el de «sí, hay un calentamiento, pero es por el ciclo solar o la órbita de la Tierra o nosequé» (la «evolución» del clima, lo llamaba uno en respuesta a un comentario mío en Twitter), hasta el de tarjeta black, el de «¿Calentamiento? ¡Ja! ¿Y Filomena?».

En honor a la verdad y en mi humilde opinión, debo decir que creo que a menudo el cambio climático no se explica lo suficiente. Por curiosidad he hecho alguna búsqueda en Google sobre el cambio climático «explicado de forma sencilla» (un amigo con un alto puesto en un medio nacional me decía recientemente que ahora triunfan los contenidos del tipo «loquesea explicado en dos minutos», y que nadie lee más allá del tercer párrafo), y casi siempre encuentro lo mismo: la explicación del cambio climático se liquida con una sola frase o en cinco segundos, al estilo de «la quema de combustibles fósiles emite CO2 que aumenta el efecto invernadero», y punto. El resto de los párrafos, o de los dos minutos, no se dedica realmente a explicar el cambio climático, sino sus efectos actuales y las predicciones sobre sus consecuencias futuras. Pero en fin, esto será materia de otro día.

El caso es que recientemente se ha puesto en evidencia el negacionismo por parte de ciertos sectores ideológicos que pretenden borrar el término «emergencia climática», porque, al parecer, creen que esto es un invento de ciertos sectores ideológicos contrarios (todo un clásico, proyectar en el otro el defecto propio). Como justificación políticamente presentable (para ocultar, me temo, lo que realmente piensan), alegan que no hay una emergencia como lo que se entiende por una emergencia, algo inminentemente amenazador que exija una acción inmediata. ¿La avería del Apolo 13 no era una emergencia, dado que los astronautas no iban a morir de inmediato, sino que iban a tardar algunos días en consumir el oxígeno y asfixiarse? Era la respiración de entonces la que iba a provocar su muerte en diferido.

Pancarta ante el Parlamento de Alaska. Imagen de Gillfoto / Wikipedia.

Desde 1992 la comunidad científica comenzó a organizarse para llamar la atención del mundo sobre el cambio climático y sus previsibles consecuencias. Después de otras iniciativas previas, en 2020 un grupo de científicos del clima publicó en la revista BioScience un artículo titulado «Aviso de los científicos del mundo sobre una emergencia climática», que fue actualizado después en 2021 y que ha sido ratificado con su firma por más de 14.000 científicos de todo el mundo; nunca un artículo científico recibió una adhesión tan masiva, y nunca ha existido un consenso científico explícitamente ratificado de forma tan abrumadora.

En el artículo los autores presentan un resumen de indicadores de los signos vitales del planeta en relación con el cambio climático, basado en el análisis de 40 años de datos, y escriben: «Los científicos tienen una obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica y de decir ‘las cosas como son’. Basándonos en esta obligación y en los indicadores gráficos presentados, declaramos, con más de 11.000 científicos firmantes de todo el mundo [en el momento de la publicación], clara e inequívocamente que el planeta Tierra se enfrenta a una EMERGENCIA CLIMÁTICA» (las mayúsculas son mías).

En la actualización de la declaración en 2021, la que a fecha de hoy han firmado 14.664 científicos, los autores añadían: «Basándonos en las tendencias recientes de los signos vitales planetarios, NOS REAFIRMAMOS EN LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA [otra vez, mayúsculas mías] y llamamos de nuevo a un cambio transformativo, que se necesita ahora más que nunca para proteger la vida en la Tierra y permanecer dentro del máximo número de fronteras planetarias [estas son las líneas rojas que los científicos han marcado] como sea posible. La velocidad del cambio es esencial, y las nuevas políticas climáticas deberían ser parte de los planes de recuperación de la COVID-19. Debemos unirnos ahora como comunidad global con un sentido compartido de urgencia, cooperación y equidad».

Y añaden: «Toda la acción transformadora sobre el clima debería enfocarse en la justicia social para todos priorizando las necesidades humanas básicas y reduciendo las desigualdades. Como prerrequisito para esta acción, la educación sobre el cambio climático debería incluirse en los currículos escolares fundamentales en todo el mundo. Esto resultaría en un mayor reconocimiento de la emergencia climática, empoderando a los alumnos para actuar».

Ahora, las objeciones. Pero no, las objeciones no lo son al sentido de la declaración. No hay ya una sola voz experta reconocida que cuestione de ninguna manera el consenso científico. Recientemente una revisión de miles de estudios científicos publicados revisados por pares cifraba el consenso científico actual sobre el clima en un 99,9%, en comparación con la cifra del 97% aportada anteriormente por otro análisis en 2013. «La cuestión ha quedado sobradamente establecida, y la realidad del cambio climático antropogénico no tiene mayor discusión entre los científicos que la tectónica de placas o la evolución», escriben los autores, para añadir: «No persiste ninguna incertidumbre científica sobre la urgencia y la gravedad de esta tarea». Lo cual se parece bastante a lo que entendemos por una «emergencia».

Las objeciones se refieren, en cambio, a la conveniencia de usar un lenguaje tan contundente, incluso si la realidad a la que se refiere lo es. En The Conversation, los expertos en lingüística Dimitrinka Atanasova y Kjersti Fløttum repasan cómo ha cambiado el lenguaje referente al cambio climático. «Cómo etiquetamos un asunto determina cómo lo afrontamos», escriben. En 2003 el estratega político republicano de EEUU Frank Luntz, entonces negacionista (hoy ya no lo es), convenció al presidente George W. Bush para cambiar la expresión «calentamiento global» por «cambio climático», que sonaba menos amenazadora. Por motivos similares, la comunidad científica, junto con diversos medios de todo el mundo que se han sumado, abandona este término tramposamente aséptico en favor de otro que expresa más fielmente el cariz del problema.

Pero, argumentan los dos lingüistas, el lenguaje fuerte puede tener un efecto opuesto al buscado. Los políticos y los medios pecan en exceso del uso de un lenguaje grandilocuente y efectista; guerras contra la obesidad o la pobreza, crisis de todo tipo. La gente se desensibiliza y cae en la indiferencia y la apatía. «Cuando la gente ve un problema como demasiado grande, puede dejar de creer que hay un modo de solucionarlo».

En cambio, proponen los lingüistas, los medios deberían centrarse en las soluciones, en lo que puede hacerse y en cómo hacerlo con la participación de todos; optimismo y compromiso. Para ello, dicen, debe abordarse un enfoque de periodismo constructivo. Hace unos días mi vecino de blog César-Javier Palacios hablaba de esto mismo en su crónica de un seminario internacional sobre cambio climático y periodismo organizado por el Parlamento Europeo. Huir del periodismo policía, del periodismo que juzga, en favor de otro centrado en las soluciones, en la cooperación y no en la disensión, en el progreso y no en la amenaza.

No creo que nadie pueda cuestionar el valor de esta aportación. Pero el periodismo tampoco puede abdicar de su deber de denuncia. Y cuando existen estamentos en el poder que no solo niegan que el cambio climático —lo crean real o no— sea una emergencia, sino que además envían a sus millones de seguidores y votantes el mensaje de que todo reconocimiento de una emergencia climática es una toma de postura ideológica contraria a la suya, ni el periodismo ni la ciencia deberían permanecer callados. Taparse los ojos ante la desinformación es abandonar un espacio que esta ocupará para continuar subsistiendo.

La ciencia: no es la enfermedad mental, son las armas

El director de la revista Science, una de las dos publicaciones científicas más importantes del mundo y que representa a la American Association for the Advancement of Science (AAAS), la mayor sociedad científica general del planeta, ha publicado un editorial contundente como respuesta a la masacre perpetrada en la escuela primaria de Uvalde, en Texas.

«Sabemos cuál es el problema», titula su artículo Holden Thorp; a la tragedia que todos conocemos se han sumado en los últimos diez días otros dos episodios que aquí han pasado casi inadvertidos, uno en una iglesia taiwanesa de California y otro en un comercio de un barrio negro de Nueva York. Y el problema al que se refiere Thorp no es otro que la libre tenencia de armas en EEUU.

Esto podrá parecer obvio a algunos, ya que los enfoques en nuestro país han estado, en general, equilibradamente centrados en este aspecto. En general, pero no en su totalidad. También aquí hay quienes han comprado el discurso de los sectores más recalcitrantemente conservadores y favorables a las armas en EEUU, que pretende desviar la atención hacia otro problema, el de la salud mental. Y basándose en este discurso, algunos grupos han defendido facilitar el acceso a las armas en España.

Rifles de asalto en una armería en EEUU. Imagen de Michael McConville / Wikipedia.

«Aunque los opositores a un control sensato de las armas —como prevalece en la mayor parte del mundo civilizado— continúan poniendo el foco en las motivaciones de los tiradores o en estados mentales inestable, estas son distracciones cínicas de la única verdad obvia: el hilo conductor en todos los repugnantes tiroteos de masas del país es el acceso absurdamente fácil a las armas», escribe Thorp. El director de Science no duda de que la salud mental sea un elemento involucrado en algunos de estos ataques, pero subraya que centrarse en un factor secundario cuando existe un problema principal es desviar la atención:

«Las tasas de enfermedad mental en EEUU son similares a las de otros países donde los tiroteos de masas raramente ocurren. Es en el acceso a las armas donde está el problema. Alan Leshner, un experto en investigación y políticas sobre salud mental (también antiguo CEO de la AAAS, editora de Science) escribió sobre la falacia de culpar a la enfermedad mental de la violencia armada, a raíz de otro trágico tiroteo en 2019. Entre los argumentos de Leshner se encuentra el dato de que menos de un tercio de las personas que cometen tiroteos de masas tienen una enfermedad mental diagnosticable».

Thorp cita también un análisis de 2017 según el cual las restricciones han demostrado su utilidad: el aumento de las condenas, la prohibición de poseer armas a las personas con antecedentes de violencia doméstica y evitar que se porten armas escondidas han conseguido reducir la violencia armada. «La ciencia es clara: las restricciones funcionan, y es probable que el aumento de las limitaciones salvara miles de vidas», afirma.

Con respecto a la segunda enmienda a la Constitución de EEUU, que consagró el derecho a poseer armas, Thorp alega que «muchas cosas han cambiado desde 1789», y que desde entonces las leyes se han adaptado para suprimir preceptos inaceptables, como la esclavitud, la prohibición del sufragio femenino u otras agresiones a los derechos civiles.

Por último, Thorp no evita mencionar a los principales responsables de la continuidad de esta política anacrónica, y lo hace con duras palabras: estas «matanzas sin sentido», dice, son «cortesía de la Asociación Nacional del Rifle y sus bien financiados lacayos políticos». «La Asociación Nacional del Rifle y sus secuaces deben ser derrotados. Depende de nosotros, porque las víctimas de la violencia armada, trágicamente, no están aquí para protestar por ellas mismas».

