«El tráfico no llega ni a la mitad de lo previsto», decía ayer el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, al anunciar que el Gobierno ha decidido rescatar y nacionalizar con nuestro dinero, el de los contribuyentes, las autopistas de peaje hoy en quiebra y alegremente hace pocos años concedidas, adjudicadas a empresas privadas, cacareadas y presumidas por José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos, correligionarios del ministro De la Serna.
El tráfico no llega a la mitad de lo previsto. Cierto. En algunos casos, el tráfico real ha sido el 16% de lo previsto; o sea que, de cada 100 vehículos que se esperaban han pasado solo 16. El tráfico no llega ni de lejos a lo previsto por los políticos que se hacían fotos inaugurando tramos y por las mismas constructoras y concesionarias que hicieron un excelente negocio inicial construyéndolas y que han acumulado después cuantiosas pérdidas y han convencido al Gobierno de que las asumamos entre todos. Unos 5.500 millones nos va a costar a los contribuyentes la alegría concesionaria y el error de cálculo.
5.500 millones no es una broma. Es el 0,55% de nuestro PIB. Es una cantidad mayor que el ajuste que nos exigen Bruselas y que ha llevado al Gobierno a subir los impuestos. Es tres veces más que lo que costaría la subida de las pensiones a casi 9 millones de pensionistas propuesta en el Parlamento por PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV y el Grupo Mixto y que el Gobierno quiere vetar. Es más de media paga extra de los casi 9 millones de pensionistas. Con esos 5.500 millones, la hucha de las pensiones respiraría aliviada al menos medio año más. Con esos 5.500 millones de euros, 1,9 millones de parados que no cobran absolutamente nada tendrían para cobrar casi cuatro meses los 800 euros brutos al mes que cobran los parados que cobran. Con esos 5.500 millones se evitarían docenas de miles de desahucios, cientos de miles de cortes de luz a familias pobres…
Se ignora por ahora si detrás del estallido de la burbuja de las autopistas de peaje hay responsabilidades penales. Lo que parece evidente es que hay algunas responsabilidades administrativas y de gestión y muchas responsabilidades políticas. ¿Se investigarán en el Parlamento? ¿Las asumirá alguien?
P.D. Hace ya más de año y medio, en mayo de 2015, escribí en este blog:
Los políticos y los medios empezamos a hablar de la burbuja inmobiliaria apenas media hora antes de que estallara. Estad atentos a otras posibles burbujas grandes, medianas y pequeñas -la de las autopistas de peaje, la de los parques tecnológicos, la de los parques temáticos, la de los centros de arte, la de los aeropuertos, la de los palacios de congresos, la de los complejos olímpicos, la de las universidades, la de las líneas de AVE…-, que algunas de ellas acabarán estallándonos en la cara por más que la vieja política mire para otro lado.
Ya nos ha estallado la de las autopistas de peaje. Crucemos los dedos con las otras.