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La importancia de reforzar la alianza estratégica entre lesbianas y gais en el seno del activismo LGTBIQ

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

Históricamente, el homoerotismo de gais y lesbianas, su representación simbólica y su represión pública, no han ido de la mano. En las orientaciones disidentes del patriarcado heteronormativo, mujeres y hombres también ocupaban espacios diferentes y por ello las vivencias de dichas disidencias han evolucionado en planos igualmente diferentes.

Remontándonos tan solo cincuenta años, en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social la mención al peligro de homosexualidad solo fue entendido política, policial y judicialmente en relación a los hombres que sentían atracción erótica y sexual hacia otros hombres, por lo que prácticamente solo los hombres homosexuales y las mujeres trans (entonces consideradas tan solo travestis) sufrieron sus efectos punitivos. Mientras, la represión de las mujeres que sentían atracción erótica y sexual hacia otras mujeres sufrieron una persecución igualmente terrible pero en los márgenes legales, con su ingresos en conventos y psiquiátricos.

En la Francia posterior al Mayo del 68, las mujeres lesbianas percibieron la misoginia del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y pronto formaron sus propias organizaciones no mixtas y se vincularon al movimiento feminista como lesbianas feministas.

Pero en la España de finales del franquismo, las mujeres lesbianas encontraron pronto acomodo en el seno del movimiento feminista, en el que se diluyeron como feministas lesbianas. Esto no evitó la existencia de lesbianas feministas agrupadas en el LSD madrileño, pero de forma muy minoritaria.

En países como España e Italia, como nos recuerda la activista lesbiana feminista Barbara Ramajo, se puede rastrear los discursos lesbofóbicos en la producción intelectual feminista. Porque las mujeres que sentía atracción erótica y sexual hacia otras mujeres fueron toleradas siempre que renunciaran a su papel político como lesbianas. Esta exigencia subyacente dentro del movimiento feminista no encontró demasiado obstáculos por parte de la gran mayoría de mujeres que sentían atracción erótica y sexual hacia otras mujeres, al punto que Ramajo afirma que “estábamos super cómodas dentro del armario del feminismo […] para las lesbianas feministas ha sido un espacio de habitabilidad tan sorprendente y tan maravilloso como han sido los bares de ambiente” pero, añade, “teniendo vidas lesbianas, que no conciencia lesbiana”.

Cuando las lesbianas del movimiento feminista se reivindicaban como sujeto político, como en Francia en 1981, se producían fracturas en el movimiento feminista.

En España, esa tolerancia a las vidas lesbianas (que no a las conciencias lesbianas) dentro del movimiento feminista, llevó a algunas lesbianas feministas a rechazar el tutelaje “maternalista”, organizarse primero en estructura no mixta, y posteriormente a tejer alianzas con el movimiento gai.

En este sentido, la Federación Estatal de Gais y Lesbianas (FEGL) fundada en 1992 por el lesbofeminista Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (Crecul), el Colectivo Gai de Madrid (COGAM) y la Agrupación Gay de Madrid (AGAMA), contemplaban en sus estatutos fundacionales dos presidencias, una para cada sexo, responsabilidades para las cuales fueron elegidas Elena de León Criado, presidenta de Crecul, y Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, portavoz de COGAM.

Desde entonces, las mujeres lesbianas han tenido un protagonismo importante en el devenir de la Federación Estatal como lesbianas feministas, con Mili Hernández, Beatriz Gimeno, Boti García y Uge Sangil.

Esto ha producido un cierto abismo entre las lesbianas feministas por un lado y el movimiento feminista, por otro, especialmente en relación a las feministas lesbianas.

No es extraño que la investigación del Grupo “Igualdad y Género” de la Universidad de La Rioja, basada en entrevistas a 41 lesbianas entre 2014 y 2018, recogiese el reproche del lesbianismo feminista al detectarse que “la mayoría de lesbianas han defendido las reivindicaciones feministas, pero no siempre sus reivindicaciones han sido prioritarias para el movimiento feminista.”

Podríamos hipotetizar el por qué las feministas lesbianas han renunciado a ser sujetos políticos lésbicos en el seno del movimiento feminista a cambio de poder tener vidas lesbianas (¿tal vez debido a procesos de lesbofobia interiorizada?) pero ello escapa de nuestro objetivo.

En todo caso, sorprende ahora que en el seno del movimiento feminista, las feministas lesbianas se vean impelidas a reivindicarse como lesbianas, aunque de forma tan extemporánea como forzada.

Una muestra la tenemos en el artículo de Victoria Sendón de León, una de las lideresas feministas españolas y encarnación de la feminista lesbiana, titulado “Ser Lesbianas” y publicado en la web Tribuna Feminista. En el mismo, Sendón de León comienza con el siguiente párrafo:

Después de tantos años de militancia feminista sin haber reparado en la necesidad de reivindicar el lesbianismo dentro del Movimiento para darle la importancia que requiere, hoy se me ha metido entre ceja y ceja que es el momento de traerlo como presencia.

¿Acaso nos encontramos ante la reivindicación del sujeto político lésbico de una feminista lesbiana que ha podido tener una vida lesbiana dentro del movimiento feminista, pero que públicamente vivía en el armario lésbico?

No. Todo lo contrario. El su artículo Sendón de León trata de mantener el discurso transfóbico surgido en España durante la tramitación de la Ley Trans, atacando a Witing y Butler, para terminar de una forma realmente chusca, impropia del nivel académico e intelectual que se le presupone, al afirmar

…se me ocurre que las feministas deberíamos declararnos todas lesbianas, como mujeres que aman a las mujeres, y mataríamos varios pájaros de un tiro…

Lo único bueno de este artículo es que reconoce explícitamente algo que una parte del feminismo y muchas de las feministas lesbianas se han negado hasta ahora: que la teoría Queer es hija, deseada o no, del feminismo, y no una estrategia de gais y mujeres trans, en alianza perversa con el neoliberalismo, para ocupar el liderazgo del movimiento feminista, y borrar a las mujeres.

Si no es para reconocer la necesidad de un sujeto político lésbico en el seno del movimiento feminista, ¿cual es el objetivo de Seldón de León con este artículo?

En su feroz ataque a los hombres homosexuales y bisexuales, y a las mujeres trans, (tan feroz que ha terminado por orillar dialécticamente como enemigo al patriarcado) el feminismo transexcluyente se ha encontrado con un obstáculo que no había pensado: la alianza de las lesbianas feministas con los hombres gais y las mujeres trans.

Por eso, la parte del feminismo que articula el discurso transexcluyente, se ha visto en la necesidad de “exigir” a sus feministas lesbianas a que salgan del armario lésbico, pero no para que las feministas lesbianas se reivindiquen como sujetos políticos lésbicos y asuman un papel de lesbianas feministas, sino para intentar cuestionar primero, y quebrar después, la alianza histórica en España entre las lesbianas feministas con el movimiento homosexual masculino y el movimiento trans.

En la misma estrategia se encuentran las declaraciones de Amelia Valcárcel, otra de las lideresas del feminismo patrio, en la tristemente famosa Escuela Feminista de Gijón de 2022, cuando afirmó en relación a la Ley Trans:

«La T se está comiendo a la L, a la G y a todo lo que lleva alrededor y no creo que sea eso lo que se pretende»

Sorprende su preocupación por los gais, cuando un año antes consideraba que los homosexuales varones de Afganistán no estaba en peligro porque está normalizada como “en la Grecia clásica”, obviando datos objetivos de Amnistía Internacional que denunciaba que

En Afganistán, la población LGBTI siguió sufriendo violaciones graves de derechos humanos perpetradas por los talibanes, incluidas amenazas, ataques selectivos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y otras. Muchas personas LGBTI seguían temiendo la vuelta de prácticas discriminatorias aplicadas por los talibanes en el pasado, entre las que figuraba históricamente la pena de muerte para las personas sospechosas de mantener relaciones homosexuales, y permanecían ocultas, temiendo por su vida.