Cuando Thorp dice «nosotros», no se refiere a la sociedad en general. La sociedad en general no lee Science. Quienes leen Science son los científicos y otros círculos relacionados con la ciencia, y es a ellos a quienes va dirigido este mensaje. «Los científicos no deben sentarse en la banda y mirar cómo otros pelean por esto», escribe, invitando a los profesionales de la ciencia no solo a movilizarse activamente, sino también a combatir con el arma que mejor dominan, la propia ciencia: investigar para seguir mostrando al mundo y a los legisladores lo que ya muchos estudios previos han revelado, que no es una cuestión de enfermedad mental, sino de armas: «La ciencia puede mostrar que las restricciones a las armas hacen más seguras a las sociedades. La ciencia puede mostrar que la enfermedad mental no es un factor determinante en los tiroteos de masas».

Quizá el editorial de Thorp pueda resultar a algunos muy similar a lo que ha escrito cualquier opinador o comentarista. Pero hay una diferencia esencial, y es que Thorp no es cualquier opinador o comentarista. Y no es cuestión de que sea más inteligente, lúcido o sabio que otros. Precisamente he dedicado aquí algunos artículos (por ejemplo) a contar que la ciencia, a diferencia de casi todo lo demás y a diferencia de lo que creen quienes ignoran qué es la ciencia, no se basa en la voz del experto; no se basa en lo que dice un líder, un gurú o un papa. Lo que diga un individuo concreto no tiene demasiada importancia; lo que importa es la conclusión a la que llega la comunidad científica a través de la acumulación de evidencias nacidas de estudios independientes.

Por lo tanto, lo relevante del caso no es que esto lo diga alguien llamado Holden Thorp, sino que lo dice el director de Science; un cargo que conlleva el privilegio y el deber de saber cuál es el mensaje que transmite el conocimiento actual de la comunidad científica sobre el asunto que se trata en un editorial de la revista. Es la ciencia la que concluye que no es la enfermedad mental, sino las armas. Thorp es solo el portavoz de este conocimiento.

Tal vez haya a quien le llame la atención que los científicos se manifiesten públicamente sobre asuntos con implicaciones políticas. Es fácil comprobar que muchas personas aún tienen en la cabeza esa imagen equivocada del tópico del sabio distraído, una persona enfrascada en sus experimentos y ajena al mundo de los mortales. Esto, si existió alguna vez, hace ya mucho tiempo que dejó de existir. Como también he contado aquí con mayor detalle, la ciencia está inevitablemente ligada a la política, y en tiempos de cambio climático, pandemias y populismos negacionistas de la ciencia, incluso muchas de las principales revistas científicas y médicas han urgido a sus lectores a involucrarse para impedir que las políticas ignoren o contravengan el conocimiento científico (≡ lo que realmente sabemos de cómo funciona la realidad). Con las masacres a tiros, como con tantas otras cosas, hay quienes pretenden imponer ideologías perfectamente opinables. Y contra ideología, ciencia.

La ciencia actual es sostenible y social, y así debería enseñarse en los colegios

Se ha convertido en un meme que ciertos grupos ideológicos ya no solo rechacen, sino que incluso se burlen de todo discurso o iniciativa en torno a la sostenibilidad ecológica y social. Utilizo aquí «meme» en su sentido original, pre-internet; antes de ser una imagen con un texto pretendidamente gracioso, un meme —acuñado en analogía con «gene» por el biólogo Richard Dawkins en 1976— era un comportamiento adoptado por imitación entre personas que comparten una misma cultura.

En este caso, la cultura es una ideología reaccionaria y conservadora que niega y desconoce el impacto de la actividad humana sobre el clima terrestre y el medio ambiente en general. No lo sé, pero quizá el choteo sea algún tipo de mecanismo de defensa para compensar la inferioridad que supone no saber con la sensación de superioridad que proporciona burlarse de ello. Se diría que ocurre algo similar con los antivacunas cuando se mofan de las personas vacunadas que, como ellos, ignoran la ciencia de las vacunas pero la reconocen y la acatan; los antivacunas, que se niegan a acatarla, tratan de ocultar su ignorancia empleando ese recurso al escarnio y el sarcasmo para sentir que pertenecen a un nivel superior.

Sucede que estas posturas son negacionistas de la ciencia, y por lo tanto destructivas del conocimiento y del beneficio que este brinda a la sociedad. Y como no puede ser de otra manera, la ciencia responde contra ellas, lo que implica un posicionamiento político. Lo cual a su vez retroalimenta la actitud anticientífica de esos sectores opuestos, y así la bola de nieve va creciendo.

Un laboratorio escolar en México. Imagen de Presidencia de la República Mexicana / Wikipedia.

La relación entre ciencia y política siempre ha sido complicada y opinable. Históricamente, algunos científicos prominentes han expresado y practicado una filiación política. Otros, probablemente muchos más, se han mantenido al margen. Curiosamente, algunas de las instituciones y publicaciones científicas más antiguas y prestigiosas tuvieron originalmente una orientación más bien conservadora, en tiempos en que la ciencia era una ocupación más propia de las clases acomodadas. Dentro de la comunidad científica hay quienes siempre han defendido la necesidad de una implicación política, y quienes han sostenido lo contrario. Pero en tiempos recientes y debido a varios factores que han intensificado la interdependencia entre los estudios científicos y la práctica política, cada vez es más difícil —y también más objetable— que la ciencia se mantenga al margen de la política.

Un claro detonante de esta inflexión fue el ascenso de Donald Trump al poder. La amenaza de que tomara el mando de la primera potencia científica mundial una persona claramente hostil y contraria a la ciencia provocó un posicionamiento explícito entre investigadores, instituciones y revistas científicas que nunca antes se habían manifestado de forma tan expresa. El posicionamiento no era a favor de un candidato concreto, sino en contra de un candidato concreto. Esta línea continuó después cuando, como estaba previsto, el ya presidente Trump emprendió el desmantelamiento de la ciencia del clima en los organismos federales, además de debilitar de forma general la voz de la ciencia en el panorama político.

El posicionamiento de la ciencia se ha intensificado con acontecimientos recientes, como el Brexit o la pandemia, cuando el mismo Trump, el brasileño Jair Bolsonaro y otros líderes políticos promovieron desinformaciones contrarias a la ciencia y enormemente perjudiciales en la lucha contra la crisis sanitaria global. La revista Nature nunca se ha mantenido ajena a la política, pero en octubre de 2020 publicaba un editorial titulado «Por qué Nature debe cubrir la política ahora más que nunca», en el que, después de explicar la larga y profunda simbiosis entre política y ciencia, decía: «La pandemia del coronavirus, que se ha llevado hasta ahora un millón de vidas [dato de entonces], ha impulsado la relación entre ciencia y política a la arena pública como nunca antes».

En abril de 2021 la misma revista publicaba otro editorial urgiendo a los científicos a implicarse en política en pro de la salud y el bienestar de la población: «[Los científicos] deben usar esa posición para abogar por políticas que mejoren los determinantes sociales de la salud, como los salarios, la protección del empleo y las oportunidades de educación de alta calidad. De este modo, los científicos deben meterse en política. Eso requerirá, entre otras cosas, que los científicos consideren cómo pueden alcanzar mejor un impacto político y una involucración en las políticas».

En EEUU, Science ha seguido un camino similar. Durante la pandemia han abundado los reportajes y los editoriales firmados por su director, H. Holden Thorp, en contra de las políticas de Trump y de su candidatura a la reelección. Incluso revistas médicas que en sus orígenes nacieron con un espíritu más bien conservador y marcadamente de clase —El British Medical Journal, hoy BMJ, detallaba entre sus misiones mantener «a los facultativos como una clase en ese escalafón de la sociedad al que, por sus consecuciones intelectuales, su carácter moral general y la importancia de los deberes asignados a ellos, tienen el justo derecho a pertenecer»— hoy se pronuncian políticamente sin ambages: «Donald Trump fue un determinante político de la salud que dañó las instituciones científicas», escribía en febrero de 2021 Kamran Abbasi, director del BMJ. The Lancet y su director, Richard Horton, se han manifestado repetidamente en la misma línea.

El último caso ha sido la elección a la presidencia en Francia. «La victoria de Le Pen en las elecciones sería desastrosa para la investigación, para Francia y para Europa», publicaba Nature antes de los comicios. «Marine Le Pen es un ‘peligro terrible’, dicen líderes de la investigación francesa — La comunidad científica llama a los votantes a no apoyar a la candidata del Frente Nacional», contaba Science. Una vez más, los posicionamientos no eran a favor de Macron, sino en contra de Le Pen.

Debe quedar claro que la ciencia no es una patronal ni un sindicato. Por supuesto que la comunidad investigadora defiende sus propios derechos y condiciones, como cualquier otro colectivo. Pero en estos posicionamientos políticos hay mucho más que eso, una toma de conciencia sobre el compromiso de que la investigación científica debe servir a la mejora de la sociedad. Y si en los colegios debe enseñarse la ciencia como es hoy, es necesario actualizar los currículos educativos con perspectivas ecosostenibles, sociales e igualitarias. La ciencia actual no son solo datos, conocimientos y fórmulas. Ya no. No en este mundo.

En un ejemplo muy oportuno, aunque casual y sin ninguna conexión con la actual reforma educativa en España, Nature publica esta semana un editorial titulado «La enseñanza de la química debe cambiar para ayudar al planeta: así es como debe hacerlo — La materia tiene una historia en la industria pesada y los combustibles fósiles, pero los profesores deberían enfocarla hacia la sostenibilidad y la ciencia del clima».

El artículo expone cómo la química ha ayudado al progreso de la sociedad por infinidad de vías, pero al mismo tiempo también ha propulsado la crisis medioambiental en la que estamos inmersos. «Y eso significa que los químicos deben reformar sus métodos de trabajo como una parte de los esfuerzos para solventarla, incluyendo un replanteamiento de cómo se educa a las actuales y futuras generaciones de químicos».

Nature apunta que esta transformación está teniendo lugar en la química profesional: de ser antiguamente una carrera muy orientada hacia los procesos industriales, los plásticos y los combustibles fósiles, hoy está en pleno auge la corriente de la «química verde», nacida en los años 90 y que aprovecha los recursos metodológicos e intelectuales —incluyendo los sistemas de Inteligencia Artificial— para desarrollar compuestos beneficiosos mitigando los efectos nocivos para el medio ambiente y la sociedad a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fabricación a la eliminación.

«Pero para que la investigación progrese más deprisa, se necesita también un reseteado en las aulas, desde la escuela a la universidad», dice el editorial. Muchos cursos universitarios, añade, ya incorporan «la química del cambio climático y los impactos en la salud, el medio ambiente y la sociedad». Pero, prosigue, «en muchos países la sostenibilidad no se trata todavía como un concepto clave o subyacente en los cursos de graduación y de enseñanza secundaria. Es preocupante que en muchas naciones los currículos de química en los colegios sigan siendo similares a los que se enseñaban hace varias décadas».

