El amago de ayer de Mariano Rajoy de saltarse a la torera la Constitución es uno de los disparates políticos y jurídicos más clamorosos que se han producido en España en muchos años. Y un feo ominoso al rey, una presión rayana con el chantaje a los líderes del resto de formaciones políticas y una tomadura de pelo colectiva al conjunto de los ciudadanos, especialmente a los que votaron al PP en las elecciones del pasado 26 de junio.
¿Qué está haciendo Rajoy tras proponerle Felipe VI como candidato a presidente de Gobierno? ¿Ha aceptado la propuesta o no lo ha hecho? ¿Se han leído Rajoy y sus asesores el artículo 99 al completo de la Constitución? Dice así:
«Artículo 99
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.»
En los últimos días, el rey, la presidenta del Congreso y los representantes por los grupos políticos con representación parlamentaria cumplieron con pulcritud lo que dispone el 99.1. Ahora Rajoy, tras aceptar ayer la propuesta del rey, tiene que cumplir con la misma pulcritud el 99.2 -exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que formaría si es investido-, y el 99.3 -someterse a las votaciones-.
No vale apearse en medio. Hacerlo, vulneraría de modo flagrante la Carta Magna, impediría que el rey haga esas «sucesivas propuestas» que dispone el 99.4, no echaría a andar la cuenta atrás que se fija en el 99.5 y llevaría al conjunto del Estado a un limbo jurídico y constitucional. Se antoja difícil imaginar alguna acción política tan irresponsable con la legalidad constitucional como esta que apuntaba ayer Rajoy. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General, hoy muy activos en otro conflicto constitucional, deberían advertírselo al presidente en funciones, y este no empecinarse en el sostenella y no enmendalla en el que andan esta mañana algunos de sus ayudantes.
Mariano Rajoy debería salir hoy mismo y declarar solemnemente que al rey le ha dado un ‘sí’ completo, y no un ‘sí’ simulado y un ‘no’ diferido.