Una opinión, la de Valcárcel, impregnada de un tufillo de violenta indiferencia patriarcal hacia los excluidos, que indignó a la mayor parte del activismo LGTBIQ.

Que el artículo de Sendón de León y las declaraciones de Valcárcel es parte de una estrategia más amplia, lo encontramos en el ataque que sufrió el pasado 26 de abril la sede de la asociación andaluza DeFrente LGTBI, una entidad mixta donde las mujeres lesbianas feministas tienen un protagonismo absoluto.

En ese ataque se empapeló la fachada con carteles anónimos, uno de los cuales decía:

Día de la Visibilidad Lésbica
¿Quiénes son los protagonistas en el movimiento LGBTQ+?
Los hombres.
Amiga, tu sitio no está aquí.
Está en el feminismo.

Esa misma mañana, aparecieron unos carteles similares en la Alameda de Hércules, entre ellos uno que afirmaba:

Día de la Visibilidad Lésbica
¿Que hace el movimiento LGTBQ+ por las lesbianas?
Invisibilizarlas.
Amiga, tu sitio no está aquí.
Está en el feminismo.

Un discurso que rezuma “maternalismo” y dirigismo (ni siquiera se les ocurrió cambar ese “tu sitio” por “nuestro sitio”) desde una heterosexualidad supremacista realmente carca.

Pero esta estrategia de cierto feminismo de utilizar a las feministas lesbianas como ariete contra las personas trans y los hombres homosexuales no es nueva, ni siquiera propia del movimiento feminista transexcluyente español. Debemos recordar que en diciembre de 2018, siete mujeres de medios de comunicación lésbicos, como las editoras de DIVA, Linta Riley y Carrie Lyell; Riese Bernard, jefa de redacción de AUTOESTRADDLE; la editora de CURVE, Merryn Johsn; Silke Bader, editora de CURVE y LOTL; la editora en jefe de la revista TAGG, Eboné F. Bell; y Florence Gagnon, fundadora de LEZ SPREAD THE WORD, se vieron obligadas a publicar una carta de condena de los ataques a las personas trans por parte de otros medios de comunicación que se presentaban como lésbicos:

“Condenamos enérgicamente a los escritores y editores que buscan fomentar la división y el odio dentro de la comunidad LGBTQI con contenido trans-misógino, y que creen que ‘lesbiana’ es una identidad que solo ellos deben definir. Condenamos a las empresas de medios de propiedad masculina que se benefician del tráfico generado por estas controversias. También condenamos enérgicamente la narrativa actual de algunas feministas, que pintan a las personas trans como agresoras y agresores, una que refuerza la transfobia y que debe ser desafiada para que el feminismo pueda avanzar. Estamos realmente preocupados por el mensaje que estas llamadas publicaciones lesbianas están enviando a las mujeres trans. Cuanto antes dejemos de centrarnos en lo que nos divide y, en cambio, nos centremos en nuestros puntos en común, seremos más fuertes para enfrentarnos a las otras injusticias que se nos imponen. No estaremos divididas».

Reforzar la alianza estrategia entre lesbianas y gais.

Lejos de ir a menos, considero que una parte del feminismo, cómoda con los postulados transexcluyentes, integrado por un número significativo de feministas lesbianas entre sus máximas responsables (pero que siguen en el armario lésbico), van a redoblar sus esfuerzo por sembrar la cizaña entre lesbianas y gais, fundamentalmente, como estrategia para debilitar la fortaleza mostrada hasta ahora por el activismo LGTBIQ en defensa de las personas trans, sus demandas históricas, y sus exigencias legales.

Por ello, defiendo que es fundamental que desde el activismo lésbico y gai sigamos reforzando nuestra alianza, no contra nadie, sino en defensa del sujeto político homosexual (gai y lésbico) que es compatible con el programa histórico del feminismo.

Pero esa alianza no debe sustentarse desde posiciones bien intencionadas, sino que requiere un debate honesto entre iguales, que analice las preocupaciones de ambos activismo que coinciden en muchos temas de la agenda LGTBIQ, pero que también incluye divergencias que deben abordarse antes que sirvan de caballo de troya del feminismo transexcluyente e incluso del movimiento ultraconservador.

Además, desde el activismo gai debemos, lejos de cualquier “paternalismo”, favorecer los liderazgos lésbicos, promover la reflexión feminista dentro de los distintos planos gais, e incorporar e interiorizar las demandas lésbicas como parte consustancial de nuestro proyecto emancipatorio.

En este sentido, coincido con Beatriz Gimeno, cuando afirmaba en 1999 que “los gays (sic) tienen que hacerse conscientes de que las lesbianas tenemos nuestros propios asuntos internos que debatir, nuestras propias reivindicaciones que hacer; todavía tenemos que plantearnos qué imagen es la que queremos ofrecer al exterior y cómo manejarla y en qué condiciones; tenemos que trabajar para superar la tan mentada invisibilidad, tenemos que aprender a movernos por los vericuetos administrativos que nos son generalmente tan hostiles; tenemos que discutir entre nosotras qué temas son prioritarios para nosotras y cuáles son secundarios. Pero sobre todo, para poder ser lesbianas en igualdad, tenemos que combatir las desigualdades que como mujeres, condicionan nuestra vida entera y que como lesbianas inciden especialmente sobre nosotras”.

De aquellos polvos, estos lodos. O de cómo el odio a las personas LGBTIQ+ se ha convertido en abanderamiento político del gobierno ruso

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial y Daria Kornilova*

 

Es de dominio público que el gobierno liderado por Vladimir Putin no bebe los vientos por lo que a las mariquitas se refiere, pero no siempre fue así en la madre patria rusia. El porqué de los giros de los acontecimientos históricos, o los polvos de este lodo, son el kit de la cuestión para entender qué se cuece en Rusia y cómo afecta a las personas LGBTIQ+ el caldo de esa olla.

Las primeras sanciones a la homosexualidad que se registran en el país son en el siglo XVII. Los zares buscaron diferentes formas de reprimir y vetar la disidencia sexo-genérica a partir de esta fecha. El primero de ellos, Alejo I de Rusia, quemaba en la hoguera a las mujeres que tenían relaciones con mujeres y ejecutaba a los hombres que hacían lo mismo entre ellos, no quedaban exentas las mujeres que simplemente aparentaban ser “masculinas”. Esta represión parece estar conectada con los intentos de “modernizar” el estado, puesto que anteriormente existía cierta aceptación de la homosexualidad, sobre todo entre algunos sectores de la población.

En el siglo XIX, durante el gobierno del zar Nicolás I fue aprobado el artículo 995 por el que se sancionaba la sodomía con la expulsión a Siberia entre 4 a 5 años. Las relaciones homosexuales fueron relegadas a la clandestinidad, marcadas por la visión de la Iglesia Ortodoxa que las consideraba como algo inmoral y pecaminoso.

Con el derrocamiento del zarismo por la Revolución Rusa, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia eliminó en 1917 la legislación que sancionaba las relaciones entre personas del mismo sexo y la disidencia de género.