Nature comenta cómo algunos de esos cambios ya están teniendo lugar. El Imperial College London ha suspendido dos másteres en ingeniería y geociencias del petróleo que llevaban mucho tiempo impartiéndose allí. En EEUU, la American Chemical Society ha activado un programa sobre enseñanza de química sostenible, y en Reino Unido la Royal Society of Chemistry ha recomendado cambios en los currículos escolares para adaptarlos a la educación de una próxima generación de químicos «para un mundo dominado por el cambio climático y la sostenibilidad».

Esto es lo que hay. Así es la ciencia hoy. Para no dispersarnos, no entramos en la perspectiva igualitaria de género y LGBT, que también está muy presente en la ciencia de ahora. Pero cuando esos grupos ideológicos de los que hablábamos al comienzo se mofan de todo ello, tratando de despojar a la enseñanza de la ciencia de los compromisos que la propia ciencia ha decidido adquirir, lo único que demuestran es su completa y brutal ignorancia sobre el pulso, el sentido y el significado de la ciencia actual. Y quien no conoce la ciencia actual no debería de ningún modo tener el menor poder de decisión sobre cómo debe enseñarse actualmente la ciencia.

¿Habrá un nuevo telón de acero en el espacio?

Cuando la guerra entre EEUU y la URSS ya parecía inminente y casi inevitable, tanto que la revista Time ilustraba su portada con los retratos de los líderes de ambas potencias bajo el título «WAR?», los dos gobiernos ordenaron a sus astronautas que se retiraran a sus respectivos habitáculos y cerraran la comunicación entre ambas zonas, creando un telón de acero en el espacio.

Esto no ha ocurrido en la vida real, sino en la película de 1984 2010: Odisea dos (2010: The Year We Make Contact), basada en el libro de Arthur C. Clarke que sucedía a la genial 2001 creada 16 años antes por Clarke y Stanley Kubrick. De hecho, los rostros de los presuntos líderes de EEUU y la URSS que aparecían en la falsa portada de Time eran en realidad los de Clarke y Kubrick. En la ficción, un conflicto no explicado que prometía desembocar en la Tercera Guerra Mundial finalmente se aplacaba gracias a lo que ocurría en el espacio.

Para lo que vengo a contar hoy no sobra insistir en que todo lo demás queda empequeñecido frente a los muertos de la guerra, personas que hace solo unos meses no podían imaginar que todo su mundo se derrumbaría ni que sus vidas iban a acabar tan pronto. Hay una imagen sin fuego, escombros ni cadáveres que personalmente me transmitió la tristeza de la guerra: en los primeros días de la invasión rusa, una caravana interminable de coches abandonaba Kyiv circulando bajo un puente de autopista del que colgaba un cartel anunciando un concierto de Iron Maiden para mayo de este año. Aquel cartel representaba la normalidad, cómo era la vida antes; una normalidad y una vida anterior que los miles de personas que huían de la ciudad en sus coches dejaban atrás.

Pero bien sabemos todos que las repercusiones de la guerra se están dejando notar en infinidad de aspectos más allá de los territorios invadidos por Rusia. El mundo es global, afortunadamente, pero desafortunadamente cuando eso también significa que toda guerra entre potencias ya es, en cierto modo, mundial. La ciencia es más global incluso que el comercio. Y como el comercio, también va a verse afectada de maneras que hoy casi no podemos predecir.

La carrera espacial de los años 50 y 60, que terminó con la llegada de las misiones Apolo a la Luna, dio paso al comienzo de una colaboración muy fructífera entre EEUU y Rusia en el espacio que se ha mantenido hasta hoy. Algunos comentaristas han hablado de que la cooperación espacial comenzó con la caída de la URSS, pero esto no es cierto, sino que empezó mucho antes. En 1975, todavía en plena Guerra Fría, una nave Apolo estadounidense y una Soyuz rusa se anclaban en el espacio, a lo que siguió un apretón de manos entre el astronauta Thomas Stafford y el cosmonauta Alexei Leonov que fue aplaudido en todo el mundo como un signo de paz. Esto fue el arranque de posteriores colaboraciones que se detallan en este artículo publicado en la web de la NASA.

Curiosamente, la cooperación en el espacio fue una isla de concordia durante la Guerra Fría. Los intentos de entendimiento habían comenzado mucho antes, aún en plena carrera espacial. Y aunque entonces no llegaron a cuajar, a partir de 1975 se fundó una alianza en el espacio entre los dos bloques que se ha mantenido a lo largo de décadas, sobreviviendo al eterno tira y afloja de las tensiones entre ambas potencias.

Durante casi medio siglo, astronautas y cosmonautas han trabajado en colaboración en el espacio —junto con los astronautas de muchos otros países— sin importar nacionalidades ni las rivalidades entre sus líderes, y se han forjado grandes amistades. Hasta tal punto se daba por sentado que el espacio era territorio de cooperación que EEUU jubiló sus transbordadores espaciales (los shuttles) sin tener un vehículo de reemplazo y sin que esto importara demasiado, porque ya estaban los Soyuz rusos para llevar a los norteamericanos a la Estación Espacial Internacional (ISS) y traerlos de vuelta.

La Estación Espacial Internacional en noviembre de 2021. Imagen de NASA / Crew-2.

Ahora, por primera vez, todo esto amenaza con romperse, en una época en que la interdependencia de los países en las misiones científicas y civiles en el espacio es mayor que nunca. Y en este terreno, los mayores perjudicados serían otros países distintos al que ha iniciado esta guerra. En la ISS conviven astronautas de EEUU y otros países occidentales y orientales con los cosmonautas rusos, y la propia estación está formada por segmentos cuyo control está repartido entre los bloques: el lado occidental suministra electricidad al ruso, pero este es el responsable de encender periódicamente los propulsores que mantienen la estación en órbita evitando que caiga.

Desde que empezó la guerra de Ucrania el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, el político nacionalista Dmitri Rogozin, se ha dedicado a lanzar bravatas amenazando con abandonar a los astronautas estadounidenses en la ISS y a dejar caer la estación sobre los países opuestos a la invasión rusa. Esto último es lo que podría llamarse un asustaviejas, ya que incluso sin propulsión la ISS tardaría meses, quizá más de un año, en caer a la Tierra. Rogozin es el primer director de Roscosmos sin un perfil técnico o científico —su predecesor fue un economista, pero por entonces la agencia estaba en proceso de transformación a corporación estatal—, y al parecer es conocido en los ámbitos políticos por sus bravuconerías cuando era embajador de Rusia ante la OTAN. Durante la guerra ha publicado vídeos que muestran a los operarios tapando las banderas de otros países en un cohete ruso, o simulando un desacoplamiento de la sección rusa de la ISS, y ha mantenido una discusión en tono bastante vergonzoso con el astronauta estadounidense Scott Kelly.

Pero aunque las fanfarronadas de Rogozin hasta ahora no hayan afectado a las operaciones en la ISS, y la agencia oficial TASS haya aclarado que Roscosmos continuará cumpliendo sus compromisos —incluyendo el de traer de vuelta a la Tierra esta semana a un astronauta de la NASA desde la estación—, otros proyectos ya se han visto seriamente afectados.

Europa esperaba lanzar este año su rover Rosalind Franklin con destino a Marte, en la segunda fase de la misión ExoMars largamente esperada, ya que lleva posponiéndose desde 2018. El problema es que ExoMars es una misión ruso-europea que iba a despegar desde el cosmódromo de Baikonur, bajo control ruso en Kazajistán, en un cohete ruso y con un aterrizador ruso. Ahora la colaboración se ha roto, y los responsables europeos de ExoMars deberán encontrar otro sistema de lanzamiento. Esto retrasará la misión al menos otros dos años más, debido a que solo se lanzan misiones a Marte durante la ventana temporal en que los dos planetas se encuentran más próximos.

ExoMars se ha llevado hasta ahora la peor parte, pero hay otras muchas colaboraciones, en marcha o en proyecto, que amenazan con romperse, incluyendo experimentos comunes e instrumentos científicos en la Tierra y en el espacio. En junio del 21 Rusia y China anunciaron una colaboración de cara a la futura construcción de una base lunar, invitando a otros países a sumarse. Tal vez se termine llevando a cabo o tal vez no (ahora hay tantas especulaciones respecto a las bases lunares que es difícil saber si algo de ello saldrá adelante), pero ahora es dudoso que este consorcio pueda ampliarse. Algunos analistas apuntan que probablemente en los próximos años Rusia tenderá a buscar una mayor alianza con China en sus proyectos espaciales. Y es bien sabido que la NASA tampoco colabora con China.

Los grandes avances de la ciencia y tecnología espaciales han sido el fruto de colaboraciones que se han mantenido incluso por encima de los conflictos y los vaivenes políticos en la Tierra. Ahora estamos en riesgo de ver cómo todo esto se rompe. Y si ocurre, si se impone un telón de acero en el espacio que no existía desde el fin de la carrera hacia la Luna, será un paso atrás en todo lo que el ser humano puede llegar a lograr cuando el conocimiento y la concordia se imponen a la barbarie.

Pandemia y política (2): Díaz Ayuso y la política del «no es para tanto»

Ayer repasábamos aquí los casos de varios dirigentes políticos extranjeros que, en una primera etapa o de forma continuada, se han negado a seguir las recomendaciones científicas de actuación contra la pandemia de COVID-19. Hoy toca analizar nuestro caso más cercano, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cada caso tiene sus peculiaridades, y la curiosidad de Madrid es que esta fue la región española que respondió de forma más temprana a la pandemia en el primer pico de 2020, ordenando el cierre de los centros educativos el 9 de marzo, antes de la imposición del confinamiento general.

El análisis científico sugiere que la rápida respuesta de esta comunidad autónoma fue un éxito: según un estudio aún sin publicar dirigido por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Madrid fue el territorio que primero consiguió reducir su R por debajo de 1, el 14 de marzo. Otras comunidades lo hicieron de forma más tardía, y el estudio estima que la lenta reacción del gobierno central costó 23.000 muertes que podrían haberse evitado si las medidas a nivel nacional se hubiesen implantado una semana antes.

Pero en fases posteriores esa correcta actuación inicial de Díaz Ayuso quedó arruinada por un cambio de rumbo incomprensible. Unas palabras de la presidenta madrileña captadas por un micrófono abierto durante una reunión con Pedro Sánchez sugieren que se equivocó al creer la tesis de Trump, que la pandemia decaería por sí sola en verano para no volver. Posteriormente comenzaron a confirmarse las previsiones de los científicos, que la heterogeneidad de susceptibilidad no bastaría para frenar nuevas oleadas del virus y que aún estábamos más lejos de la inmunidad grupal que del inicio de la pandemia, si es que es posible alcanzarla.

Mientras Johnson y Rutte –e incluso Tegnell, aun manteniendo oficialmente su postura– habían reaccionado endureciendo sus medidas, en cambio Díaz Ayuso recorrió exactamente el camino opuesto, derivando hacia una estrategia blanda: trumpista, contra la ciencia que descalificaba la errónea intuición de Trump sobre la evolución futura de la pandemia; tegnelliana, pero ignorando la premisa del largo recorrido que inspira el discurso de Tegnell; reconociendo explícitamente la priorización de la economía, pero sin admitir el único presunto fin que podría justificar este enfoque, la inmunidad grupal.

Es decir, una postura intrínsecamente contradictoria y científicamente desnortada que ha convertido a Madrid en la comunidad española con mayor incidencia de contagios, un 70% más alta que la media nacional; en la región o provincia número 35 del mundo en contagios totales, solo superada por naciones enteras como Inglaterra y grandes estados de EEUU, India o Brasil (además de Moscú y los distritos capitales de Colombia y Perú), y la tercera región de Europa con más contagios totales, por debajo de Inglaterra (55 millones de habitantes) y Lombardía (10 millones), todo ello según datos de ayer viernes (datos internacionales del COVID-19 Dashboard de la Universidad Johns Hopkins).

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.EFE/JuanJo Martín/20Minutos.es.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.EFE/JuanJo Martín/20Minutos.es.

Con el fin de tratar de hacer algo sin hacer lo que debería hacerse de acuerdo a las recomendaciones científicas, Díaz Ayuso impuso un enfoque de restricciones de movilidad por zonas de un mismo tejido social. Pero el consenso científico ha advertido (por ejemplo, a través del Memorándum John Snow, un documento firmado por casi 7.000 investigadores y profesionales de la salud) de que no es posible restringir la transmisión del virus a ciertas porciones de la sociedad, y de que tratar de hacerlo incrementa el riesgo de perjudicar a la población más desfavorecida.

Numerosos estudios han mostrado la realidad de esta mayor afectación en los barrios de minorías étnicas o más empobrecidos. Pero mientras que en otros países la voz de los científicos ha condenado expresamente los cierres discriminatorios, en Madrid han llegado a aceptarse casi como algo natural. Lo cual no los hace menos científicamente insostenibles y socialmente injustos, sobre todo cuando han quedado fuera de toda restricción –cambiándose los criterios ad hoc— las zonas con mayor actividad comercial y turística, mientras que otras donde el perjuicio económico se consideraba menor se han cerrado durante meses. En algún caso, para colmo del disparate, se ha cerrado una zona pero se ha permitido el acceso desde el exterior a un gran centro comercial ubicado en ella.

A su vez, la laxitud de las medidas madrileñas ha creado un problema adicional, el llamado turismo de fiesta. Madrid se ha convertido en el paraíso de atracción para los ciudadanos no excesivamente concienciados con los riesgos de la COVID-19, que huyen de sus países donde se han tomado medidas más contundentes. Es una curiosa consecuencia de la globalización; quizá imprevista, pero que refuerza aún más la razón de los científicos cuando han pedido reiteradamente estrategias comunes y coordinadas de lucha contra la pandemia, antes que cierres de fronteras (cuya eficacia aún se discute, ya que hay datos contradictorios sobre su efecto en la expansión de los contagios). A lo largo de este tiempo se han alzado quejas de los vecinos del centro de Madrid por las molestias y peligros asociados a este turismo de fiesta. Pero no olvidemos cuál es la raíz del problema: el «salid y divertíos», junto con la decisión de dejar siempre abierto el centro histórico de Madrid para facilitarlo.

Ante la insuficiencia de las medidas adoptadas, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado a extremos como prohibir por completo y sine die las reuniones de no convivientes en domicilios. Los muchos estudios publicados han analizado la eficacia de distintas medidas tratando de separar sus efectos individuales. Pero esto no siempre es sencillo, dado que muchas de ellas suelen imponerse simultáneamente. En concreto, el estándar adoptado respecto a las reuniones es la limitación en el número de personas (normalmente 10, 100 o 1.000), tanto en espacios públicos como privados. Por lo tanto, aún no hay evidencias científicas suficientes sobre el efecto de prohibir las reuniones de no convivientes en domicilios sin tocar todas las demás variables sobre las que se puede actuar. Pero parece razonable que semejante intromisión suprema en la libertad y privacidad de los ciudadanos, que entra de lleno en el autoritarismo, solo sería justificable como recurso desesperado cuando todo lo demás ha fracasado.

Los defensores de Díaz Ayuso han argumentado que sus peculiares medidas funcionan. Y en parte, tienen razón: los estudios han mostrado que casi cualquier restricción de movilidad y de la interacción social, incluso mínimas y parciales, ejerce un efecto beneficioso sobre la evolución de los contagios. Pese a cierta demagogia circulante, lo cierto es que toda medida que separe a las personas evita muertes y salva vidas.

Pero además del carácter discriminatorio, incoherente y caprichoso de las medidas de la Comunidad de Madrid, existe una gran objeción. Por tirar de un ejemplo cinematográfico, en la película La lista de Schindler el protagonista se enfrenta a su catarsis final cuando no se enorgullece de las vidas que ha salvado, sino que se atormenta por las que no llegó a salvar pudiendo hacerlo. La ciencia ha mostrado cuáles son las medidas que más vidas salvan. Y el gobierno de Díaz Ayuso se ha negado una y otra vez a adoptarlas, dejando por tanto de forma consciente y deliberada que se produzcan muertes evitables como precio aceptable para salvar la economía.

Sin duda, es cierto que las medidas avaladas por la ciencia no nos gustan, porque conducen a consecuencias indeseables, incluyendo el desastre económico y la ruina de muchas familias. Esto es innegable. Si existe algún modo de definir el interés general, o lo que podríamos llamar el máximo común divisor del beneficio social, quizá podría llegar a decirse que una crisis causada por un parón económico como el que implican las medidas recomendadas por la ciencia afecta más gravemente a más personas que una enfermedad que solo mata al 1% de los contagiados. Esta es la idea que subyace no solo a las posturas de Bolsonaro, Trump, Johnson, Rutte, Tegnell y Díaz Ayuso, sino también al sentir de parte de la sociedad, sobre todo aquella cuyo sustento depende de la hostelería o el comercio.

En el fondo, el éxito popular de Ayuso tiene una explicación. Superados los primeros momentos de terror e incertidumbre con sus teatrillos del Resistiré, cuando muchos pensaban aquello del «vamos a morir todos», muchas personas se han habituado a tolerar un cierto nivel de dolor común como precio para seguir con la vida normal. Han comprendido que, incluso si no se hace prácticamente nada (salvo por las mascarillas y el toque de queda, una tarde cualquiera en Madrid difícilmente se nota que estamos en pandemia), en realidad este virus no es tan contagioso como el sarampión ni tan letal como el ébola; Madrid ha servido casi como control del experimento global de restricciones. Y muchos han pensado que, digan lo que digan los científicos, yo, ciudadano medio sano en edad de trabajar y sin enfermedades crónicas, en realidad corro un riesgo muy bajo de enfermar gravemente, y casi nulo de morir. Y por ello, muchos han pensado que, en realidad, «no es para tanto». Que el interés general pide seguir y mirar al frente, hacia el día cercano en que estemos todos vacunados.

Pero ¿es siempre ético primar el mayor interés general? Todos podemos encontrarnos en cualquier momento ante una indefensión individual contra la cual solo hay una cosa que puede ampararnos. Y es la sociedad. Circula por ahí una hipótesis según la cual los sapiens nos impusimos a los neandertales porque nosotros, y no ellos, conseguimos construir una sociedad. Una de las exigencias de esta sociedad es proteger a los más vulnerables. Aunque la mayoría no corramos un gran riesgo teórico de morir de COVID-19, es una obligación de todos proteger a quienes sí lo corren. Por encima de toda otra consideración, es una exigencia ética adoptar las medidas que más vidas salvan.

El gobierno de Díaz Ayuso no solo se ha negado a adoptar estas medidas, ignorando la ciencia y despreciando la ética; sino que además, como suele ocurrir cuando la realidad no le da la razón a uno, ha inventado toda una narrativa política falsa (pseudocientífica) para justificarlo. Afirma que el cierre por zonas es preferible a un cierre único y general, cuando el consenso científico dice lo contrario. Afirma que no está demostrado que el cierre de la hostelería reduzca los contagios, cuando abrumadoramente toda la ciencia disponible lo avala. Afirma que la inmensa mayoría de los contagios se produce en los domicilios y entre los jóvenes, cuando sus propios datos lo desmienten.

Sería deseable que los gobernantes deban en algún momento responder ante la sociedad de sus errores en la gestión de la pandemia, errores que en España afectan a uno y otro bando político. No es una cuestión de partidismos: gobernantes del partido de Díaz Ayuso en otros lugares sí han actuado honestamente, con más o menos acierto, pero de acuerdo a criterios científicos y éticos. Ante la situación que se abre en la Comunidad de Madrid, sería una distopía que continuara gobernando quien ha demostrado una gestión caprichosa, insolidaria, negligente y negacionista de la ciencia, y que sin el menor atisbo de rectificación parece en cambio correr ahora hacia los típicos órdagos maximalistas y napoleónicos de quien se encierra en su palacio, a contracorriente del consenso científico y del resto del mundo, creyendo que son todos los demás quienes circulan en sentido equivocado.

Esto no es un llamamiento a favor o en contra de ningún partido o bando político. Es un S.O.S. de un madrileño en un momento histórico crítico, en contra de una gobernante concreta que ha comprado votos a cambio de muertes evitables: ¿acaso alguien cuyo sustento dependa de la hostelería o del comercio votará a otro candidato que podría cerrar su establecimiento si los datos de la pandemia empeoran? Sin duda, los gobernantes de otras comunidades que han actuado honestamente se enfrentan al riesgo de pagar un precio político en votos. Pero tirando de otro ejemplo cinematográfico, el sheriff Brody de la isla de Amity acosada por el gran tiburón blanco pedía cerrar las playas para salvar vidas, mientras que el alcalde decidió mantenerlas abiertas para salvar la economía. En la ficción todos sabemos distinguir a los buenos de los malos. Bastaría con hacer el esfuerzo de no dejar la ética aparcada a un lado en la vida real.

En pandemia la política puede salvar vidas, pero solo es ética la que más vidas salva, y solo la ciencia revela cuál es (1)

Hoy y mañana se va a hablar de política en este blog, y ojalá fuese la última vez. Y me temo que va a ser algo largo, porque merece una explicación minuciosa, negro sobre blanco. Es indudable que política, ciencia y salud siempre están relacionadas, y de hecho los más militantes en el territorio de este vínculo dentro del mundo científico suelen reprocharme mi habitual alejamiento voluntario de esos fangales. Quizá tengan razón. Pero soy de esa clase de tipos a quienes sus amigos de derechas suelen acusarle de ser de izquierdas y sus amigos de izquierdas suelen acusarle de ser de derechas; lo cual personalmente solo me confirma que estoy precisamente donde pretendo estar. O sea, en ninguna trinchera.

