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Lagun tiene cuatro años. Es un setter inglés macho al que le encanta salir a correr por las montañas noruegas donde vive y que se acurruca en su cama cuando el frío fuera corta la respiración. Todo marcha bien hasta que se encuentra con alguien que lleva un palo o un bastón. “Más que miedo siente terror”, comenta a Sinc Itziar, la persona que lo adoptó hace un año del centro de acogida Terracan, en Ferrol (A Coruña).
Ni ella ni su pareja, Jørgen, tienen muy claro cómo era la vida de este perro de caza, que estuvo deambulando durante un año por las calles del municipio de Buño (A Coruña), hasta que lo recogieron los técnicos de la protectora. “Los vecinos dijeron que lo iban a matar a palos”, recuerda la joven, y el cuerpo magullado del setter demostró que cumplieron su amenaza.
Casos como el de Lagun –que significa ‘amigo’ en euskera– no son una excepción en España. Según datos facilitados por el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) a Sinc, en 2013 recibieron 13.809 denuncias de perros maltratados, lo que supone un 88% más que en 2008, año en que empezaron a digitalizarse los casos.
Los malos tratos incluyen un amplio abanico de categorías, que van desde las más graves, como ahorcamientos, muertes o heridas por tiroteo y paliza, hasta abandonos, robos, desnutrición, transporte inadecuado, higiene deficiente, envenenamiento o falta de chip.
Las cifras del Seprona solo se refieren a casos que hayan sido comunicados a la Guardia Civil, por lo que quedan excluidas las notificaciones a Policía Local, ayuntamientos, juzgados o centros de acogida. “Nuestros datos recogen las actuaciones propias de la Guardia Civil, de oficio, además de las denuncias y cualquier comunicación que tengamos por parte de los ciudadanos”, explica a Sinc la teniente Elisabel Sinde desde su despacho en la sede central del Seprona.
Por eso las cifras son muy diferentes a las que presentan organizaciones como Ecologistas en Acción que, junto con la Fundación Affinity, aglutina los casos notificados en ayuntamientos y centros de acogida. En 2010 calcularon que hubo 120.000 perros abandonados, el 40% de ellos de caza. La cifra del Seprona de ese año los situó en 320; de ellos, 95 fueron empleados en actividades cinegéticas.
“Los datos de la Guardia Civil deben verse como complementarios a los nuestros”, afirma a Sinc Chesús Ferrer, del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción. “Con ellos se demuestra, con datos oficiales, que las prácticas de maltrato, muerte y abandono de perros de caza en España que venimos denunciando son reales”, añade.
Cazadores expulsados
Pero las cifras del Seprona son las únicas que reconocen los cazadores. “Un cazador jamás abandona o sacrifica a su perro, sin embargo, igual que existen asesinos que matan a sus mujeres o hijos, hay algún individuo, al que nunca se le podrá llamar cazador, que atenta contra su perro”, subraya a Sinc Ángel López, responsable de comunicación de la Real Federación Española de Caza (RFEC).
Las cifras de la Guardia Civil revelan que en 2013 hubo 6.184 perros de caza maltratados, que incluyen a razas como galgos, podencos, setters, bracos o sabuesos. De los 6 perros ahorcados que contabilizaron el año pasado, 4 eran de caza, mientras que de los 20 canes muertos por tiroteo, 11 se dedicaban a la actividad cinegética.
Además, las estadísticas de la Benemérita muestran cómo los malos tratos en perros de caza siguen la misma tendencia que los del conjunto de perros, dibujando prácticamente las mismas líneas en las gráficas con independencia del tipo de maltrato.
Según el Estudio sobre el abandono de animales de compañía en 2010, editado por la Fundación Affinity, el fin de la temporada de caza es el responsable del 10% de los abandonos, un porcentaje que aumenta en Extremadura y Castilla La Mancha, comunidades donde esta práctica tiene un fuerte arraigo.
Por su parte, los datos del Seprona sitúan a Andalucía a la cabeza del ranking, con 13.092 animales agredidos desde 2008, seguida por Castilla y León, con 11.546, y Castilla La Mancha, con 8.383. Las tres comunidades encabezan también la lista en cuanto a perros de caza maltratados. Les siguen Aragón, Extremadura y Cataluña.