El ajuste del gasto público anunciado esta mañana en el Congreso por Zapatero ha generado graves fisuras en el Gobierno y algunas críticas internas al presidente.
Distintos miembros del Gobierno con los que he hablado me aseguran que se enteraron de las medidas concretas del ajuste al mismo tiempo que todos los ciudadanos, cuando el presidente las ha anunciado esta mañana en el Congreso, y no ocultaban su malestar con el presidente, por las formas y por el fondo.
Un miembro del Gobierno decía incluso que las medidas «hubieran tenido que debatirse en un Consejo de Ministros Extraordinario, y no decidirse sólo por el pequeño grupo de personas que lo hicieron». El «pequeño grupo», según las fuentes que he consultado, lo formaban Zapatero, la vicepresidenta económica, Elena Salgado; Alfredo Pérez Rubalcaba, que se está convirtiendo en el mayor apoyo de Salgado, y el jefe de gabinete del presidente, José Enrique Serrano. Otras fuentes aseguran que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y José Blanco, titular de Fomento y vicesecretario general del PSOE, también habrían intervenido, pero que habían sido muy críticos con algunas de las medidas finalmente adoptadas.
Los ministros disconformes con las medidas creen que el recorte en la inversión (6.045 millones de euros) va a frenar la recuperación económica y que la bajada de sueldos a los funcionarios va a lastrar el consumo, y proponían que el paquete incluyera alguna medida fiscal «de izquierdas» que paliara el enfoque «liberal» del plan.
Esta mañana, no había sólo descontento y revuelo en el Gobierno. También lo había en la dirección del PSOE, según un miembro de la Ejecutiva socialista. La comparecencia, esta tarde, de Leire Pajín iba dirigida a los afiliados y socialistas más que al conjunto de la opinión pública. «Hay que cerrar filas con el presidente, ahora no es el momento de criticar sus medidas», me comentaba un alto cargo de Moncloa, ya por la tarde.
Las medidas fueron recibidas con alborozo en la CEOE, cuya junta directiva celebraba una reunión cuando se conocieron. Un miembro de la dirección propuso que se saliera de inmediato a aplaudirlas y a colocar el mensaje de que el Gobierno hacía, por fin, lo que la patronal lleva recomendándole desde que comenzó la crisis. Pero otro miembro de la dirección, cercano al sector de la construcción y a la obra pública, paró esta iniciativa con el argumento de que el recorte en la inversión, sobre todo en infraestructuras, supone un frenazo en las expectativas de esos sectores. En la patronal se cree que los sindicatos reaccionarán contra Zapatero con movilizaciones ruidosas, incluso con una huelga de todo el sector público. «Si no lo hacen, perderán la poca credibilidad que les queda», sentenciaba un dirigente empresarial, que añadía: «Y la huelga le vendrá bien a Zapatero, le dará credibilidad ante Bruselas, el FMI y los mercados financieros».
He hablado también con algunos expertos demoscópicos. Uno cree que las medidas anunciadas no le supondrán a Zapatero un gran desgaste electoral porque coinciden con el deterioro que sufren a su vez el PP y Rajoy por Gürtel, por las divisiones internas y por su actitud ante la crisis económica, que se apuntaban el lunes en el último Barómetro del CIS. «El PP está tan mal que el Gobierno se puede permitir el lujo de derechizarse», sentenciaba este experto. Otro creía que sí, que Zapatero pagará en las urnas la dureza del ajuste: «Los funcionarios y sus familias suman más de 5 millones de votos que desde hoy estarán cabreados», sentencia. Y hay incluso quien piensa que la dureza del ajuste indica que Zapatero ya ha decidido que no será el candidato socialista en 2012: «Él se come ahora el marrón del ajuste, se convierte en un estadista… y da paso a otro dirigente socialista».