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Contamos historias extraordinariamente cotidianas que nombran cada una de las realidades de la diversidad sexual y de género.

Entradas etiquetadas como ‘Leyes’

¿Día Internacional de la Familia?

Por Juan Andrés Teno (@jateno_), periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

III Encuentros de Familias Homoparentales (2011)/ Foto: FELGTB

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 15 de mayo como Día Internacional de las Familia en un intento de promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a esta estructura clave de la sociedad internacional.

Este año, en 2017, la conmemoración se centra en:

resaltar el papel que juegan las familias, en las políticas orientadas a las familias, en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua para niños y jóvenes.

La celebración también tiene por objetivo, según revela Naciones Unidas,

fomentar el debate acerca de la importancia de «los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible».

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El año de las familias: la esperanza arcoíris

Juan Andrés Teno (@jateno_) , periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Foto: Madison Scott-Clary

Hace ahora 12 años que en España se cerró el ciclo democrático con la reforma del Código Civil en materia de matrimonio. Por fin todos los españoles no sólo tenían las mismas obligaciones sino que también podían gozar de los mismos derechos. Los ciudadanos de segunda habían desaparecido.

La gran fiesta de la comunidad LGTBI era que todos los ciudadanos podían, si querían, contraer matrimonio y expresar públicamente su amor a través del registro civil. Pero lo más significativo de aquella apuesta valiente no fue la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres pudieran casarse, lo verdaderamente revolucionario fue que podrían tener hijos en común.  Así nació la esperanza arcoíris, el futuro, la continuidad de la especie a través del amor entre personas del mismo sexo. Lee el resto de la entrada »

Arcoíris legal en #Extremadura: 10 motivos de alegría

Una nueva ley en Extremadura que marca un antes y un después para el colectivo LGBTI, no solo en aquella tierra sino en España. Charo Alises (@viborillapicara), abogada, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y miembro del grupo de juristas de FELGTB nos escribe hoy sobre esta noticia que es motivo de alegría para nosotras también.

 

¡Enhorabuena Extremadura! El pasado 19 de marzo, el Parlamento extremeño aprobó -por unanimidad de todos los grupos políticos-  la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hay que felicitar especialmente, a los activistas y colectivos LGTBI de esta Comunidad, por su lucha incansable en favor de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI que viven en esa región. Muchos años de trabajo contra la discriminación que han dado sus frutos con la promulgación de esta ley. La nueva norma garantizará la protección de las personas LGTBI  frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los sectores públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cualquier ámbito de la vida, y en particular en las esferas civil, laborar, social, sanitaria, educativa o cultural. Respecto al contenido de la ley, me gustaría destacar algunos aspectos relevantes:

1º- La creación de un Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la elaboración de protocolos de actuación policial y un régimen de sanciones ante casos de discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género.

2º- Atención integral a las víctimas de delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género, que comprenderá asistencia y asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria, incluyendo la atención psicológica especializado y medidas sociales, tendentes a facilitar -si así fuese preciso- su recuperación funcional.

3º- Protección a la diversidad familiar frente a cualquier tipo de discriminación en la unión de parejas del mismo sexo ya sea de hecho o de derecho y a sus hijos e hijas.

4º- Se aborda la violencia en el seno de la familia y las medidas a seguir frente a esta violencia, a la que se califica de forma específica como violencia intragénero. La ley establece que se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de violencia en parejas del mismo sexo que protejan a la persona acosada frente a la persona acosadora. Esto facilita la independencia física y económica de la víctima respecto al agresor/a.

5º- Acceso de las mujeres lesbianas y bisexuales a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación.

6º- Reconocimiento expreso de  bisexualidad y la bifobia. La norma establece el desarrollo de acciones de visibilización y protección de este colectivo.

7º- Derecho de las personas transexuales a recibir una atención integral que incluye la detección temprana de la transexualidad, el diagnóstico y el tratamiento con reasignación de sexo para quién lo solicite.

8º- Protección a las personas mayores y a las personas inmigrantes, gitanas o discapacitadas, por ser éstas suceptibles de una doble discriminación.