Pero nunca antes en el tiempo de los hoy vivos la relación entre política y ciencia había sido tan crítica y urgente, porque nunca antes había sido tan claramente una cuestión de vida o muerte. Y por eso, en este momento es inevitable hablar de ello.

La pandemia de COVID-19 ha convertido el planeta en el mayor laboratorio epidemiológico de la historia. Aunque la ciencia ha tenido que trabajar atropelladamente, equivocándose y rectificando en numerosos casos, hoy ya existe un panorama científico más claro sobre cómo distintas intervenciones no farmacológicas afectan a la expansión de la presente pandemia. Y de los cientos de estudios publicados ha emergido un consenso: las medidas más eficaces pasan por la prohibición de las grandes reuniones y eventos públicos, el cierre de los establecimientos no esenciales, la clausura de los centros de trabajo y educativos y las restricciones a la movilidad, con la distancia social y el uso de mascarillas como principales medidas de protección.

Estas han sido las medidas generalmente adoptadas en la mayoría de los países, a veces de forma enormemente drástica, como en Nueva Zelanda (sobre la cual, por cierto, suele saltar a los medios un nuevo confinamiento por la detección de solo un par de casos, pero en cambio no suele contarse que gracias a su estrategia de eliminación durante el resto del tiempo llevan una vida completamente normal, sin siquiera mascarillas).

Pero ha existido un puñado de dirigentes que han adoptado una postura diferente a la gran mayoría de sus homólogos y abiertamente contraria a las recomendaciones nacidas de la investigación científica. No merecen ningún comentario los casos más disparatados y enloquecidos, como el del brasileño Jair Bolsonaro o el del presidente de Tanzania, quien declaró que su país había expulsado el coronavirus de sus fronteras gracias al poder de la oración.

El caso más destacado por su influencia global ha sido el expresidente de EEUU Donald Trump, quien despreció las medidas contra la epidemia, creyendo además que el virus desaparecería por sí solo. El poder directo de Trump sobre las intervenciones no farmacológicas es limitado, ya que estas están en manos de los estados e incluso de los condados y ciudades. Pero sin duda su postura influyó sobre las decisiones de salud pública adoptadas por otros dirigentes de su partido con responsabilidades de gobierno.

Trump ya ha perdido el poder, y seguramente existirán muchas razones muy diversas por las que parte de su electorado no ha seguido apoyándole. Pero es llamativo que nunca antes la comunidad científica, incluyendo algunas de las instituciones más destacadas y muchas de las principales publicaciones, se había posicionado de forma tan explícita en contra de un candidato político como lo ha hecho en contra de Trump.

De izquierda a derecha, Donald Trump, Boris Johnson, Mark Rutte, Anders Tegnell e Isabel Díaz Ayuso. Imágenes de White House, Ben Shread / Cabinet Office / Open Government Licence, EU2017EE Estonian Presidency, Frankie Fouganthin vía Wikipedia y EFE / JuanJo Martín / 20Minutos.es.

De izquierda a derecha, Donald Trump, Boris Johnson, Mark Rutte, Anders Tegnell e Isabel Díaz Ayuso. Imágenes de White House, Ben Shread / Cabinet Office / Open Government Licence, EU2017EE Estonian Presidency, Frankie Fouganthin vía Wikipedia y EFE / JuanJo Martín / 20Minutos.es.

Pero si Trump nunca llegó a abdicar de sus planteamientos, quienes en cambio sí rectificaron una postura inicial equivocada fueron Boris Johnson y Mark Rutte, respectivamente primeros ministros de Reino Unido y los Países Bajos. Ambos afrontaron inicialmente la pandemia con el propósito implícito de crear inmunidad de grupo, rechazando las medidas drásticas disruptivas para favorecer el salvamento de la economía.

Es interesante comentar que, a diferencia de Trump, en cierto sentido Johnson y Rutte, conscientemente o no, asumieron el mensaje correcto de los científicos: que a falta de vacunas el virus era imparable, que no iba a desaparecer simplemente con un par de meses de confinamiento ni con un verano de previsible descenso en los contagios. Por ello y a falta de medidas farmacológicas preventivas, ambos flirtearon con la idea de proteger a los grupos más vulnerables y dejar que el virus siguiera su curso entre los sectores de población de menor riesgo para tratar de alcanzar la inmunidad grupal con la mínima pérdida posible de vidas. Ambos abandonaron después esta posición y optaron por medidas más drásticas; se supone que por consejo científico, pero también ante la oposición del público y los medios.

Conviene mencionar que desde el principio de la pandemia ha existido una pequeña corriente minoritaria entre los científicos que ha defendido la postura inicialmente abrazada por Johnson y Rutte. Muchos de ellos la expresaron mediante la firma de un manifiesto llamado Great Barrington Declaration, que defendía «minimizar la mortalidad y el daño social hasta que alcancemos la inmunidad grupal». Según los firmantes, el interés general y el beneficio mayoritario se alcanzarían tratando de evitar una completa disrupción de la dinámica de la sociedad, con todos los perjuicios que ello conlleva a todos los niveles, incluyendo también el sanitario.

La idea era interesante y merecía un análisis científico serio. Pero no ha superado este análisis, por varias razones. Resumiendo: no puede apoyarse en evidencias reales dado que no existe ningún precedente histórico ni por tanto estudios científicos fiables, lo que planteaba el riesgo de un número inasumible de muertes. El tiempo ha dado la razón a quienes desde el principio no han creído en la inmunidad de grupo, al menos en parte por el efecto de las nuevas variantes del virus: en la ciudad brasileña de Manaos el primer pico de la pandemia infectó al 76% de la población, por lo que esta localidad amazónica se convirtió en el foco de todas las miradas de epidemiólogos e inmunólogos. Sin embargo, Manaos ha sufrido posteriormente nuevas oleadas de contagios, lo que para muchos expertos ha supuesto el clavo definitivo en el ataúd de la idea de la inmunidad grupal adquirida por infección natural. Por lo tanto, si el objetivo final de la estrategia defendida por la Great Barrington Declaration es inalcanzable, el camino para llegar hasta él pierde por completo su sentido.

Continuando con la lista, tenemos a Suecia. Este es un caso peculiar, que he explicado con detalle aquí y en otros medios. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países, en Suecia la soberanía de las decisiones está en manos del epidemiólogo del estado, Anders Tegnell. En los medios se le ha llamado a menudo el «Fernando Simón sueco», una comparación incorrecta, dado que Simón únicamente asesora, mientras que Tegnell decide. La inmunidad de grupo y la priorización de la economía han estado presentes, al menos de forma implícita, en los objetivos de Tegnell, que optó por una estrategia blanda de mínima disrupción (después en parte rectificada). Tegnell sí entendió y declaró desde el comienzo que el virus no desaparecería, y que la lucha contra la pandemia era una carrera de fondo, no un esprint. Su estrategia ha sido enormemente controvertida, aunque en general ha sido rechazada por la mayoría de la comunidad científica.

Pero pese a todo, Tegnell contó con una ventaja de salida, en forma de las peculiaridades de la sociedad sueca: no solo se trata de un país con baja densidad de población y con singularidades geográficas, sino que además parece existir un cierto sentimiento de responsabilidad común que llevó a la tercera parte de la población a autoconfinarse voluntariamente durante el primer pico de la pandemia, y a muchos establecimientos a cerrar por decisión de sus propietarios, sin ninguna obligación legal de hacerlo.

Pero con el tiempo esta ventaja inicial ha desaparecido, y quizá en parte por un factor que solo estudios científicos posteriores han ido analizando: el efecto de la heterogeneidad de susceptibilidad. Esto significa que entre la población general existe un gradiente de susceptibilidad a la infección por el virus (a la infección, no necesariamente a sus efectos ni a la gravedad de sus síntomas), de modo que en primer lugar la epidemia ataca preferentemente a los más susceptibles de entre todos los expuestos, sobre todo a los más susceptibles cuyo grado o frecuencia de exposición es mayor.

Esto tal vez no impida que en fases posteriores la infección continúe aumentando su índice de reproducción en ausencia de medidas de contención (R, el número medio de personas a las que contagia cada infectado), pero es posible que sí determine que ciertas regiones sufran oleadas secundarias más intensas que la primera, si el virus aún tiene intacto la mayoría de su terreno más fértil. Si en Suecia el primer pico fue moderado por una expansión limitada no debida a las medidas adoptadas, sino a la configuración de la sociedad, tarde o temprano las cifras acumuladas tienden a alcanzar a las de otras regiones que han sufrido un primer pico más intenso, pero que ya tienen una proporción mayor de su población más susceptible desplazada hacia el tercer grupo en términos del modelo SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado, un modelo clásico en epidemiología).

Vayamos por fin al caso que nos concierne ahora, el de la Comunidad de Madrid dirigida por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Mañana continuaremos.

¿Deben los gobernantes responder por su gestión de la pandemia? ¿Y la sociedad por permitir muertes evitables?

No es ningún secreto que en España hay muchas personas descontentas o indignadas con la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos, central o regionales. Por desgracia, el problema está en el «o«: muchas de estas opiniones suelen venir condicionadas por posturas políticas radicales que aplauden automáticamente todo lo que hacen los propios y denostan igual de automáticamente todo lo que hacen los contrarios, por lo que su relevancia es cuestionable. Pero es natural que quienes han sufrido pérdidas personales muy dolorosas por la COVID-19 descarguen su pesar contra quienes podrían haber hecho más y mejor para evitarlo.

Solo unos pocos, como este blog, hemos criticado tanto los errores de Fernando Simón o la inacción del gobierno central al lavarse las manos (un gesto ahora muy necesario literalmente, pero no metafóricamente), como los caprichos arbitrarios y anticientíficos de la Comunidad de Madrid, o aplaudido tanto la construcción del Hospital Isabel Zendal como ciertas decisiones del gobierno central que quizá no se entendían, pero que se guiaban por la ciencia del momento, a veces equivocada.

Pero más allá de nuestras pequeñas y políticas ruedas de hámster, lo cierto es que España no es una excepción. En todo el mundo, una parte significativa de la población se ha rebelado contra la gestión de sus gobiernos. «De EEUU a India, de Reino Unido a Brasil, la gente se siente vulnerable y traicionada por el fracaso de sus líderes«, escribe en la revista BMJ (British Medical Journal) su director ejecutivo, el médico del Imperial College London Kamran Abbasi, en un editorial en el que defiende la tesis de que los gobernantes del mundo deberían responder, ser evaluados y, en su caso, asumir castigos por su gestión de la pandemia.

