Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial y Daria Kornilova*

Es de dominio público que el gobierno liderado por Vladimir Putin no bebe los vientos por lo que a las mariquitas se refiere, pero no siempre fue así en la madre patria rusia. El porqué de los giros de los acontecimientos históricos, o los polvos de este lodo, son el kit de la cuestión para entender qué se cuece en Rusia y cómo afecta a las personas LGBTIQ+ el caldo de esa olla.

Las primeras sanciones a la homosexualidad que se registran en el país son en el siglo XVII. Los zares buscaron diferentes formas de reprimir y vetar la disidencia sexo-genérica a partir de esta fecha. El primero de ellos, Alejo I de Rusia, quemaba en la hoguera a las mujeres que tenían relaciones con mujeres y ejecutaba a los hombres que hacían lo mismo entre ellos, no quedaban exentas las mujeres que simplemente aparentaban ser “masculinas”. Esta represión parece estar conectada con los intentos de “modernizar” el estado, puesto que anteriormente existía cierta aceptación de la homosexualidad, sobre todo entre algunos sectores de la población.

En el siglo XIX, durante el gobierno del zar Nicolás I fue aprobado el artículo 995 por el que se sancionaba la sodomía con la expulsión a Siberia entre 4 a 5 años. Las relaciones homosexuales fueron relegadas a la clandestinidad, marcadas por la visión de la Iglesia Ortodoxa que las consideraba como algo inmoral y pecaminoso.

Con el derrocamiento del zarismo por la Revolución Rusa, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia eliminó en 1917 la legislación que sancionaba las relaciones entre personas del mismo sexo y la disidencia de género.

Lo anterior, sin embargo, no vendría acompañado de una mayor aceptación social sino de cierta ambivalencia en todos los ámbitos. A finales de la década de los 20 la homosexualidad fue mayoritariamente entendida como una enfermedad mental y, pocos años después, en 1934, el gobierno de la Unión Soviética reinstauraría la legislación punitiva de la sodomía bajo el mandato de Stalin. Las sanciones consistirían en hasta 5 años de trabajos forzados (artículo 121).

Hay historiadoras que indican que el artículo 121 fue usado políticamente para sancionar a opositores al régimen y que, del mismo modo, en este período se inició cierta propaganda por parte del gobierno para asociar la homosexualidad con el fascismo y la pederastia.

Según el estudio de Dan Healey (Homosexual Desire in Revolutionary Russia, 2001) existieron en torno a 25.688 condenas a hombres por el artículo 121 entre 1934 y 1993, aunque las entidades LGBTIQ+ indican que el número pudo llegar hasta las 60.000.

La agencia de noticias Reuters indicaba en 1993 los datos de una encuesta realizada en 1989. Según esta, las personas homosexuales eran el grupo más odiado en la sociedad rusa y el 30% de las personas encuestadas consideraban que las personas homosexuales debían ser liquidadas.

El gobierno de Putin.

En 1993, periodo postcomunista bajo el mandato de Boris Yeltsin, la homosexualidad fue legalizada y en 1999 eliminada como enfermedad de la lista de “desórdenes mentales”. A partir de entonces surgieron algunas publicaciones y organizaciones LGBTIQ+ como Triángulo, sin embargo, muchas de ellas desaparecieron por falta de financiación ante un contexto que no dejó de ser represivo.

Vladimir Putin, actual presidente, alcanzó el poder en 1999. En los años 2000, en una sociedad que rechazaba la disidencia sexogenérica, siguieron surgiendo resistencias activistas por parte del colectivo. El proyecto gayrussia.ru fue fundado en 2005 por Nikolai Alekseev. Desde esta iniciativa se propuso la marcha del Orgullo de 2006 en Moscú. Las personas activistas decidieron realizar la misma a pesar de no contar con autorización. Esta finalizó con unas 70 personas detenidas después de que grupos ortodoxos y nacionalistas rusos radicales se opusieran a la marcha con golpes y amenazas.