Lo anterior, sin embargo, no vendría acompañado de una mayor aceptación social sino de cierta ambivalencia en todos los ámbitos. A finales de la década de los 20 la homosexualidad fue mayoritariamente entendida como una enfermedad mental y, pocos años después, en 1934, el gobierno de la Unión Soviética reinstauraría la legislación punitiva de la sodomía bajo el mandato de Stalin. Las sanciones consistirían en hasta 5 años de trabajos forzados (artículo 121).

Hay historiadoras que indican que el artículo 121 fue usado políticamente para sancionar a opositores al régimen y que, del mismo modo, en este período se inició cierta propaganda por parte del gobierno para asociar la homosexualidad con el fascismo y la pederastia.

Según el estudio de Dan Healey (Homosexual Desire in Revolutionary Russia, 2001) existieron en torno a 25.688 condenas a hombres por el artículo 121 entre 1934 y 1993, aunque las entidades LGBTIQ+ indican que el número pudo llegar hasta las 60.000.

La agencia de noticias Reuters indicaba en 1993 los datos de una encuesta realizada en 1989. Según esta, las personas homosexuales eran el grupo más odiado en la sociedad rusa y el 30% de las personas encuestadas consideraban que las personas homosexuales debían ser liquidadas.

 

El gobierno de Putin.

En 1993, periodo postcomunista bajo el mandato de Boris Yeltsin, la homosexualidad fue legalizada y en 1999 eliminada como enfermedad de la lista de “desórdenes mentales”. A partir de entonces surgieron algunas publicaciones y organizaciones LGBTIQ+ como Triángulo, sin embargo, muchas de ellas desaparecieron por falta de financiación ante un contexto que no dejó de ser represivo.

Vladimir Putin, actual presidente, alcanzó el poder en 1999. En los años 2000, en una sociedad que rechazaba la disidencia sexogenérica, siguieron surgiendo resistencias activistas por parte del colectivo. El proyecto gayrussia.ru fue fundado en 2005 por Nikolai Alekseev. Desde esta iniciativa se propuso la marcha del Orgullo de 2006 en Moscú. Las personas activistas decidieron realizar la misma a pesar de no contar con autorización. Esta finalizó con unas 70 personas detenidas después de que grupos ortodoxos y nacionalistas rusos radicales se opusieran a la marcha con golpes y amenazas.

En 2007 la marcha del orgullo en Moscú fue, del mismo modo, prohibida por el alcalde de la ciudad quien la definió como un “acto satánico”. A pesar de no contar con la autorización, al igual que el año anterior, el grupo de activistas marchó en la ciudad y de nuevo se enfrentaron a la violencia de grupos opositores y a una nula protección por parte de la policía, inclusive varios de los activistas fueron detenidos.

Las marchas del orgullo en Moscú fueron igualmente prohibidas en 2008, 2009, 2010 y 2011.

Desde 2010, la disidencia sexo-genérica se identifica con la inmoralidad occidental e ideologías políticas opuestas al gobierno ruso. La LGBTIQ+fobia se ha construído como una estrategia de diferenciación y de oposición a occidente, para reafirmar los “valores tradicionales”. El gobierno ruso lo expresa sin tapujos en sus declaraciones y posiciones políticas. Así, en 2014 se opuso a una resolución de la Organización de Naciones Unidas en contra de la LGBTIQ+fobia. El mismo año, Rusia celebraba el Congreso Mundial de las Familias, donde reunieron a grupos explícitamente LGBTIQ+fóbicos de múltiples nacionalidades.

Previamente, en 2002 se presentó una propuesta de ley en la Duma para criminalizar la homosexualidad, alentada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien en varias ocasiones ha pedido que se realice un referéndum para prohibir la homosexualidad en el país. Por suerte, esta propuesta no alcanzó la mayoría necesaria para hacerse efectiva.

Hay cierta dificultad para determinar la opinión de la ciudadanía acerca de las personas LGBTIQ+ en Rusia, puesto que existe un fuerte desconocimiento debido a la utilización política de la disidencia sexo-genérica y la tabuización de todo lo relacionado. Así lo demuestra el experimento que hicieron varios jóvenes en las calles de Moscú con el que entrevistaban a personas en la vía pública preguntándoles sobre su opinión acerca de la heterosexualidad. La mayoría tuvo reacciones de repulsa y rechazo ante la concepción errónea de que este concepto se trataba de personas que mantenían relaciones con personas del mismo sexo.

A pesar del desconocimiento y la desinformación, hay estudios que apuntan a que puede encontrarse entre las más hostiles del mundo. La encuesta de 2007, reflejada en Cross-national Differences in Attitudes towards Homosexuality, mostraba que el 68% de la ciudadanía rusa consideraba que la homosexualidad era algo malo. En la encuesta The global divide on homosexuality reflejaba en 2013 que el 74 % de la ciudadanía rusa consideraba que las personas homosexuales no debían ser aceptadas por la sociedad, lo que indica un aumento en la visión negativa que podría venir dado por las legislaciones anti LGBTIQ+ y el auge de los discursos LGBTIQ+fóbicos que trajeron consigo.

 

La situación del colectivo LGBTIQ+ después de las “leyes contra la propaganda y la pedofilia”.

Estas legislaciones comenzaron a aprobarse en algunos estados desde 2006. En total, diez regiones ya habían prohibido la «propaganda de la homosexualidad» (algunas de ellas también incluían la «propaganda de la bisexualidad y transexualidad») antes de que en 2013 se incluyera una medida en toda la Federación rusa.

La ley federal conocida como contra la propaganda homosexual y pedofilia recibe el nombre oficial de ley «para el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales» y fue aprobada por unanimidad por la Duma el 11 de junio de 2013, con la abstención de un único miembro.

Esta ley modifica la ley de protección de la infancia del país y el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa, prohibiendo lo que denomina como distribución de «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» entre menores. Esto incluye los materiales que «suscitan el interés», «formen predisposiciones sexuales no tradicionales» con «ideas distorsionadas sobre el mismo valor social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales». Prohíbe, del mismo modo, la adopción por parejas del mismo sexo, hecho que se acabó trasladando también a la adopción internacional.

Desde su aprobación son numerosos los casos en los que se han reportado detenciones por inclumplimiento de esta ley, sobre todo en aquellas acciones de activistas LGBTIQ+ que han producido arrestos y multas que se han conocido de manera más mediática y que han ido entre los 4.000 y 100.000 rublos. Las personas extranjeras pueden ser retenidas en calabozo hasta 15 días para luego ser deportadas, o bien, multadas con hasta 5.000 rublos y luego deportadas.

El informe License to Harm. Violence and Harassment against LGBT People and Activists in Russia (2014) de Human Rights Watch da cuenta de las amenazas, el control, espionaje, secuestros, humillación y violencia que vive el colectivo, además de las detenciones. Las denuncias de los organismos internacionales, sin embargo, no están consiguiendo un cambio en la política y sociedad del país, a pesar de que una de ellas se trata de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la violación por parte de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no reconocer de manera legal a las parejas del mismo sexo.