Al comienzo de esta crisis, y sobre todo cuando la gente se vio de repente confinada, abundaban los comentarios alusivos a distopías de ciencia ficción, porque muchos apenas podían creer lo que estaba ocurriendo. Entiéndase que esto, en realidad, no era inconcebible, sino todo lo contrario, una catástrofe largamente anunciada: en 2015 y a propósito del entonces nuevo coronavirus MERS escribí aquí que sobre la posibilidad de una inmensa pandemia letal eran «muchos los epidemiólogos, virólogos y otros especialistas a los que durante años se les ha secado la boca a fuerza de repetir que en en este caso la pregunta no es si sucederá, sino cuándo«.

Lo cierto es que, durante años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos e instituciones gritaron a quien quisiera escuchar que una terrible pandemia era inminente. En 2007, como escribí para otro medio, «a juicio de la Organización Mundial de la Salud, el mundo está más cerca que nunca de otra pandemia desde 1968«. Por entonces los autores de un estudio sobre la gripe de 1918 decían confiar en que sus resultados ayudarían a luchar contra “la inevitable pandemia que puede matar a decenas de millones”.

Una calle de Madrid en octubre de 2020. Imagen de Efe / 20Minutos.es.

Una calle de Madrid en octubre de 2020. Imagen de Efe / 20Minutos.es.

Inconcebiblemente, hoy hay quienes todavía no se lo creen, y siguen pensando que esto no está ocurriendo, o que sí está ocurriendo, pero que es culpa de Spectra, Lex Luthor o el Dr. Maligno. O de Bill Gates; quien, por cierto, es uno de los que llevaban años advirtiendo sobre el riesgo de una gran pandemia. Pero si la gente de a pie ha podido permitirse el lujo de ignorar las repetidas advertencias de que alguno de los innumerables virus emergentes en la naturaleza podía llevarnos a donde estamos ahora, en cambio los gobiernos no podían ignorarlo. Y a pesar de todo, lo hicieron.

En la próxima asamblea general de la OMS, que se celebrará en mayo, un tema estrella a discutir será por qué el mundo no estaba preparado, no escuchó y no reaccionó, ni siquiera cuando el 30 de enero de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional (PHEIC), la definición técnica de la OMS que, según el Reglamento Sanitario Internacional firmado en 2005 por 196 países, debería haber disparado la adopción de medidas. Se pregunta Abbasi en el editorial del BMJ: «¿Cómo de grande es la omisión de no actuar inmediatamente después de que la OMS declarase una PHEIC el 30 de enero de 2020?»

La inmensa mayoría de los países tardaron entre un mes y medio y dos meses en adoptar dichas medidas, y solo lo hicieron cuando la OMS comenzó a hablar informalmente de «pandemia», que no es un término oficial como sí lo es la PHEIC. La OMS quiere analizar qué falló y por qué; dos investigaciones preliminares, una de la propia organización y otra de un panel asesor independiente, servirán de punto de partida. Por su parte, la OMS estudiará si debería reformar su sistema de alertas.

Pero incluso una vez se pusieron en marcha esas medidas, a España se le criticó que la desescalada posterior fue prematura y atropellada. Posiblemente la llegada del buen tiempo ayudó a reducir los contagios, pero el exceso de confianza llevó a que nuestro país se convirtiera después del verano en uno de los pozos negros de la pandemia en el mundo.

Y pese a ello, las medidas más drásticas nunca regresaron. El gobierno central se lavó las manos y dejó el problema en manos de las comunidades autónomas. Estas actuaron como a cada una se le antojó. Cuesta creer que al menos uno de los objetivos no fuese diluir las críticas entre los distintos colores y formaciones políticas, ya que esto fue exactamente lo que sucedió: a partir de entonces, no solo se aplacó la ferocidad de quienes antes gritaban, sino que unos pocos cientos de muertes al día ya resultaban aceptables siempre que las cifras fuesen inferiores a las de abril, e incluso motivo para el triunfalismo si hoy había algunas menos que ayer, y ayer menos que anteayer.

Pero hemos seguido teniendo cientos de muertes al día, todos los días, de lunes a domingo, durante meses. Se diría que estas muertes ahora escandalizan menos que las de abril, que esas vidas cuentan menos que las de abril. Ya nadie pregunta por qué no se ven ataúdes en TV. ¿Nos hemos acostumbrado, o es que estas muertes importan menos porque todos los bandos políticos tienen las suyas?

Y, al contrario, estas muertes de hoy deberían resultar aún más escandalosas que las de abril, porque hoy la ciencia tiene un conocimiento mucho mayor de cómo evitarlas. Durante el año de pandemia han aparecido docenas de estudios epidemiológicos que han analizado cuáles son las medidas más eficaces para reducir los contagios. La sorpresa ha sido que el confinamiento domiciliario no resulta tan beneficioso como se creía, y que de hecho puede aumentar la transmisión en los hogares.

Pero los principales y más amplios estudios, ya comentados aquí a lo largo de estos meses, tienden a converger en un pequeño grupo de medidas: prohibir las reuniones de más de 10 personas, cerrar los centros educativos, los centros de trabajo y los negocios no esenciales, sobre todo aquellos de alto riesgo donde el uso de la mascarilla no es permanente, como bares y restaurantes.

¿Se consigue algo con medidas más permisivas? Sí, por supuesto; en esto coinciden los estudios científicos rigurosos y las observaciones anecdóticas de la experiencia. Pero no se consigue tanto como se podría; se están permitiendo muertes que podrían evitarse. Y como se pregunta Abbasi, «cuando los políticos y los expertos dicen que están dispuestos a permitir decenas de miles de muertes prematuras para buscar la inmunidad poblacional o en la esperanza de apoyar la economía, ¿no es esto una indiferencia temeraria y premeditada hacia la vida humana?» «Cuando los políticos desprecian a sabiendas las recomendaciones científicas, la experiencia histórica e internacional, y sus propios modelos y estadísticas alarmantes porque actuar va contra su estrategia o ideología política, ¿es eso lícito?»

Por ello, comenta Abbasi, «como mínimo la COVID-19 podría clasificarse como asesinato social, tal como explicaron recientemente dos profesores de criminología«. El director ejecutivo del BMJ se pregunta si sería posible incluir la mala praxis en salud pública dentro de los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, reconoce que establecer los estándares contra los cuales juzgar un supuesto crimen de este tipo sería complicado. Pero apunta una posible pauta: los países que han aplicado medidas más estrictas durante más tiempo y que con ello han conseguido resultados infinitamente superiores a otros, como Nueva Zelanda o Taiwán. Aún más complicado sería encontrar mecanismos legales por los cuales responsabilizar a los políticos, más allá de su propia decisión de dimitir –más bien rara– o la de los votantes de echarlos de su sillón.

Por último, Abbasi también propina un buen guantazo a los medios de comunicación, a los que recuerda «su deber de decir la verdad al poder y de responsabilizar a las autoridades«. Y sin embargo, prosigue, «muchos de los medios son también cómplices, atrapados en silos ideológicos que ven la pandemia a través de una lente de tribalismo político«. Aunque Abbasi centra sus críticas en su país, Reino Unido, es evidente que en España los medios de izquierdas han respaldado sin la menor fisura toda la actuación del gobierno central, y que en los de derechas no se encuentra la más mínima crítica a la gestión de sus correligionarios, como el gobierno regional de Madrid.

Esta semana la responsable de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood, ha advertido contra el levantamiento de las restricciones en España. Nuestros niveles de transmisión son tan brutales que serían intolerables en otros países con cifras mucho más contenidas y con medidas mucho más drásticas. En el País Vasco un juez ha permitido reabrir la hostelería, despreciando la ciencia y a los científicos, calificando las restricciones como «medievales», cuando es quien niega la ciencia el que está anclado en la Edad Media. ¿Debería también este individuo responder por una decisión que costará vidas? En las líneas editoriales de los medios, siempre tan militantes para otras cuestiones, se observa una tibieza escalofriante a la hora de valorar la prisa de los políticos por tumbar las restricciones, cuando no directamente un negacionismo de las evidencias científicas que ruegan a gritos no relajar las medidas.

«Algunos [políticos] han expresado contrición, pero ‘lo siento’ suena a hueco mientras las muertes suben y las políticas que salvan vidas son deliberadamente evitadas, demoradas o mal aplicadas«, dice Abbasi.

Pero ¿debemos descargar toda la culpa en los políticos, cuando gran parte de la sociedad aplaude una relajación de las medidas que va a causar muertes? ¿Cuántas vidas de otros vale que la nuestra se acerque lo más posible a la normalidad? En Suecia, un país muy criticado por la laxitud de su actuación contra la pandemia, hasta un 30% de la población se confinó voluntariamente durante la primera ola, sin obligación legal alguna. Muchos establecimientos cerraron por decisión de sus propietarios. Allí la sociedad dio una lección a los políticos.

Hoy sabemos que esto no durará eternamente; el virus probablemente sí lo hará, pero entre la vacunación general, la inmunidad a diferentes epítopos del virus que poco a poco vamos a ir construyendo y la mayor vigilancia epidemiológica que seguirá la pista estrechamente a la evolución del SARS-CoV-2, podemos esperar que quizá en un par de años, o incluso menos, la amenaza se sitúe en un nivel similar al de las gripes estacionales, según la previsión más común entre los expertos.

Hasta entonces, es obvio que muchas personas no podrían aguantar sin su empleo o sin su negocio. Pero la solución a los problemas económicos debe ser económica. No puede taparse ese agujero con más muertos. Y si los gobernantes eligen esta segunda solución porque les resulta más barata que sostener a quienes más lo necesitan, ¿cómo es posible que la sociedad no reaccione? ¿Tanto se nos ha endurecido la piel que ya no nos importa?

Cien segundos para la medianoche, las manecillas que amenazan destrucción

No está en el ánimo de este blog sumarse a las amenazas de apocalipsis que cada vez parecen rodearnos con más intensidad. En realidad, el título de este artículo es una adaptación de ese famoso estribillo de Iron Maiden (para los fanes, vídeo al final de estos párrafos):

Two minutes to midnight

The hands that threaten doom

Naturalmente, cuando Bruce Dickinson y Adrian Smith escribieron este tema, se inspiraron en el Doomsday Clock, el imaginario reloj que los científicos del Bulletin of the Atomic Scientists mantienen desde 1947 y que nos avisa del nivel de riesgo de autodestrucción de la humanidad; a mayor proximidad de la aguja del reloj a la medianoche, más cerca estamos de nuestra propia aniquilación.

