Imagino que serás un asalariado en una empresa privada por lo que se desprende de tus comentarios, o quizás seas un autónomo con un puesto de carnicería en un mercado.

Mientras que durante muchos años, la gente solo quería trabajar en el sector privado, porque en la función publica se ganaba muy poco, durante lustros nuestros ingresos en forma de nominas estuvieron congelados y posteriormente rebajados, mientras que el IPC y la carestía de la vida seguía aumentando, otros ganabais lo que no estaba en los escritos, aprovechando la época de vacas gordas, entonces nadie se quejaba de los funcionarios, de lo poco que ganábamos respecto a otros, ahora sin embargo, cuando la cuestión cambia, no es que nosotros ganemos mas, puesto que tenemos muchos mileuristas entre los funcionarios, si no que toca apretarse el cinturón sobre todo en la parte privada, a la par que en la publica, nos acordamos de esos, que nos atienden en los hospitales, de esos que tratan de defendernos contra los cacos, de esos a los que recurrimos cuando vemos salir humo, de los que tienen que educar junto a nosotros a nuestros hijos, y muchos otros más que realizan labores que sin su desempeño, el país no funcionaria.

Muchos de los que trabajáis en la parte privada nos demonizáis porque tenemos un sueldo todos los meses, y como te decía antes, quizás tienes una carnicería, y si por casualidad te alegras de que nos aprieten mas el cinturón y nos quiten las pagas extra, quizás este año tu vendas un gran porcentaje de corderos menos gracias a ese recorte de nuestros sueldos, con lo cual, que nos aprieten mas a nosotros, es también apretaros mas a vosotros.

La única verdad en la que deberíamos estar todos a una es, pedir y exigir a nuestro gobierno un referéndum para poder expresar nuestra opinión acerca de pagar una deuda privada que nos asfixia cada día mas, nuestro país debe aproximadamente el 350% de su PIB, del cual el 75% es deuda pública y la deuda privada es el 275% del PIB .

La deuda en este país es ilegitima e impagable y supone una nueva estafa y sometimiento a los dictados de aquellos que han generado esta crisis, llámense Botín, Francisco González, Rodrigo Rato…y otros especuladores que obtuvieron grandes beneficios en el casino de la especulación financiera y ahora exigen al Estado y al conjunto de la ciudadanía que carguen con sus deudas privadas.

Por eso deberíamos exigir de una vez por todas un referéndum y opinar sobre si queremos o no pagar las deudas de otros.

En España por desgracia hay corrupción, y en las oposiciones no se libran, aproximadamente se pueden colar un 15% hijos de políticos, sindicatos y amigos, pero habría que depurar eso. Así argumentar que los empleados de la privada son mejores, pues ya sabes, si tan listo eres oposita, pero que sepas que no te vas hacer de oro. Cuando lleves años de sacrificio en tu vida verás como lo entiendes, mientras los otros están tocándose los cojones, aquí si que pega eso de “cojones”.

A ver cuándo España deja de ser el único país del Tercer Mundo de la Unión Europea y cesa al 100% del funcionariado, para reemplazarlo por trabajadores, seleccionados por cualquier multinacional, que sabrán infinitamente más que cualquier zote funcionario del montón de los que pulula por aquí.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho.En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.

Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo.