La FAO afirma que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia. Si tenemos en cuenta la situación de crisis en la que vivimos, es una cifra escandalosa.
En los comedores escolares, cada día se tiran a la basura toneladas de alimentos, mientras que hay familias que no pueden llevarse nada a la boca. El Ministerio de Sanidad así lo exige.
Por razones higiénicas y sanitarias, la comida sobrante no puede ser manipulada, según la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición y los reales decretos que establecen las normas de higiene para la elaboración.
Esta situación es la que ha llevado a Cristina Romero a hacer una petición en Change dirigida al Ministerio de Sanidad, que ya han firmado más de 70.000 personas, para que revise y cambie esta normativa.
En algunos municipios de Madrid y Cataluña ya se han implantado medidas para aprovechar la comida. Son los ayuntamientos quienes se encargan del servicio de recogida que pasa por los colegios a diario recogiendo la comida que sobra para trasladarla a algún comedor social o albergue cercano.
Cristina Romero explica que estas acciones son fáciles: «Primero, en los propios comedores escolares, se embala la comida en tuppers de una sola ración, se etiqueta y se congelan; la empresa de recogida se encarga de llevárselos, asegurándose de no romper la cadena de frío y garantizando la correcta conservación de los alimentos; por último los alimentos se transportan al Banco de Alimentos, donde se distribuyen entre las personas con dificultades económicas o en situación de dependencia que participen en el programa de alimentos».
Los alimentos envasados o no elaborados, como yogures, fruta, verdura sin cocinar o envases que no hayan sido abiertos, se pueden dejar en los colegios para su posterior distribución. Y en cuanto a la comida elaborada –purés, potajes, sopas, tortillas, carne, etcétera–, está sujeta a unos controles que sólo pueden ser cambiados por el Ministerio de Sanidad.
«Se da por entendido que la pobreza es un problema social. Ante los más de 7,7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en España anualmente, muchos de ellos en comedores escolares, las autoridades competentes deberían actuar económicamente. Deberían destinar una partida del presupuesto anual y asumir ese gasto de material de embalaje y posterior transporte a comedores sociales o entidades benéficas y la contratación de personal en caso necesario», señala Cristina.