En su origen, el Doomsday Clock estaba específicamente dedicado al riesgo de guerra nuclear, que en tiempos de la Guerra Fría parecía la única gran amenaza capaz de provocar un cataclismo global. En septiembre de 1953, las pruebas nucleares de EEUU y la URSS motivaron a los científicos del Bulletin a situar la manecilla a dos minutos de medianoche. En 1984, con la puesta en marcha del programa de misiles de Ronald Reagan –en su día conocido popularmente como Star Wars–. el año en que se publicó la canción, el reloj se situó a tres minutos de la medianoche, la posición más cercana a la destrucción desde 1953.

En los últimos tiempos, los relojeros del Bulletin han incorporado otras amenazas como el cambio climático, el bioterrorismo y las tecnologías de la información con fines bélicos o aplicadas a la desinformación. Y en los años que vivimos, a juicio de ellos, las cosas no pintan bien. Al comenzar este siglo, el reloj estaba a 9 minutos. Desde entonces, no ha hecho más que correr hacia la medianoche: 7 minutos en 2002, 5 minutos en 2007, 6 en 2010 para volver a los 5 en 2012, 3 minutos en 2015, 2 minutos y medio en 2017, y en 2018 alcanzamos los 2 minutos, igualando la marca de 1953.

Ahora estamos aún peor: el pasado jueves, los científicos del Bulletin decidieron acercar el reloj 20 segundos más hacia la medianoche, situándolo a 1 minuto y 40 segundos (100 segundos) de las 12 de la noche. Según este grupo de expertos, la humanidad corre el mayor peligro de autodestrucción desde 1947.

El Doomsday Clock, a 100 segundos de la medianoche. Imagen de Ryanicus Girraficus / Wikipedia.

El Doomsday Clock, a 100 segundos de la medianoche. Imagen de Ryanicus Girraficus / Wikipedia.

«Enfrentados a este panorama de amenaza alarmante y a la nueva voluntad de los líderes políticos de rechazar las negociaciones y a las instituciones que pueden proteger a la civilización a largo plazo, el Panel de Ciencia y Seguridad del Bulletin of the Atomic Scientists hoy mueve el Doomsday Clock 20 segundos más cerca de la medianoche, más cerca del apocalipsis que nunca», han declarado los guardianes del reloj. «Al hacerlo, los miembros del panel están explícitamente advirtiendo a los líderes y ciudadanos de todo el mundo de que la situación internacional de seguridad es ahora más peligrosa de lo que nunca ha sido, incluso en el clímax de la Guerra Fría».

En torno al Doomsday Clock hay cierta polémica. El físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss, que formó parte del Bulletin, ha publicado un comentario en el Wall Street Journal en el que acusa al reloj de ser acientífico, ya que, dice, se trata de un grupo de científicos juzgando sobre política y estrategia militar, en las que no son especialistas. En otras palabras, hay quienes consideran que el reloj no puede tomarse como un verdadero indicador riguroso, a pesar de ser pretendidamente cuantitativo, sino que más bien es el resultado de las impresiones de un comité que se traduce a un valor numérico por arte de magia.

En cualquier caso, quizá la metáfora del reloj no resulte ya tan poderosa como lo era en sus inicios. Y tal vez el ciudadano medio esté ya algo cansado de escuchar mensajes apocalípticos. Pero también hay algo innegable, y es que cerrar los ojos solo hace desaparecer los fantasmas. Que, de todos modos, no existen.

Greta Thunberg es el dedo, pero hay que mirar a la Luna: dos elogios y dos críticas

Como defensor de la ciencia por sí misma y de su valor para la sociedad, y por tanto como persona que apoya y difunde el consenso científico sobre la realidad del cambio climático antropogénico, se supone que aquí debería aclamar y elogiar a la joven activista sueca Greta Thunberg. Se supone, porque si uno atiende a los medios, a la calle y a las redes sociales, parece que solo hay dos equipos a los que apuntarse: el de la preocupación por la crisis climática, pro-Greta, y el del negacionismo de la crisis climática, anti-Greta.

Pues bien, aquí va una tercera opción. Vaya por delante que esto solo trata sobre la labor pública de Greta y lo que representa de cara a la lucha contra el cambio climático.

Greta Thunberg, ayer en Lisboa. Imagen de Manuel de Almeida / EFE.

Greta Thunberg, ayer en Lisboa. Imagen de Manuel de Almeida / EFE.

Hay dos aspectos muy elogiables en el discurso de Greta:

1. Su defensa de la ciencia

Greta Thunberg ha hecho de la frase «Unite Behind the Science» su lema. Una cría de 16 años ha conseguido plantarse en medio de grandes foros, delante de los políticos que rigen los destinos de grandes naciones, y les ha conminado a escuchar a los científicos. ¿De quién más se puede decir esto?

Durante años, décadas o siglos, se nos ha tratado de convencer de que la tecnocracia es contraria a la democracia. Esta idea ha funcionado cuando al mismo tiempo se ha logrado implantar la sospecha de que los técnicos, los científicos, albergan intereses diferentes o discrepantes con los del pueblo, y que por lo tanto este debe defenderse de la intromisión de aquellos en el gobierno de la sociedad. Esto ha sido siempre una gran falacia, pero hoy es una gran falacia insostenible por más tiempo. El cambio climático, uno de los mayores problemas de nuestra era, ha llegado a calar como tal en la sociedad gracias a la voz de la ciencia. Y son también los científicos quienes deben guiar a los políticos hacia las soluciones, estos detrás de aquellos.

2. Su defensa del ser humano

En sus intervenciones, la activista ha destacado su preocupación por el futuro de la humanidad en el contexto del cambio climático. A Greta se la ha llegado a calificar de heroína posmoderna, pero en claros aspectos no lo es. El primero de estos aspectos es ese firme anclaje de su discurso en la realidad científica.

El segundo es su defensa del ser humano. El pensamiento posmoderno está fuertemente enraizado en la misantropía y el desprecio hacia la humanidad, y esto está presente hasta el empacho en buena parte del folclore que rodea a la protesta contra el cambio climático. No parece ser el caso de Greta: ella culpa a las generaciones que la han precedido del deterioro de la salud terrestre (lo cual es innegablemente cierto). Pero su discurso se engarza siempre en torno a la preocupación por el bienestar de las próximas generaciones, y por tanto es una postura claramente humanista: la conservación de la biosfera no es un objetivo superior al bien de la humanidad, sino también necesario para este.

Hasta aquí, los elogios. Ahora, las críticas:

1. No haciendo no se consigue

Es muy cuestionable que el ejemplo de una niña que deja de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades para protestar sea el modelo que va a arreglar los problemas acuciantes. Greta saltó a la fama por sus huelgas, que después han arrastrado a miles de escolares en todo el mundo. Sin embargo, y como ya escribí aquí, aunque una gran manifestación consigue el objetivo de la visibilidad, si algo requiere la lucha contra el cambio climático es precisamente mucho trabajo. En el fondo, Greta no ha hecho nada. Y no haciendo nada, ha logrado infinitamente más notoriedad y visibilidad que otras innumerables personas dedicadas en cuerpo y alma a la lucha contra el cambio climático. Lo cual transmite un mensaje equivocado.

Si bien, todo hay que decirlo, quizá esto no sea achacable en exclusiva a Greta, sino sobre todo a quienes han hecho de ella lo que es. Que no, que son sus padres; ellos proponen, pero quien dispone es la sociedad. Y es la sociedad la que está prestando mayor atención a quienes dicen que a quienes hacen.

2. Hay que separar las opciones personales de los hechos científicos

Como cualquier ser humano, famoso o no, Greta es libre de elegir las opciones personales que más le plazcan. El problema (aparte de que exagerar la nota con la coherencia solo pone la alfombra roja a los encontradores de incoherencias, que siempre las hay) surge cuando dichas opciones personales pueden confundirse con los hechos, ya que quien las sostiene dice hablar en nombre de la ciencia. Un ejemplo: si lo que se publica es cierto, Greta es vegana, y tanto ella como muchos de sus seguidores defienden esta opción como solución de peso en la lucha contra el cambio climático.

Ya lo he explicado aquí con más detalle, pero hay que volver sobre ello todas las veces que sea necesario. El dato de que la ganadería produce un 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), frente a un 14% del transporte, es falso; apareció en un informe de la ONU cuyos autores rectificaron después para publicar los datos correctos: en emisiones directas, el transporte aporta un 14% y la ganadería un 5%.

Sin embargo, ciertos movimientos ideológicos continúan propagando los datos erróneos, a pesar de que otros estudios tampoco los sostienen. Uno de ellos cifraba en un 2,6% la reducción de emisiones de GEI que se lograría suprimiendo la ganadería en EEUU. Otro trabajo que he mencionado en un reciente reportaje estimaba que cambiar a una dieta vegetal ahorra al año cuatro veces más emisiones que reciclar los residuos, pero solo la mitad que evitar un único vuelo trasatlántico y la tercera parte que prescindir del coche. La agencia medioambiental de EEUU ha estimado las emisiones debidas a la ganadería en torno a un 4%.

En resumen, por supuesto que prescindir de la ganadería y del consumo de carne reduciría las emisiones de GEI, pero los estudios indican que no tanto como a veces se pretende, y que por tanto sería un beneficio, pero no la solución. Si es behind science, lo es siempre, y no solo cuando la ciencia dice lo que a uno le interesa. Quienes aprovechan la lucha contra la crisis climática para promocionar sus ideologías particulares solo están promocionando sus ideologías particulares, no la lucha contra la crisis climática.

Como resumen, el caso de Greta es ejemplo modélico del viejo adagio: cuando un dedo señala a la Luna, el tonto mira el dedo. En favor de la activista hay que decir que ella insiste en que sus manifestaciones no son sus opiniones, sino las conclusiones de los resultados científicos, y por lo tanto no se le puede negar el esfuerzo en intentar que quienes la escuchan miren a la Luna y no al dedo. Pero al mismo tiempo, es un dedo que ha optado voluntariamente por acaparar tal protagonismo que puede llegar a ocultar la visión de la Luna.

¿Flaqueará el nuevo gobierno de coalición en el #StopPseudociencias?

En este blog no existe otra tendencia política que la que corre a favor de la ciencia, y por tanto en contra de las que corren en contra de la ciencia. Pero es un hecho incontestable que en la historia reciente de este país solo ha existido un partido gobernante en el Estado que haya creado un Ministerio de Ciencia, y que además haya resistido la tentación de regalar, como quien reparte corbatas por los servicios prestados, tanto esta responsabilidad como la de Sanidad a los Amadeos de Saboya de turno, aquel rey del que se dice que no entendía nada de nada, ni siquiera el idioma de sus mandados.

Pero ahora las cosas han cambiado. El partido en cuestión ha pactado con otro que no se ha distinguido precisamente por sus posturas procientíficas, y que cae en el típico error histórico de las ideologías que manipulan la ciencia para adaptarla a sus postulados: ciencia es lo que yo digo que lo es, no lo que la –corrupta, viciada, comprada o, simplemente, ideológicamente equivocada– comunidad científica dice que lo es. Lo hizo Hitler con la ciencia de la higiene racial, lo hizo Stalin con la ciencia de la herencia de la vernalización de Lysenko, e incluso lo hizo Franco con la ciencia de la herencia social del nacionalcatolicismo de Vallejo-Nágera.