En 2007 la marcha del orgullo en Moscú fue, del mismo modo, prohibida por el alcalde de la ciudad quien la definió como un “acto satánico”. A pesar de no contar con la autorización, al igual que el año anterior, el grupo de activistas marchó en la ciudad y de nuevo se enfrentaron a la violencia de grupos opositores y a una nula protección por parte de la policía, inclusive varios de los activistas fueron detenidos.

Las marchas del orgullo en Moscú fueron igualmente prohibidas en 2008, 2009, 2010 y 2011.

Desde 2010, la disidencia sexo-genérica se identifica con la inmoralidad occidental e ideologías políticas opuestas al gobierno ruso. La LGBTIQ+fobia se ha construído como una estrategia de diferenciación y de oposición a occidente, para reafirmar los “valores tradicionales”. El gobierno ruso lo expresa sin tapujos en sus declaraciones y posiciones políticas. Así, en 2014 se opuso a una resolución de la Organización de Naciones Unidas en contra de la LGBTIQ+fobia. El mismo año, Rusia celebraba el Congreso Mundial de las Familias, donde reunieron a grupos explícitamente LGBTIQ+fóbicos de múltiples nacionalidades.

Previamente, en 2002 se presentó una propuesta de ley en la Duma para criminalizar la homosexualidad, alentada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien en varias ocasiones ha pedido que se realice un referéndum para prohibir la homosexualidad en el país. Por suerte, esta propuesta no alcanzó la mayoría necesaria para hacerse efectiva.

Hay cierta dificultad para determinar la opinión de la ciudadanía acerca de las personas LGBTIQ+ en Rusia, puesto que existe un fuerte desconocimiento debido a la utilización política de la disidencia sexo-genérica y la tabuización de todo lo relacionado. Así lo demuestra el experimento que hicieron varios jóvenes en las calles de Moscú con el que entrevistaban a personas en la vía pública preguntándoles sobre su opinión acerca de la heterosexualidad. La mayoría tuvo reacciones de repulsa y rechazo ante la concepción errónea de que este concepto se trataba de personas que mantenían relaciones con personas del mismo sexo.

A pesar del desconocimiento y la desinformación, hay estudios que apuntan a que puede encontrarse entre las más hostiles del mundo. La encuesta de 2007, reflejada en Cross-national Differences in Attitudes towards Homosexuality, mostraba que el 68% de la ciudadanía rusa consideraba que la homosexualidad era algo malo. En la encuesta The global divide on homosexuality reflejaba en 2013 que el 74 % de la ciudadanía rusa consideraba que las personas homosexuales no debían ser aceptadas por la sociedad, lo que indica un aumento en la visión negativa que podría venir dado por las legislaciones anti LGBTIQ+ y el auge de los discursos LGBTIQ+fóbicos que trajeron consigo.

La situación del colectivo LGBTIQ+ después de las “leyes contra la propaganda y la pedofilia”.

Estas legislaciones comenzaron a aprobarse en algunos estados desde 2006. En total, diez regiones ya habían prohibido la «propaganda de la homosexualidad» (algunas de ellas también incluían la «propaganda de la bisexualidad y transexualidad») antes de que en 2013 se incluyera una medida en toda la Federación rusa.

La ley federal conocida como contra la propaganda homosexual y pedofilia recibe el nombre oficial de ley «para el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales» y fue aprobada por unanimidad por la Duma el 11 de junio de 2013, con la abstención de un único miembro.

Esta ley modifica la ley de protección de la infancia del país y el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa, prohibiendo lo que denomina como distribución de «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» entre menores. Esto incluye los materiales que «suscitan el interés», «formen predisposiciones sexuales no tradicionales» con «ideas distorsionadas sobre el mismo valor social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales». Prohíbe, del mismo modo, la adopción por parejas del mismo sexo, hecho que se acabó trasladando también a la adopción internacional.

Desde su aprobación son numerosos los casos en los que se han reportado detenciones por inclumplimiento de esta ley, sobre todo en aquellas acciones de activistas LGBTIQ+ que han producido arrestos y multas que se han conocido de manera más mediática y que han ido entre los 4.000 y 100.000 rublos. Las personas extranjeras pueden ser retenidas en calabozo hasta 15 días para luego ser deportadas, o bien, multadas con hasta 5.000 rublos y luego deportadas.