9º- Reconocimiento del sufrimiento de las personas represaliadas por su orientación sexual o por su identidad de género con la creación del Centro de la Memoria Democrática y Documentación LGTBI.

10º- Las instituciones y los poderes públicos extremeños contribuirán a la visibilidad de las personas LGTBI .en Extremadura.

Pero ahora la ley debe cumplir sus objetivos, y para ello será necesario que las Administraciones Públicas de Extremadura -en el ámbito de sus competencias- promuevan políticas para el fomento de la igualdad, la visibilidad y la no discriminación del colectivo LGTBI. Solo con la adopción de estas políticas se podrá conseguir que la igualdad legal que propugna la nueva  norma, y que esta voluntad legislativa mostrada por unanimidad se traduzca en una igualdad real de derechos para las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales que viven en esa Comunidad.

Esta histórica ley supone un importante avance en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es deseable que otras Comunidades Autónomas sigan el mismo camino legislativo y, sobre todo, es necesario que pronto podamos celebrar la aprobación de una ley estatal que garantice la igualdad real de derechos para las personas  LGTBI en todo el territorio nacional.

 

Adelanto electoral: retraso de derechos LGTBI en Andalucía

A Charo Alises (@viborillapicara), abogada malagueña, doctora no ejerciente y activista en general, le hemos pedido que nos comparta sus impresones sobre cómo cree que afectará el adelanto electoral en Andalucía a los derechos de las personas LGBTI. Tras este acertado análisis nadie negará que la incertidumbre se abre paso a codazos.

Desfile-del-orgullo-gay-Sevilla-2010-

Fotografía de Fabri-Olmedo

Ingobernabilidad, ruptura de pactos, estrategia electoral, cualquiera que sea el motivo para un adelanto de las elecciones, lo cierto es que las consecuencias que éste conlleva suponen una merma para los derechos sociales de la ciudadanía.

Con el Parlamento disuelto y las elecciones convocadas para el 22 de Marzo, en el tintero legislativo andaluz quedan leyes tan importantes como la de atención a personas con discapacidad, la ley de juventud, la de servicios sociales o la ley de renta básica. Todos éstos son instrumentos legales necesarios e imprescindibles en el objetivo de alcanzar mayores cotas de bienestar social para la población andaluza, que en estos momentos sufre una situación de gran vulnerabilidad social. Según datos de la propia Junta de Andalucía, hay un millón de personas usuarias de los servicios sociales en esta Comunidad.

En materia de derechos LGTBI, el adelanto electoral ha supuesto un jarro de agua fría para los colectivos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales de Andalucía. Estábamos esperando la aprobación en esta legislatura, de una ley que garantizase nuestros derechos y nos protegiese del odio y la discriminación, como la que ya está vigente en Cataluña. Precisamente, para empezar a trabajar en esa ley, nos dimos cita el pasado 23 de enero en el Parlamento Andaluz- Allí acudimos entidades LGTBI de diversas provincias de la Comunidad. En esa reunión, bajo un acuerdo de unidad de todos los colectivos presentes, sentamos las bases de un futuro texto legal que debería abarcar cuestiones como el respeto a la diversidad afectivo-sexual en ámbitos como el trabajo, la salud, la cultura, el orden público o los medios de comunicación, y la importancia de establecer un régimen sancionador frente a conductas discriminatorias.

Un aspecto muy importante en el que existió consenso, fue la necesidad de velar por los derechos de la infancia y la juventud LGTBI, y ello en base al reconocimiento del interés superior del menor. Además, se puso de manifiesto el relevante papel de la educación para erradicar el odio y la discriminación de la que a menudo somos víctimas por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género. Pero la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones nos ha vuelto a sumir en la incertidumbre ya que no sabemos si el nuevo gobierno que salga de las urnas asumirá el compromiso de sacar adelante la ley por la que ya hemos empezado a trabajar. No obstante, los colectivos LGTBI andaluces exigiremos, a quienes finalmente ocupen el poder en Andalucía, que no nos guarden en un cajón legislativo y asuman sus responsabilidades para defender nuestra dignidad y nuestros derechos.