Basta leer lo que Unidas Podemos (UP) tiene que decir en su programa. Bajo su aparente pronunciamiento a favor de la ciencia frente a las pseudociencias y pseudoterapias, lo que se lee en el fondo no es una defensa de la ciencia, sino un discurso ideológico de opinión. Si son científicos pertenecientes a UP quienes han escrito esos párrafos, se diría que en este caso han dejado las cualidades del pensamiento científico colgadas en la puerta del laboratorio.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la semana pasada en el Congreso. Imagen de EFE.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la semana pasada en el Congreso. Imagen de EFE.

En primer lugar, no hay ninguna defensa expresa del conocimiento, que es el objetivo primario y fundamental de la ciencia, sino solo de sus consecuencias prácticas, que en el fondo es lo mismo que defiende la derecha clásica: un concepto mecanicista y utilitario en el cual suele despreciarse la importancia de la investigación básica. De ahí la afirmación de que «las decisiones científicas son algo que incumbe a toda la ciudadanía y que es irresponsable dejarlo únicamente en manos de expertos y políticos». Este es el modélico punto de vista que destruye la ciencia básica: ¿decidiría la ciudadanía que se investigue la materia oscura, la detección de ondas gravitacionales o el bosón de Higgs (para lo cual se construyó la instalación científica más cara de la historia), cuando nada de ello servirá para curar el cáncer o inventar un microondas que enfríe la cerveza en 30 segundos?

UP se permite pontificar que «la ciencia vive hoy bajo una doble amenaza». ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Los recortes? ¿Las revistas depredadoras? ¿La resistencia al acceso abierto? ¿Las barreras a la igualdad? ¿La irreproducibilidad de los resultados? ¿Las retractaciones? ¿La indefinición de los modelos estadísticos válidos? ¿La quiebra de paradigmas como el que durante décadas ha definido el modelo de la expansión del universo?

Nada de eso. Para UP, esas amenazas son, primero, «la distancia que la separa de la población es a veces tan grande que busca en otros lugares formas de conocimiento que sean más accesibles y amables, en forma de las pseudociencias y las pseudomedicina».

¿En serio? Frente a esto que no es sino una opinión, aquí va otra igualmente válida: la ciencia está hoy más cerca de la población de lo que jamás lo ha estado. Nunca ha existido tanta disposición y formación en los científicos para comunicar y explicar su trabajo a la población, nunca han existido tantos canales, medios y foros para hacerlo, y nunca ha existido tanta presencia de la ciencia en la sociedad. Todas las encuestas muestran que los sectores de la población que hoy se acercan más a las pseudociencias y las pseudomedicinas no son los más faltos de educación y medios, aquellos que más podrían sentir esa presunta lejanía, sino todo lo contrario: hoy lo pseudo triunfa entre las capas más formadas y acomodadas, aquellas que han recibido una educación ilustrada, pero sobre las cuales esa ilustración ha resbalado.

El discurso de UP vuelve además a caer en otro típico error de libro: la pseudociencia no es una amenaza para la ciencia. Es una amenaza para la sociedad. La ciencia va a seguir existiendo y en perfecto estado de salud, con o sin pseudociencias. Es la gente la que muere por culpa de las pseudociencias, no la ciencia.

Segunda amenaza, según UP: » la conversión de la ciencia en un mercado». Por supuesto que la ciencia es y debe ser un mercado, y este es precisamente uno de los triunfos de la ciencia moderna. En otras épocas, muchos de quienes se dedicaban a ella eran los llamados gentlemen scientists. Cuando la ciencia era algo aún ajeno al mercado, solo la practicaban las personas acaudaladas y ociosas que no estaban obligadas a ganarse la vida colocando ladrillos, y que por tanto podían dedicarse a gastar su fortuna y su tiempo en montarse un laboratorio y experimentar.

Suele considerarse que fue el inglés Robert Hooke, en el siglo XVII, el primer científico profesional. La profesionalización de la ciencia consiguió que hoy cualquiera pueda dedicarse a ella por libre elección sin necesitar otro bagaje que el del talento, sin necesidad de poseer riqueza. La conversión de la ciencia en un mercado es lo que permite que hoy cualquier persona pueda decidir si quiere dedicarse a la ciencia o a la hostelería.

Por supuesto que los fondos públicos deben sostener la ciencia básica, pero esto no deja de ser un mercado: uno en el que los investigadores compiten por los recursos públicos, los cuales se encauzan preferentemente hacia aquellos que hacen mejor ciencia, que hacen un mejor producto. Pero los modelos que han triunfado en el progreso científico actual son aquellos en los que se ha impuesto un sistema mixto público-privado; las instituciones privadas financian toneladas de ciencia básica, e ignorar el ejemplo de la primera potencia científica mundial, Estados Unidos, es simplemente crearse una realidad alternativa en un universo paralelo.

El discurso de UP se vuelve pueril: «Los pacientes no buscan tanto una píldora milagrosa como la atención que muchas veces el médico del Sistema Público Nacional de Salud no puede proporcionarle». Si existe deshumanización por parte de ciertos personajes concretos del sistema sanitario o no, es una cuestión tan de experiencia personal como el famoso «a mí me funciona». Tratar de presentarlo como un problema generalizado y crónico solo evidencia una actitud ideológica de raíz, el recelo y la desconfianza hacia la profesión médica y hacia la ciencia en la que se basa. Pero no parece muy descabellado pensar que, en el fondo, lo que quiere el paciente es curarse. Creer que al paciente no le importa tanto curarse o no, siempre que su terapeuta le dé un abrazo, es también crearse una realidad alternativa, en este caso en un universo paralelo de unicornios y nubes de algodón.

Y luego, sí, está todo ese discurso de la rotunda oposición a las pseudociencias y «al empleo de terapias cuya validez no ha sido testada científicamente». Pero basta ir al terreno práctico para comprobar que los hechos no lo respaldan.

En diciembre de 2018, en una entrevista de Esther Ortega para Redacción Médica, la portavoz de Sanidad de UP en el Congreso, la médica Amparo Botejara, dijo a propósito del plan del anterior gobierno contra las pseudoterapias: «en las pseudociencias, por lo que veo, lo mismo se mete a un señor que le daba lejía a los niños de autismo (el conocido como MMS), que se mete la osteopatía, ¡hombre no! vamos a diferenciar». Pero aunque Botejara no aclara cómo aplicaría ella esa diferencia, parece olvidar que la ciencia actual es clara: la osteopatía es una terapia cuya validez no ha sido testada científicamente.

En la misma entrevista, Botejara negó cualquier relación de UP con el llamado Círculo de Podemos de Terapias Naturales, que rechaza la quimioterapia contra el cáncer. Sin embargo, otras fuentes del partido no negaron esta relación a ConSalud.es, y la despacharon diciendo que «son militantes que los crean espontanéamente y pueden expresarse libremente, faltaría más». ¿Faltaría más también si esos militantes, expresándose libremente, defendieran la violencia contra las mujeres? Porque las pseudoterapias también matan. Y hay quienes consideramos que, si se trata de libre elección, al menos la aplicación de pseudoterapias no curativas y potencialmente dañinas a los niños y niñas, que no las han elegido libremente, faltaría más, debería considerarse punible.

En 2015, Pablo Iglesias y Estefanía Torres, de UP, elevaron una pregunta al Parlamento Europeo pidiendo «el reconocimiento básico de los derechos de la gente electrosensible» y que termine el supuesto boicot de presuntos lobbies para «encontrar una solución a la falta de protección y la vulnerabilidad de los niños a la luz del creciente uso de tecnologías wireless en las escuelas». Con esto, UP parece mostrar su apoyo explícito a la pseudociencia que defiende la existencia en algunas personas de una hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, algo que ningún estudio científico ha logrado demostrar.

Esta última pseudociencia también sería la inspiradora de la propuesta de Ahora Madrid, formación participada por UP que gobernó en la capital en la anterior legislatura, referente al soterramiento de cableados para «reducir los campos electromagnéticos», según contó Rocío P. Benavente para Teknautas en El Confidencial.

Durante su mandato en la alcaldía de la capital, Ahora Madrid defendió la propuesta de declarar a Madrid «zona libre de transgénicos». Aparte de que el hecho de declarar a la ciudad de Madrid zona libre de transgénicos tenga aproximadamente el mismo valor que declararla zona libre de tiranosaurios, la ciencia ha mostrado de forma reiterada, miles y miles de estudios después, que los transgénicos no son perjudiciales para la salud humana, para la salud animal ni para el medio ambiente.

Pero incluso dejando de lado los grupos que en internet dicen estar asociados a UP y que dicen defender la homeopatía, la teoría conspiranoica de los chemtrails o el tarot y las cartas astrales, que internet es libre y anónimo –si bien, todo hay que decirlo, al mismo tiempo existe un grupo antimagufos–, basta con entresacar las declaraciones de sus líderes, que no son anónimas. Como ya conté aquí, la lideresa andaluza de UP, Teresa Rodríguez, dijo a la cadena SER en 2016 que las bases militares de EEUU de Rota y Morón provocan cáncer en la población. «Es cierto que no se ha hecho ningún estudio epidemiológico serio, pero en la zona se habla mucho de cómo afecta el cáncer la presencia militar», dijo.

Por su parte, en 2014 el físico Pablo Echenique de UP reconocía a Nuño Domínguez de Materia que «en la izquierda algunas veces la gente se ha vuelto anticientífica», y lo atribuía a que «la gente que no forma parte del sistema científico percibe a la ciencia como parte del sistema, como si fuera la banca»; es decir, motivos ideológicos. Y hacía la pirueta de defender la oposición de UP a los transgénicos al mismo tiempo que decía: «Como científico no estoy en contra de los transgénicos per se«.

Toda esta innegable impregnación de UP por las pseudociencias forma parte de lo que el periodista y escritor mexicano Mauricio-José Schwarz, que se reconoce como de izquierdas, ha llamado «la izquierda feng-shui»; ese sector de izquierdas, de buena posición económica y con educación superior, que de ninguna manera va a permitir que la realidad del conocimiento científico vaya a imponerse por encima de la subjetividad de su ideología.

Por supuesto que UP no es ni mucho menos el único partido en el que existen personajes o colectivos que defienden las pseudociencias; también los hay en el partido que ha promovido el plan para luchar contra ellas, como contó Javier Salas en El País, y no digamos en el resto. Pero lo importante es cómo se resuelve ese debate de posturas de cara a promover políticas. Y ante lo que se avecina, UP deberá decidir si su política, que definen como progresista, defiende el progreso de la ciencia del siglo XXI o el regreso a la superstición del XVII.