También la infancia está sufriendo graves consecuencias, no pudiendo contar con información acerca de la diversidad y siendo parte de una imposición ideológica de odio desde la más temprana edad. El documental Dyeti 404 (Niños 404), pone de relieve el impacto que esta Ley ha tenido en la infancia LGBTIQ+, siguiendo la vida de un grupo de adolescentes del colectivo después de la aprobación de esta legislación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el impacto que ha generado en la opinión pública en contra de la disidencia sexo-genérica, combinando deliberadamente los conceptos de orientación sexual y pedofilia. Según un estudio de opinión pública realizado el mismo año de la aprobación legislativa, el 90% de la ciudadanía rusa apoyaba esta ley. Así, desde su aprobación se han organizado grupos contra la comunidad LGBTIQ+, destacando Okupai – Pedofilyai que se dedica a la “caza” de homosexuales (que nombran como pedófilos), a partir de perfiles falsos en internet. Este grupo de ideas abiertamente fascistas ha sido ampliamente denunciado por activistas, quedando sin ningún tipo de investigación policial ni judicial.

La LGBTIQ+fobia se observa del mismo modo en las instituciones y en los espacios de atención a la ciudadanía. Un estudio de 2014 reflejado en The State of Psychiatry in Russia, indicaba que el 62,5 % de 450 psiquiatras entrevistados en Rostov consideraban la homosexualidad como una enfermedad y el 75% estaba de acuerdo en que era un comportamiento inmoral.

 

Más lodo que nunca.

El 1 de abril de 2017 el periodico Novaya Gazeta publicó el artículo sobre el secuestro de alrededor de 100 hombres en la República de Chechenia (parte de Rusia) por motivos de su orientacion sexual. Un hombre llamado Maksim Lapunov fue liberado debido a que no pertenecía a la etnia chechena, y se comunicó con el periódico para contar lo que le había sucedido en el territorio de la República de Chechenia.

Resultó que desde febrero de 2017 se estaban produciendo redadas periódicas en Chechenia, durante las cuales las autoridades detenían a hombres “sospechosos” de tener relaciones homosexuales. Posteriormente, los detenidos eran internados en prisiones clandestinas, donde eran torturados, privados de alimentos y agua, con el fin de obtener información sobre las personas LGBTIQ+ que viven en la república. Luego, algunos de los detenidos fueron entregados a familiares con la recomendación de realizar un «asesinato por honor», mientras que el resto fueron ejecutados en los alrededores de la prisión.
Basada en la historia de Maxim Lapin, la BBC filmó el documental «Bienvenido a Chechenia», en el que por primera vez se utilizó la tecnología de cambio de caras para proteger a los participantes del proyecto. El propio Maxim, junto con su familia, se vieron obligados a huir a del país después de que las autoridades rusas se negaran a investigar lo sucedido. Pero incluso mientras está fuera de Rusia, Maxim continúa recibiendo amenazas y no puede sentirse seguro.

A pesar de esta situación en el territorio checheno, en 2019 se registró en Rusia la tasa de aceptación más alta hacia la comunidad LGBTIQ+ en los últimos 14 años. Este estudio elaborado por el Centro Levada mostraba que el 47% de la ciudadanía rusa estaba a favor de que las personas LGBTIQ+ disfrutaran de los mismos derechos. Una de las explicaciones a este resultado, fue la menor exposición mediática de discursos de odio hacia el colectivo en los medios de comunicación en los años previos a la encuesta.

Con diversas motivaciones, entre ellas reavivar las posturas de odio, en 2022 la ley contra la propaganda homosexual se vio ampliada de manera unánime para incluir toda «la negación de los valores familiares» y la promoción de «orientaciones sexuales no tradicionales» a cualquier grupo de edad, incluyendo por primera vez aspectos tránsfobos como la prohibición de acercar materiales que a los menores les genere un “deseo de cambiar su sexo”.

También prohíbe la “demostración” del comportamiento LGBTIQ+ y su apoyo en público como si se considerase un estilo de vida “normal”. Del mismo modo, veta expresamente toda publicidad, libros, materiales y películas que se considere que promueven esta “propaganda”. Las sanciones supondrían multas que oscilan entre 100.000 y 2.000.000 de rublos, es decir, entre 1.350 euros y 26.600 euros.

Hay quienes consideran que este endurecimiento legislativo está vinculado a la ocupación de Ucrania, con la intención de reafirmar los valores tradicionales rusos y oponerse de manera ideológica a todo lo que señalan como “occidental” o “europeo”.

 

El discurso de odio hacia el colectivo LGBTIQ+, un arma más de la invasión de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022 se hizo pública la invasión de Rusia a Ucrania después de 8 años ocupando y reclamando por la fuerza parte de su territorio. Desde entonces, los ataques y el despliegue militar comenzaron a ser mayores tanto en crudeza como en extensión en el territorio ucraniano.

Algunos medios como gayru.info denuncian el aumento de la persecución de las personas LGBTIQ+ en las zonas controladas por los separatistas en Donbás desde el inicio de la ocupación. Ya en 2014 fue atacado el club gay Babilon de Donetsk por 10 personas armadas que dispararon cartuchos de fogueo al aire, robaron a quienes estaban dentro y gritaron amenazas e insultos LGBTIQ+fóbicos. En 2015, según el informe Violation of LGBTI Rights in Crimea and Donbass: The Problem of Homophobia in Territories Beyond Ukraine’s Control (2016), el viceministro de Asuntos Políticos de la República Popular de Donetsk había declarado que: «Se está extendiendo una cultura de la homosexualidad… Por eso debemos matar a todo aquel que esté implicado en esto». Este discurso también se ha observado en parte de la ciudadanía del territorio, con la negativa de una buena parte para acoger a personas LGBTIQ+ desplazadas por el conflicto.

Como vemos, las consecuencias de la guerra tienen un impacto diferenciado en las personas LGBTIQ+. En concreto, hay personas LGBTIQ+ que no están pudiendo salir de Ucrania, especialmente las mujeres trans que no han podido cambiar su documentación ante las exigencias del proceso y que ahora se ven atrapadas ante un posible reclutamiento.
En marzo de 2022, Naciones Unidas estimaba que más de 2.000.000 de personas habían tenido que huir de Ucrania. La mayoría de ellas lo han hecho hacia los países fronterizos de Polonia y Hungría, lugares en los que la población LGBTIQ+ se enfrentan a situaciones de discriminación.

Es importante destacar el papel de las entidades LGBTIQ+ y las personas activistas que se están articulando en estos países de acogida para garantizar la seguridad y protección de las personas refugiadas LGBTIQ+ ante gobiernos vulneradores de derechos.

El activismo LGBTIQ+ en Rusia también se enfrenta a una enorme hostilidad, motivo por el que muchas personas han tenido que huir del país y solicitar protección internacional. La Red Rusa LGBT trabaja para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país, siendo la mayor organización LGBTIQ+ de Rusia y la primera de carácter internacional. Estas y otras entidades hacen frente a las vulneraciones que se están viviendo en Rusia, donde los derechos de la comunidad LGBTIQ+ están siendo utilizados como un arma más de la guerra.

 

* Daria Kornilova es activista por los derechos LGBTIQ, refugiada de origen ruso. Co-fundadora del colectivo de personas LGBTIQ+ refugiadas Valores Multicolor, y mediadora intercultural en CEAR. Puedes encontrar más información sobre Daria en Linkedin.

Proceso de empoderamiento LGTBIQ+

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

17 de mayo. Contra la LGTBIfobia y por la libre autodeterminación

Fundación 26 de diciembre

 

 

La Fundación 26 de diciembre comparte este texto hoy 17 de mayo, día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.

 

A pesar de que ya en 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, no fue hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo lo propio. Por este reconocimiento se escoge esta fecha, el 17 de mayo, como el día internacional contra la violencia LGTBIfóbica. ¿Por qué es importante conmemorar este día? ¿Por qué hay un día internacional contra la violencia del colectivo, y en qué medida se relaciona aquel 17 de mayo con nuestro presente y con eso que llamamos autodeterminación?