Los gobiernos pueden cambiar pero los derechos sociales siempre están y estarán presentes.

Transexuales: por fin visibles

Nos sumamos con estas entradas a las acciones globales por la despatologización trans                                                                       

                                                    Por Flor de Torres , Fiscal Delegada Autonómica de Andalucía de violencia a la mujer y contra la discriminación por identidad de género.

Quien practique la transfobia no solo comete un hecho delictivo, también esta rechazando con su acto a sus iguales. Proyectará  un odio que se instala en el estigma al que sometemos a un colectivo invisible también en derechos:  el de los y las transexuales.

Y es que  esa persona transfóbica se situará  directamente  fuera del marco Constitucional. Con su conducta ejercerá ataques directos  a la tolerancia y respeto de los derechos humanos con  acciones de acoso,  agresiones, injurias,  violaciones, actos de violencia psicológica,  negación  de sus derechos y hasta del derecho al asilo en nuestro país cuando  en su país de origen se persiga a la persona y se le denigre sus derechos humanos.

Porque la identidad de género que hay que respetar forma parte del catálogo de derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna de la Constitución Española. Al derecho prioritario de la igualdad del Art. 14 de la Constitución  se suman otros derechos desde donde tienen su origen y al que necesariamente han de volver: El derecho al honor, a la  intimidad personal, a la propia imagen, al no sometimiento de actos inhumanos, denigrantes o vejatorios. Todos transitan por el camino de la igualdad y sin que pueda prevalecer ningún acto de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Y es que atrás quedan  leyes  vergonzosas, que denigraban los derechos humanos como la Ley de vagos y maleantes de 1954 o la Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1970 que castigaba a las personas que no cumplían los estereotipos del binarismo sexual y de género.

Siguiendo esta  concepción del ser humano plural y con  derecho a su identidad, desde el día 9 de Julio de 2014 la Comunidad Autónoma de Andalucía posee uno de los instrumentos legales  más innovadores en el respeto al derecho del colectivo de Transexuales: La Ley 2/2014, de 8 de julio, Integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

Andalucía reconoce en su Estatuto de Autonomía en el Artículo 14 el derecho a la igualdad y no discriminación especialmente aquella que tiene su origen en razón del sexo, características genéticas o cualquier otra circunstancia personal o social.

Una ley que solo podía ser integral por los derechos que pueden verse conculcados y que exigía mirada integral a un problema integral. Abarca el derecho de la autodeterminación del género de personas con identidad  genética distinta a la asignada al nacer. Y por ello desde el respeto a este derecho se establece un catálogo de derechos administrativos, de identificación, sanitarios, de no discriminación  laboral, de educación, de derechos sociales,  y de apoyo y protección a las víctimas  de delitos de odio y de transfobia pero de forma especial a las víctimas de violencia de género con acceso directo  a todos los mecanismos de protección a las victimas de violencia de genero   en el marco Autonómico.

Para la Fiscalía de violencia a la mujer el hecho de ser una mujer transexual no es barrera ni frontera para acceder en situación de idéntica igualdad como victima de violencia de género  en el caso que sobre ella se haya ejercido la violencia de género siempre que conste médicamente tal condición y los mismos requisitos legales que la Legislación del Registro Civil.

De esta forma  Andalucía se ha convertido en la Comunidad que cumple las recomendaciones de la Unión Europea en su informe de 12/12/12 de no discriminar a los y las transexuales. Navarra y País Vasco ya cuentan sus propias normas autonómicas. Pero en la Comunidad Andaluza se ha apostado  por una Ley  Integral  de Transexualidad. Un impulso necesario en discriminación positiva a un colectivo hasta hoy invisible en instituciones y en derechos.

Y como dice la Ley Andaluza: “El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente”

Y es que así es el colectivo Transexual: plural, con matices, con colores, con identidades diversas, sin binarismos.

Pero pleno en derechos.

Por fin visible, también en derechos.

