La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados se ha interesado por las iniciativas que se están llevando a cabo contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares para poder incorporarlas al Pacto de Estado por la Educación.
Después de más de un año y medio de batallar con las instituciones, la activista Cristina Romero, como impulsora de la campaña nacional contra el despilfarro de alimentos en los comedores escolares y como creadora del movimiento Hay que ponerse, ha trasladado a la Comisión sus propuestas para que puedan ser incluidas en dicho pacto.
Estas propuestas incluyen la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria. Ahora, por razones higiénicas y sanitarias, la comida sobrante no puede ser manipulada, según esta ley y los reales decretos que establecen las normas de higiene para la elaboración.
También, pide incluir en el Plan de Educación programas de educación en reducción de despilfarro de alimentos por parte de las empresas de catering escolares, en colaboración con el centro educativo y poder otorgar un distintivo de calidad de lucha contra el despilfarro de alimentos a las entidades involucradas (las que lo posean podrán beneficiarse de subvenciones o ayudas).
Romero es una madre catalana que en enero de 2016 comenzó una campaña de firmas en Change. org , que sigue activa, para acabar con el desperdicio de toneladas de comida que se produce en los colegios.
En octubre de 2016, presentó en el Congreso 244.000 firmas para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria. En el texto de la recogida de firmas, todavía activa, solicita que los miles de toneladas de alimentos que no se aprovechan en los comedores escolares -según un estudio del Ministerio de Agricultura de 201, podrían ser 14.000 toneladas al año-, sean destinados a los miles de familias necesitadas.
Desde octubre de 2016 hasta ahora, Cristina Romero se ha reunido con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y con diputados del PP, Podemos, PSC y UDC y ha colaborado con políticos de otras comunidades autónomas que han dado luz verde a diversas iniciativas para el aprovechamiento de los alimentos. Además, en Cataluña, su petición será incluida en el Plan de Educación para fomentar el aprovechamiento de alimentos entre niños y adolescentes.
«En este país –señala Romero- sólo se trabaja con alimentos no perecederos y el objetivo sería hacer llegar más carne y pescado a los comedores sociales y bancos de alimentos, ya que según la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), el año pasado atendieron a más de 1.500.000 personas en España».
«La dieta mediterránea es una de las más sanas, equilibradas y sabrosas del mundo. En nuestras escuelas se ofrece diariamente un menú equilibrado y saludable y es una verdadera lástima que las personas necesitadas no puedan disfrutarla. No olvidemos que muchas de ellas tan solo hacen una comida al día y si hablamos de riesgo de pobreza, este tiene en cuenta la baja intensidad de empleo y la carencia material severa como no poder comer carne o pescado cada dos días, según datos del INE», añade.
La Federación de Bancos de Alimentos tiene firmados 32 convenios, gracias a los cuales se han recuperado más de seis millones de kilos de alimentos. Por eso, la impulsora de la campaña considera un acierto que las escuelas españolas, las empresas de catering, Fesbal y otras organizaciones no gubernamentales pudiesen firmar acuerdos de colaboración y así dar un buen destino a todo ese excedente.
Según su propuesta, este excedente sería previamente seleccionado: carne, pescado, legumbres…, excluyendo los alimentos que por su naturaleza pueden ser peligrosos a la hora de darles un segundo uso: huevo, carne y marisco crudo, cremas pasteleras… Los alimentos estarían congelados a -18 grados, en un envase en perfectas condiciones y con un etiquetado que incluyera el tipo de alimento, la cantidad, la fecha de congelación y la fecha de entrega.
El paso que se dio en el Congreso a finales de junio de este mismo año, podría hacer que este hecho fuese en breve una realidad, ya que se aprobó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Alimentaria tras varios meses de contactos con grupos políticos y los ministerios de Agricultura y Sanidad.
Los diputados que la presentaron señalan que se trata de un proceso de auxilio social. El cambio legal generará seguridad jurídica para facilitar la iniciativa tanto pública como privada, mejorando la eficiencia y reduciendo los niveles de despilfarro.