Como bien sabemos existen muchos tipos de violencia, tipos que deben destaparse, identificarse y combatirse específicamente. Sin embargo, hay algo importante en el hecho de mirar la violencia en toda su complejidad, no como un acto aislado y concreto, sino como un conjunto de procesos que se dan dentro de una estructura social, o dentro de una cultura, podríamos decir. Los imaginarios culturales, los que dan un sentido narrativo y comprensible a nuestro entorno, a nuestra vida, son también los que sostienen la normatividad y los que generan estereotipos. Quizá es interesante preguntarse si los estereotipos (asociados en este caso a la orientación del deseo y a la identidad de género disidentes) son en realidad las piezas que, dentro del imaginario cultural, provocan la violencia, o legitiman al menos algún tipo de violencia. De la misma manera que habitar un estereotipo social ridículo y risible legitima la humillación pública sin consecuencias para quien agrede, ser consideradas personas enfermas conectaba nuestras identidades con los elementos culturales de la contagiosidad y la peligrosidad. Elementos que, como sabemos, tenían graves consecuencias políticas y se traducían en diferentes tipos de violencia. Violencias como el ostracismo, la marginación o el encarcelamiento, pero también el rechazo directo de entornos tan centrales como el laboral o el familiar, se sostienen detrás de la peligrosidad, que a su vez se sostiene por la contagiosidad y la desviación entendida como enfermedad. El tejido del imaginario es denso y frondoso, por eso a veces cuesta tanto identificar de dónde parte esa violencia concreta que hemos sufrido en un episodio de nuestra vida.

El anuncio de la OMS del reconocimiento de las orientaciones disidentes como partes de la diversidad y no como enfermedades, trastornos o “errores”, fue tremendamente importante por dos cuestiones. En primer lugar por lo que supuso para la vida particular y la dignidad de millones de personas, que contaban de pronto con el respaldo de un organismo institucional de esas características. Y en segundo lugar porque reconocimientos como éste interfieren directamente, además, en lo colectivo, ya que respaldan igualmente la modificación paulatina de los imaginarios culturales. Podemos decir hoy, cuando han pasado 33 años desde aquel anuncio, que en muchos contextos el imaginario de la enfermedad, la contagiosidad y la peligrosidad han quedado atrás, aunque de forma todavía muy desigual (y con intermitentes amenazas de reaparición).

Convivimos con varios imaginarios en disputa a nivel general, pero también dentro del colectivo se producen enormes desigualdades y sabemos muy bien que las siglas que componen lo LGTBI+ son muy distintas entre sí. Además, tampoco estamos ajenas a reproducir las discriminaciones sociales que se dan a nivel general, como el edadismo, el racismo o el capacitismo. Desde luego aquel anuncio de la OMS no fue absoluto ni determinante, es decir, no colocó un banderín desde el cual podemos claramente identificar el fin de la violencia, nada más lejos. Sin embargo sí sentó unas bases de soporte institucional que apoyarían el cambio en el imaginario, social y cultural, que ya se estaba produciendo en nuestro contexto desde hacía décadas. ¿De dónde viene esta lucha, esta disputa cultural por la dignidad de las disidencias de género y sexo, y cómo se relaciona con lo que hoy llamamos autodeterminación?

Desde finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, es decir, pocos años antes de que la APA retirase la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y pocos después de las revueltas de Stonewall, comienzan a crearse agrupaciones por la emancipación homosexual. Desde el primer Gay Liberation Front estadounidense, los frentes de liberación gay comienzan a proliferar y a organizarse en distintos países de los continentes europeo y americano. Los frentes se componían por varones y mujeres, gays, lesbianas, bis, travestis y trans, que se oponían a la normatividad de género y sexo que los condenaba al margen y a la violencia. Una normatividad que se sostenía en el imaginario, entre otras cosas, por los discursos de la medicina y la psiquiatría que nos definía como enfermos. “Enfermos” en general, de toda índole, la literatura al respecto es muy amplia, desde psicóticas y agresivas con tendencias criminales hasta paranoides obsesivas, contagiosas por contacto o por proselitismo, siempre peligrosas. Respecto a estos discursos, los frentes de liberación organizaban protestas, textos de respuesta combativa y resistían en colectivo. Los frentes revolucionarios reivindicaban el gozo del deseo disidente, la alegría de ser quienes somos de verdad y públicamente, la feliz rebelión contra el patrón regulativo patriarcal y cishetero, que clasificaba como error y enfermedad peligrosa todo lo que se salía de su estrechez normativa.

Cuando en la historia de los activismos hablamos de “los años revolucionarios” hacemos referencia a la lucha de aquellos frentes, que plantaron cara a discursos normativos, como el de la psiquiatría, y que comenzaron a romper definitivamente los imaginarios para crear otros nuevos, más justos y más libres. Comenzaba un camino, el de quitarse de encima a la institución médica y psiquiátrica de nuestros deseos e identidades disidentes. Es decir, comenzaba a organizarse ese colectivo que hoy conocemos como LGTBI+ y que se enunciaba por derecho propio, sin tutelas, sin autorizaciones institucionales ni diagnósticos psiquiátricos, fuera de los agravios de los discursos médicos y jurídicos. Comenzaba un lugar, en ese sentido, de autodeterminación.

50 años después del anuncio de la APA, y 33 años después del anuncio de la OMS, la despatologización de las identidades trans* es una continuación de esas luchas emancipadoras. La continuación de una lucha por el derecho propio a la enunciación, por quitarnos de encima a las instituciones (médicas, psiquiátricas, jurídicas) que pretenden clasificar a los cuerpos disidentes y, en última instancia, autorizar la existencia de determinadas identidades. La autodeterminación tiene una genealogía de liberación extensa, una historia y una memoria. La autodeterminación, que hoy se asocia a las existencias trans* despatologizadas, encuentra su base en aquellos años revolucionarios, cuando comenzaron a escribirse las líneas que hoy continuamos. Las líneas que dicen que sobre nuestros cuerpos, identidades y deseos no hay más autoridad que nosotras, nosotres y nosotros. Celebremos el día contra la LGTBIfobia con memoria, con un diálogo entre generaciones que nos haga comprender la importancia de continuar. Porque el fantasma de la peligrosidad tiene unos brazos extensos, la despatologización es un ejercicio contra la violencia. La libre autodeterminación de género y sexo es un derecho fundamental. Feliz y combativo 17 de mayo, a todas, todes y todos.

 

Fundación 26 de diciembre.

Un hogar seguro para la juventud LGBTIQ+ en Albania

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

 

El 20 de enero de 1995, tras la presión internacional del Consejo de Europa y de ILGA Europe (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas), el Parlamento albanés despenalizó las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.

La Constitución de 1998 amplió la protección de los derechos humanos con una cláusula específica sobre la lucha contra la discriminación, que incluye el género como motivo de no discriminación, y será la Ley de Protección contra la Discriminación, aprobada en 2010, la que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Código Penal fue modificado en 2013 e incluye la orientación sexual y la identidad de género como circunstancias agravantes en los casos de delitos de odio (artículo 50j).

Legislar a medias, discriminar sin medias tintas.

A pesar de los avances aparentes en relación con la protección de las personas LGBTIQ+, la ley en Albania no permite las uniones entre personas del mismo sexo, y las personas trans que lo desean no pueden acceder al tratamiento hormonal ni cirugías.