Fotografía de Martin Fisch

Hola, soy Norma y soy heterosexual

Por Violeta Assiego

Un hombre británico es condenado a 6 meses de prisión por mantener relaciones homosexuales en Marruecos donde este tipo de relaciones se castigan con penas de hasta 3 años de cárcel. De él sabemos que ha sido puesto en libertad, de su acompañante marroquí no sabemos nada más. En la provincia de Aceh, en Indonesia, se acaba de aprobar una ley que permite el castigo físico de hasta 100 latigazos a aquellos que mantengan relaciones sexuales de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo. En Moscú aparece degollada en su propio coche una mujer de 29 años, profesora de tango y lesbiana, y en twitter un conocido homófobo ruso se jacta de un acto tan indeseable. En París acaba de celebrarse una multitudinaria manifestación que exige al Gobierno francés la derogación con efectos retroactivos del matrimonio entre personas del mismo sexo y que estas parejas no tengan acceso a las técnicas de reproducción asistida para formar su propia familia.

Estos, y muchos otros sucesos, niegan y persiguen la diversidad sexual del ser humano tratandole de imponer la heterosexualidad bajo el paraguas de creencias religiosas, de una identidad cultural o de valores tradicionales. Pero en último caso, son los Estados los que imponen esa heterosexualidad. Lo hacen cuando en sus legislaciones criminalizan —con castigos físicos, penas de cárcel o la muerte— a una persona por su orientación sexual y/o su identidad de género; o cuando no prohíben de manera expresa las terapias reparativas que dicen curar la homosexualidad o la transexualidad y que, además del sufrimiento que provocan, trasladan una imagen distorsionada a la comunidad. Los Estados imponen la heterosexualidad cuando no tienen leyes que  prohiben y castigan cualquier acto de homofobia y transfobia dirigido humillar y menoscabar la dignidad de alguien por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans.

La norma es heterosexual, muy especialmente las normas del Derecho de familia. Lo son cuando no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo; o cuando permitiéndolo, no dan acceso a los medios de los que dispone la sociedad para formar una familia; o cuando, incluso dándoselos, establecen diferentes requisitos si se trata de una pareja de mujeres por ejemplo, a si se trata de una pareja de hombre y mujer.

Octavio Salazar lo analiza con acierto cuando dice:

Nuestro orden cultural y simbólico, y por tanto nuestro orden jurídico, ha respondido y sigue respondiendo en gran medida a la construcción de un sujeto identificado con los rasgos del varón heterosexual. Él ha sido el parámetro para todo tipo de relación jurídica —‘el diligente padre de familia’ según nuestro Código Civil—, así como el vertebrador de las políticas sexuales y la referencia de simbólica en unas sociedades regidas por ‘hermandades de varones’. Sus atributos esenciales han servido incluso para darle forma a la noción moderna de ‘ciudadanía’ y han condicionado, durante mucho tiempo, la misma concepción de los Derechos Humanos.

Las normas, las leyes, tienen orientación sexual, la heterosexual. Y tienen género, el masculino. Modificar ese heteronormativismo en aras de una mayor igualdad no es, ni debería ser, una lucha exclusiva del mal llamado ‘lobby gay’. Cambiar el trasfondo de ese enfoque jurídico, cambio ya iniciado hace unos años en la propia articulación de los derechos humanos, es simplemente un paso hacia una trasformación social que va más allá de  un cambio puntual en el articulado de una ley. Se trata, nuevamente mencionando a Octavo Salazar, de:

una transformación cultural y política que haga posible la convivencia pacífica de las diferencias —incluidas también las de carácter afectivo y sexual— revisando todas las estructuras jurídicas que han condicionado las fronteras entre ‘mayorías’ y ‘minorías’, entre ‘nosotros’ y ‘vosotros’, entre lo ‘normal’ y lo ‘anormal’.

Del sufrimiento y desigualdad que provoca esta heteronormatividad, de la imperiosa necesidad de superarla y de la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía para todos y todas, es de lo que de vez en cuando  algún colega o  yo os vendremos a hablar.

Fotografía de Laura Ramírez

Fotografía de Laura Ramírez