El informe License to Harm. Violence and Harassment against LGBT People and Activists in Russia (2014) de Human Rights Watch da cuenta de las amenazas, el control, espionaje, secuestros, humillación y violencia que vive el colectivo, además de las detenciones. Las denuncias de los organismos internacionales, sin embargo, no están consiguiendo un cambio en la política y sociedad del país, a pesar de que una de ellas se trata de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la violación por parte de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no reconocer de manera legal a las parejas del mismo sexo.

También la infancia está sufriendo graves consecuencias, no pudiendo contar con información acerca de la diversidad y siendo parte de una imposición ideológica de odio desde la más temprana edad. El documental Dyeti 404 (Niños 404), pone de relieve el impacto que esta Ley ha tenido en la infancia LGBTIQ+, siguiendo la vida de un grupo de adolescentes del colectivo después de la aprobación de esta legislación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el impacto que ha generado en la opinión pública en contra de la disidencia sexo-genérica, combinando deliberadamente los conceptos de orientación sexual y pedofilia. Según un estudio de opinión pública realizado el mismo año de la aprobación legislativa, el 90% de la ciudadanía rusa apoyaba esta ley. Así, desde su aprobación se han organizado grupos contra la comunidad LGBTIQ+, destacando Okupai – Pedofilyai que se dedica a la “caza” de homosexuales (que nombran como pedófilos), a partir de perfiles falsos en internet. Este grupo de ideas abiertamente fascistas ha sido ampliamente denunciado por activistas, quedando sin ningún tipo de investigación policial ni judicial.

La LGBTIQ+fobia se observa del mismo modo en las instituciones y en los espacios de atención a la ciudadanía. Un estudio de 2014 reflejado en The State of Psychiatry in Russia, indicaba que el 62,5 % de 450 psiquiatras entrevistados en Rostov consideraban la homosexualidad como una enfermedad y el 75% estaba de acuerdo en que era un comportamiento inmoral.

Más lodo que nunca.

El 1 de abril de 2017 el periodico Novaya Gazeta publicó el artículo sobre el secuestro de alrededor de 100 hombres en la República de Chechenia (parte de Rusia) por motivos de su orientacion sexual. Un hombre llamado Maksim Lapunov fue liberado debido a que no pertenecía a la etnia chechena, y se comunicó con el periódico para contar lo que le había sucedido en el territorio de la República de Chechenia.

Resultó que desde febrero de 2017 se estaban produciendo redadas periódicas en Chechenia, durante las cuales las autoridades detenían a hombres “sospechosos” de tener relaciones homosexuales. Posteriormente, los detenidos eran internados en prisiones clandestinas, donde eran torturados, privados de alimentos y agua, con el fin de obtener información sobre las personas LGBTIQ+ que viven en la república. Luego, algunos de los detenidos fueron entregados a familiares con la recomendación de realizar un «asesinato por honor», mientras que el resto fueron ejecutados en los alrededores de la prisión.
Basada en la historia de Maxim Lapin, la BBC filmó el documental «Bienvenido a Chechenia», en el que por primera vez se utilizó la tecnología de cambio de caras para proteger a los participantes del proyecto. El propio Maxim, junto con su familia, se vieron obligados a huir a del país después de que las autoridades rusas se negaran a investigar lo sucedido. Pero incluso mientras está fuera de Rusia, Maxim continúa recibiendo amenazas y no puede sentirse seguro.

A pesar de esta situación en el territorio checheno, en 2019 se registró en Rusia la tasa de aceptación más alta hacia la comunidad LGBTIQ+ en los últimos 14 años. Este estudio elaborado por el Centro Levada mostraba que el 47% de la ciudadanía rusa estaba a favor de que las personas LGBTIQ+ disfrutaran de los mismos derechos. Una de las explicaciones a este resultado, fue la menor exposición mediática de discursos de odio hacia el colectivo en los medios de comunicación en los años previos a la encuesta.