A esto se añade que el trato hacia las personas LGBTIQ+ por parte de profesionales de la salud es frecuentemente discriminatorio, según apuntan Informes como Community (Self) Organizing of Transgender Movement in Wester Balkans Region (2021). Las personas trans se enfrentan a menudo a la discriminación o la denegación de la atención sanitaria. El personal médico carece de formación de las identidades trans y, por ello, suelen ser percibidas con sospecha, realidad que se hace aún más compleja para aquellas personas que se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo en el extranjero y ahora residen en Albania.

El trato discriminatorio por parte de las instituciones genera que el colectivo LGBTIQ+ tenga un nivel de confianza muy bajo en las mismas. Como resultado, y siguiendo el informe Challenges Faced by the LGBTI Community in Access to the Justice System (2018), de la entidad LGBTIQ+ albanesa Streha, las personas del colectivo se encuentran desinformadas sobre los recursos existentes en el país y no conocen dónde pueden acudir en caso de necesitar ayuda.

Este trato discriminatorio no solo sucede en las instituciones y el sistema sanitario, sino que se trata de una situación generalizada. Según una investigación realizada en 2018, hubo 450 casos de discriminación reportados en un solo año (Informe sobre la situación de la comunidad LGBTI en Albania, Aleanca 2018).

Un estudio del Consejo de Europa en 2021 destacaba que dos tercios de los incidentes de incitación al odio en Albania se dirigían a las personas LGBTIQ+. Así, la encuesta de la entidad LGBTIQ+ Aleanca de este mismo año indicaba que el 79% de las personas encuestadas podría abandonar Albania debido a la discriminación.

Discursos LGBTIQ+fóbicos a viva voz.

Añadidos a la discriminación en los espacios de participación, se encuentran los ataques de odio por parte de grupos religiosos, personajes mediáticos, políticos y ciudadanía general, tanto en la televisión nacional como en redes sociales y el resto de medios de comunicación, que fomentan los estereotipos negativos y prejuicios hacia las personas LGBTIQ+. Estos, a menudo, se acompañan de la idea de que la homosexualidad es una norma social importada de países occidentales. Las entidades LGBTIQ+ indican el fuerte impacto cuando estos mensajes de odio se articulan en las redes sociales, por la inmediatez y la repercusión, lo que va en detrimento de los esfuerzos que las organizaciones hacen de manera cotidiana para sensibilizar a la población.

En junio de 2021, la periodista Blerta Tafani hizo varias declaraciones homófobas en televisión, con afirmaciones como: «Es una gran desgracia [que una persona LGBTIQ+] dé a luz a un niño»; “las personas LGBTI quieren eliminar la palabra madre”; «la vida con dos padres no funciona, la vida con una familia gay se acaba”. Las cuentas de las redes sociales de la activista LGBTIQ+ cofundadora de Aleanca kunder diskriminimit LGBT+» (Alianza contra la discriminación de las personas LGBT+), Xheni Karaj, fueron bloqueadas en su intento de denunciar públicamente estas declaraciones.

En noviembre del mismo año, el fundador de la Coalición para la Familia Tradicional, el pastor Akil Pano, organizó un acto en su iglesia donde la periodista italiana Nausica Della Valle compartió sus experiencias como «ex lesbiana curada» por la Iglesia. Como resultado de este evento, Pano y Della Valle dieron una entrevista en la televisión nacional declarando que la homosexualidad puede ser curada.

Las entidades que trabajan con personas LGBTIQ+ en Albania expresan encontrarse ante un colectivo con mucho estrés y alta incidencia de problemas de salud mental como resultado de la intimidación, las amenazas y discursos de odio generalizados en el país. Esto tiene un impacto añadido en la juventud, en la que observan un mayor aislamiento y una baja autoestima.

La juventud expulsada por la LGBTIQ+fobia.

La juventud LGBTIQ+ es la que enfrenta mayores dificultades. Las entidades cuentan con obstáculos para trabajar con el Ministerio de Educación y no se han producido avances en la inclusión de temas relacionados con los derechos LGBTIQ+ en los planes de estudios. Una investigación de Aleanca kunder diskriminimit LGBT+ con estudiantes de secundaria y personas universitarias LGBTIQ+ indica que el 65% siente inseguridad en la escuela, el 93% ha escuchado insultos LGBTIQ+fóbicos en el Centro Escolar muy a menudo y casi un tercio ha abandonado o cambiado de colegio debido al acoso.

En el mercado laboral, ser joven y LGBTIQ+ ahonda en el desafío de la disidencia sexo genérica para acceder y mantener un empleo. Una encuesta realizada en 2018, indicaba que solo 231 de las 734 personas LGBTIQ+ encuestadas se encontraba trabajando y la mayoría de ellas expresaba temor a ser expuestas, discriminadas y/o despedidas por ser LGBTIQ+, no hablando abiertamente sobre su orientación sexual y/o identidad de género en el entorno laboral (Informe sobre la situación de la comunidad LGBTI en Albania, Aleanca 2018).

Adelajda Alikaj, directora de Streha Center, indica el acceso a la vivienda como una de las principales dificultades que las personas LGBTIQ+ están experimentando en la actualidad. Este impacto corresponde a tres realidades, en primer lugar, la discriminación en el acceso al mercado de la vivienda, especialmente hacia las personas trans, reportando casos de negativa por parte de las personas propietarias a arrendarles por su pertenencia al colectivo LGBTIQ+. En segundo lugar, encontramos la LGBTIQ+fobia, desencadenante de la expulsión del hogar que se ha visto exacerbada a partir de la pandemia de COVID-19 cuando muchas personas LGBTIQ+ tuvieron que permanecer con familias inseguras, expuestas al rechazo y a la violencia. En tercer lugar, la discriminación en ámbitos como el laboral supone una situación de mayor empobrecimiento que limita el acceso a la vivienda; esto se ha visto acrecentado por la situación económica actual y el aumento en los precios de los alquileres.

Adelajda, quien lleva más de tres años en la entidad y es activista por los derechos del colectivo, destaca que “el primer gran problema que enfrentan las personas LGBTI+ en Albania es la marginación y la exclusión social en casi todas las áreas de la vida; el segundo gran problema son los estereotipos negativos de las personas LGBTI+ por parte de la sociedad albanesa en general”. La directora de Streha ha formado parte este año de Defenders´ Days, una de las mayores conferencias del mundo en la que se encuentran cada dos años 200 defensores de los derechos humanos de los cinco continentes. En su experiencia, la lucha por los derechos LGBTIQ+ en el país sigue siendo un asunto casi exclusivo de la disidencia sexo-genérica y las entidades del colectivo, sintiendo una ausencia de apoyos ante situaciones como las agresiones LGBTIQ+fóbicas.

Streha, construyendo hogares seguros para la juventud LGBTIQ+.

Streha es la entidad LGBTIQ+ que gestiona el primer y único centro residencial para jóvenes LGBTIQ+ sin hogar en Albania y en la región de los Balcanes. Una organización de base con sede en Tirana que prioriza la vivienda segura y trabaja para empoderar a la comunidad LGBTIQ+ proporcionando apoyo de emergencia, refugio, asistencia legal, asistencia médica y psicológica, ayuda en el empleo y apoyo en la cobertura del alquiler.

El Centro Streha fue seleccionado en 2020 como una de las 17 mejores prácticas de servicios de vivienda en Europa, y la red IRIS, que conecta a más de 200 organizaciones que prestan servicios sociales en la región de los Balcanes Occidentales, seleccionó a Streha en 2021 como caso de estudio por sus buenas prácticas.

