Con la Constitución en la mano, el Rey no hubiera podido declarar lo que la Reina ha declarado en un libro que acaba de publicarse. Si las hubiera manifestado Don Juan Carlos, esas opiniones sobre la religión en los colegios, el aborto, los matrimonios gays o la eutanasia supondrían una vulneración de las funciones de arbitraje y moderación entre las instituciones a las que le obliga el artículo 56 de la Carta Magna.

De la Reina consorte, nada dice expresamente la letra de la Constitución en este sentido, es cierto, pero el espíritu de nuestra ley de leyes es claro: la Corona debe quedarse por encima y al margen del debate político.

No vale justificar las declaraciones de Doña Sofía diciendo que las hace a título particular. La Reina consorte no es una persona particular, vive del Presupuesto público, tiene funciones específicas que están en la Carta Magna (las de la Regencia, por ejemplo), en el Título II, dedicado íntegramente a la Corona. Tiene derecho a tener opiniones propias, desde luego, pero para expresarlas debiera salir antes de ese Título, debiera dejar de ser Reina consorte y pasar a ser Sofía a secas, debiera dimitir (si es que hubiera manera de hacerlo). O debiera callarse.