Con diversas motivaciones, entre ellas reavivar las posturas de odio, en 2022 la ley contra la propaganda homosexual se vio ampliada de manera unánime para incluir toda «la negación de los valores familiares» y la promoción de «orientaciones sexuales no tradicionales» a cualquier grupo de edad, incluyendo por primera vez aspectos tránsfobos como la prohibición de acercar materiales que a los menores les genere un “deseo de cambiar su sexo”.

También prohíbe la “demostración” del comportamiento LGBTIQ+ y su apoyo en público como si se considerase un estilo de vida “normal”. Del mismo modo, veta expresamente toda publicidad, libros, materiales y películas que se considere que promueven esta “propaganda”. Las sanciones supondrían multas que oscilan entre 100.000 y 2.000.000 de rublos, es decir, entre 1.350 euros y 26.600 euros.

Hay quienes consideran que este endurecimiento legislativo está vinculado a la ocupación de Ucrania, con la intención de reafirmar los valores tradicionales rusos y oponerse de manera ideológica a todo lo que señalan como “occidental” o “europeo”.

El discurso de odio hacia el colectivo LGBTIQ+, un arma más de la invasión de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022 se hizo pública la invasión de Rusia a Ucrania después de 8 años ocupando y reclamando por la fuerza parte de su territorio. Desde entonces, los ataques y el despliegue militar comenzaron a ser mayores tanto en crudeza como en extensión en el territorio ucraniano.

Algunos medios como gayru.info denuncian el aumento de la persecución de las personas LGBTIQ+ en las zonas controladas por los separatistas en Donbás desde el inicio de la ocupación. Ya en 2014 fue atacado el club gay Babilon de Donetsk por 10 personas armadas que dispararon cartuchos de fogueo al aire, robaron a quienes estaban dentro y gritaron amenazas e insultos LGBTIQ+fóbicos. En 2015, según el informe Violation of LGBTI Rights in Crimea and Donbass: The Problem of Homophobia in Territories Beyond Ukraine’s Control (2016), el viceministro de Asuntos Políticos de la República Popular de Donetsk había declarado que: «Se está extendiendo una cultura de la homosexualidad… Por eso debemos matar a todo aquel que esté implicado en esto». Este discurso también se ha observado en parte de la ciudadanía del territorio, con la negativa de una buena parte para acoger a personas LGBTIQ+ desplazadas por el conflicto.

Como vemos, las consecuencias de la guerra tienen un impacto diferenciado en las personas LGBTIQ+. En concreto, hay personas LGBTIQ+ que no están pudiendo salir de Ucrania, especialmente las mujeres trans que no han podido cambiar su documentación ante las exigencias del proceso y que ahora se ven atrapadas ante un posible reclutamiento.
En marzo de 2022, Naciones Unidas estimaba que más de 2.000.000 de personas habían tenido que huir de Ucrania. La mayoría de ellas lo han hecho hacia los países fronterizos de Polonia y Hungría, lugares en los que la población LGBTIQ+ se enfrentan a situaciones de discriminación.

Es importante destacar el papel de las entidades LGBTIQ+ y las personas activistas que se están articulando en estos países de acogida para garantizar la seguridad y protección de las personas refugiadas LGBTIQ+ ante gobiernos vulneradores de derechos.

El activismo LGBTIQ+ en Rusia también se enfrenta a una enorme hostilidad, motivo por el que muchas personas han tenido que huir del país y solicitar protección internacional. La Red Rusa LGBT trabaja para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país, siendo la mayor organización LGBTIQ+ de Rusia y la primera de carácter internacional. Estas y otras entidades hacen frente a las vulneraciones que se están viviendo en Rusia, donde los derechos de la comunidad LGBTIQ+ están siendo utilizados como un arma más de la guerra.

* Daria Kornilova es activista por los derechos LGBTIQ, refugiada de origen ruso. Co-fundadora del colectivo de personas LGBTIQ+ refugiadas Valores Multicolor, y mediadora intercultural en CEAR. Puedes encontrar más información sobre Daria en Linkedin.