120 pulsaciones por minuto

Por Charo Alises (@viborillapicara)

#CineLGTBI

Película francesa de 2017 dirigida por Robin Campillo que se adentra en la organización parisina Act Up (Pórtate mal) réplica del grupo homónimo fundado en Nueva York en 1987. El objetivo de esta asociación era llamar la atención sobre la pandemia de sida y las personas que la padecían con la intención de obtener legislaciones favorables, promover la investigación científica y la asistencia a las personas enfermas así como la implementación de políticas públicas adecuadas para la erradicación de la enfermedad.

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, 120 pulsaciones por minuto es una cinta emotiva y vibrante con una cuidada puesta en escena y un ritmo que rebosa intensidad.

En una entrevista concedida por Campillo a Cineuropa en 2017, comentó que se unió a Act Up en 1992. Vivió el sida y los años 80 como algo extremadamente violento. En aquella época no se hablaba de ello, había una especie de ley del silencio. Como mucha gente en ese momento, infectada o no, el director de la cinta se integró en el grupo porque estaba enfadado. Quería dejar de ser víctima. El objetivo de Robin Campillo era retratar en la película el momento en el que se rompió el silencio que se cernía sobre el sida .La cinta rinde homenaje a esta época, a todos estos pequeños actos minoritarios convertirtiéndolos en eventos históricos importantes para dar vida a una epopeya de las pequeñas cosas.

Una gran parte del guión está basada en los recuerdos del director. Lo que interesaba a Campillo era cómo la gente se unía al colectivo Act Up para dejar de estar sola y formar una fuerza política con la que identificarse. En este contexto el personaje principal se aparte del grupo al contraer la enfermedad. Según explica el cineasta, lo que pretendía era que el espectador tuviera la misma percepción que él tenía cuando entró en el grupo y no podía entender algunas cosas que sucedían.

La película plantea la cuestión de la vida y de la urgencia. El director quería que la cinta fuera como una metamorfosis y que el espectador no tuviera tiempo de ver cómo se pasa de una escena a otra. Las secuencias tenían que ser ecos de las escenas siguientes mientras la escena anterior permanecía creando así una especie de remanencia durante toda la película. Según comentaba Campillo, la película está filmada de una manera un poco cruda, con la idea de reflejar la prisa, la inmediatez que impone esa urgencia que generaba la enfermedad.

El film se desliza de un género a otro, de un estilo a otro. Tiene elementos de documental, ficción, amor y tragedia. El director quería plasmar esos cambios por su idea de que, en la vida real, nos pasamos a otro universo rápidamente. Según el cineasta, cuando estamos enfermos, la comida tiene otro sabor, hay diferentes estados de subconsciencia, y cosas que vemos todos los días, no las percibimos de la misma manera.

Robin Campillo opina que si Act Up tuvo este impacto, fue porque había gente que no tenía otra opción. Eran sus cuerpos los que hablaban, personas que sufrían, que no tenían todo el tiempo del mundo, que ya eran débiles, que ya se trataban, etc. Según apuntaba, esta situación te colocaba en una situación de emergencia proporcionándote fuerza, poder, energía. Fue una lucha política muy personal. Para él era como la diferencia entre defender una causa y estar en el frente de batalla. La lucha de una comunidad que se creó con la idea de superarse a sí misma.
 

Cuando un único amor (one love) es posible. Los cambios que las personas LGBTIQ+ siguen esperando en Jamaica

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

 

América Latina engloba una región muy amplia y diversa de países ubicados tanto en el norte de América, como en centro América y Caribe y el sur del continente. Esto conforma una realidad muy variada en todos los sentidos, también en la situación de las personas LGBTIQ+, los derechos garantizados para el colectivo y la visión social que determina unas experiencias de vida concretas en cada país.

En esta diversidad entre países encontramos realidades especialmente opuestas entre aquellos firmantes de la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género que, por ende, eliminaron las prohibiciones a la disidencia sexo genérica en sus códigos civiles, y aquellos países en los que las relaciones homosexuales siguen siendo prohibidas con sanciones en su legislación, penas que incluyen desde los 2 años en prisión y la cadena perpetua.

En concreto, son 8 los países de la región que aún penalizan la homosexualidad: Guyana, Granada, Jamaica, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, Barbados, Dominica, San Vicente y Granadinas.

Todos ellos se encuentran en el Caribe (exceptuando La Guyana, en América del Sur). Y en 5 de los 8 la homosexualidad entre hombres es la única penalizada (Guyana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía). Esto no siempre corresponde a una ausencia de punitivismo social hacia las mujeres sino a una falta explícita de visibilidad, puesto que estas leyes pertenecen a un período en el que la existencia del lesbianismo ni siquiera era considerada.

Cabe destacar que la legislación punitiva y la persecución a la disidencia sexo-genérica se inician con la colonización, trayendo consigo la persecución y castigo de la sodomía, con la instauración incluso de tribunales de la inquisición que penaban con la muerte a los supuestos sodomitas, y la aprobación de leyes que sancionaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchas de estas legislaciones son las que perduran hoy día en los países que continúan sancionando la homosexualidad.

Este es el caso de Jamaica, donde la Ley de Delitos contra la Persona, de la época colonial británica (1864), sanciona las relaciones entre hombres hasta con 10 años de prisión, además de la imposición de trabajos forzados. Se trata del artículo 76 que prohíbe expresamente «el abominable crimen de la sodomía». El artículo 77, por su parte, condena el «intento de sodomía» hasta con 7 años de prisión, y el artículo 79 prohíbe «cualquier acto de escándalo público» entre hombres, en público o en privado, con condenas de hasta dos años de cárcel, con o sin trabajos forzados. El «escándalo público» no es un concepto definido en el código penal del país, pero ha sido interpretado como cualquier indicio de homosexualidad entre adultos varones.

Estas regulaciones se defienden como parte de los valores cristianos del país. Sin embargo, como señala la única organización de derechos LGBTIQ+ en Jamaica, J-FLAG (Foro Jamaiquino de Lesbianas, Pansexuales y Gays), el país no cuenta con legislación respecto a otras realidades sancionables en la Biblia como el adulterio, el cual, al contrario, es elogiado como una muestra de masculinidad en el caso de los hombres.

Todo este imaginario se visibiliza y refuerza a través de la cultura. En este sentido, el reggae y el dancehall, por ejemplo, dan cuenta de algunos artistas y letras que incitan al odio y al asesinato de personas homosexuales. Cantantes jamaicanos internacionalmente conocidos como Sizzla, Capleton o Buju Banton cuentan con canciones explícitas de LGBTIQ+fobia. Este último fue arrestado por formar, supuestamente, parte de un grupo de 12 hombres que entraron en una casa y apalearon a 6 chicos por ser homosexuales.

La incidencia del movimiento LGBTIQ+ ha conseguido que algunos de los conciertos de estos artistas sean cancelados, y varias de estas canciones fueran eliminadas del repertorio, incluso de la discografía y de las listas de reproducción, como es el caso de la canción Boom Bye Bye de Buju Banton retirada de la mayoría de plataformas desde 2019, con letras que invitan a disparar a la cabeza a los homosexuales (o batty bwoy en la jerga jamaicana, nombre despectivo que viene del inglés butt boy o chico del culo).

Aunque el lesbianismo no está tipificado como delito en la legislación jamaicana, los hombres homosexuales no son el único objetivo de este tipo de violencia en Jamaica. Amnistía Internacional ha recibido numerosos reportes de actos de violencia contra mujeres lesbianas, incluidas «violaciones correctivas» y otras formas de violencia sexual. Estas, en ocasiones, se producen cuando una mujer es identificada como “masculina”, evidenciando la violencia explícita también hacia la disidencia de género.

Ejemplo de ello, fue el asesinato de Dwayne Jones en 2013. La chica, de 16 años, acudió a una fiesta de baile en Montego Bay. Cuando los asistentes a la fiesta se dieron cuenta de que era una chica trans, le agredieron en masa hasta dejarla sin vida. Dwayne se encontraba en situación de sinhogarismo desde los 12 años, rechazada por su familia debido a su identidad de género.

El asesinato de Dwayne recibió la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, sirviendo de catalizador para el debate sobre la situación del colectivo LGBTIQ+ en Jamaica. El ministro de Justicia en aquel momento, Mark Golding, condenó la brutalidad de los hechos y pidió a la policía que «no escatimara esfuerzos para llevar a los autores ante la justicia». En el Parque de la Emancipación de Kingston tuvo lugar una pequeña protesta pública contra el asesinato. La policía entrevistó a los testigos; sin embargo, no realizaron ninguna detención ni identificaron a ningún posible sospechoso.

Varios organismos internacionales se han pronunciado sobre esta legislación vulneradora de los derechos humanos. En 2005, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución apelando a que Jamaica revocara sus leyes contra la sodomía y combatiera activamente la homofobia. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Jamaica que derogara las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, considerando que las leyes de Jamaica violan el derecho a la intimidad y a la igualdad de protección. El gobierno jamaicano, sin embargo, considera estas intervenciones como una intromisión en la política del país, cuyos valores se encuentran representados en la legislación vigente.

Una encuesta en 2004, indicaba que el 96% de la ciudadanía se oponía a cualquier cambio que pudiera conducir a la legalización de las relaciones homosexuales. En la Encuesta Nacional de 2015 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, elaborada por J-FLAG, apenas existe evolución, solo el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

La ausencia de estadísticas y la invisibilidad de las personas LGBTIQ+ no facilitan conocer la situación real que se encuentra viviendo el colectivo.

J-FLAG indica que tiene constancia de que 30 hombres fueron asesinados en Jamaica entre 1997 y 2004. Y entre 2009 a 2021 registró más de 600 denuncias de ataques contra personas LGBTIQ+, entre los que se encontraban allanamientos de morada, agresiones físicas y ataques en grupos multitudinarios (turbas).

El papel de los colectivos LGBTIQ+ y las personas activistas es fundamental. J-FLAG se creó en 1998 y desde entonces lucha por reivindicar y garantizar los derechos del colectivo. Ha liderado la celebración del Orgullo en el país desde el 2005, visibilizando y sensibilizando sobre la necesidad de despenalizar la disidencia sexo-genérica.

Su fundador, Brian Williamson, quien se evidenciaba abiertamente como activista LGBTIQ+, fue asesinado en 2004. El periodista Gary Younge para The Guardian recogió el testimonio de Rebecca Schleifer, del Observatorio de los Derechos Humanos, quien al acudir a su cita con Williamson en el domicilio de este, encontró a los agresores festejando el asesinato con insultos y canciones homófobas. A pesar de esto, la policía negó la motivación homófoba del asesinato.

Brian Williamson no ha sido el único activista LGBTIQ+ asesinado en el país. Lenford Steve Harvey, trabajador social involucrado en la lucha contra el VIH-Sida fue asesinado en 2005, concretamente el 1 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de la reivindicación de esta causa.

Human Rights Watch presentó el informe Not Safe at Home. Violence and Discrimination against LGBT people in Jamaica (2014), que documenta la violencia generalizada contra las personas LGBTIQ+ en el país. Entre otros aspectos, el informe reporta los resultados de 71 entrevistas a personas LGBTIQ+. Del total, más de la mitad (44) había sido víctima de alguna forma de violencia basada en su orientación sexual o identidad de género, únicamente 19 de ellos había denunciado estos hechos a la policía y solo se tomó declaración en la mitad de los casos.

El Informe The developmental cost of homophobia. The Case of Jamaica (2016), con una encuesta basada en 316 personas entrevistadas, indicaba que en los cinco años anteriores a la encuesta, el 32% de las personas entrevistadas había sido amenazada con ser agredida físicamente, mientras que el 12% había sido agredida. El 23,7% había recibido amenazas con violencia sexual, y el 19% había sufrido agresiones sexuales. Solo el 59% había denunciado estos hechos. El 41% que no lo hizo, sentía vergüenza, temor, le restaba importancia a lo sucedido o desconfiaba de la actuación de la policía y de las posibles represalias.

Tanto esta encuesta como las anteriores, deben enmarcarse en un contexto en el que la visibilidad de las personas LGBTIQ+ está fuertemente condicionada, lo que impacta en la exposición a la violencia. En la encuesta anterior, por ejemplo, el 38% no era visible en el trabajo o en la Universidad, y el 42% no había salido del armario con ningún miembro de la familia. Esta cifra se ve aumentada en otros contextos: frente al personal médico (55%), sus superiores de trabajo (60%), las organizaciones religiosas (63%) y el vecindario (68%).

A nivel institucional y legislativo, en 2011 se introdujeron algunos avances. El gobierno jamaicano aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero ello no trajo consigo ninguna garantía de no discriminación al colectivo LGBTIQ+, a pesar de las reclamaciones internacionales y de parte de la ciudadanía jamaicana.

El único acercamiento a este respecto ha sido la creación del Formulario de Evaluación de la Atribución de la Violencia, desarrollado por el Ministerio de Seguridad. En él se menciona específicamente el «delito de odio» como causa de los delitos violentos y se enumera la «orientación sexual e identidad de género» como una de las posibles motivaciones. En estos casos, se exige que la policía lleve a cabo evaluaciones inmediatas para determinar si realmente se ha producido un delito de odio. Sin embargo, este concepto no ha sido definido, lo que genera una articulación confusa en la práctica para corroborar los hechos.

En febrero de 2021, la Comisión Internacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica, estudiando las peticiones de dos personas del colectivo LGBTIQ+ jamaicanas que exponían que, al criminalizar la homosexualidad, el país estaba violando la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe concluyó en la responsabilidad del gobierno de las violaciones de derechos reportadas. Aunque no ha supuesto cambios legislativos, ha reforzado los discursos que apoyan la derogación de la penalización de la homosexualidad, la dificultad para ello es la alianza visible con miembros influyentes y agentes de la política, puesto que la mayoría no quiere exponerse a los grupos y ciudadanía que se opone a la derogación de estas leyes.

Tras más de 20 años de incidencia y activismo de la entidad J-FLAG y de la lucha de las personas del colectivo, en la actualidad se observa una mayor tolerancia y una mayor interacción con la comunidad LGBTIQ+, lo que impacta en la construcción de una ciudadanía más segura y una atención más adecuada en todas las áreas de la vida. En particular, J-FLAG ha conseguido formar a más de 500 personas trabajadoras del área sanitaria, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Salud del país, con el deseo de que este sea uno de los muchos avances que consigan despenalizar al colectivo y garantizar a las personas LGBTIQ+ una vida libre de miedo.

 

Rainbow pride flag flying in the daytime breeze. Original public domain image from Wikimedia Commons

Nuestra venganza será ser felices

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

“Perder el norte” es desorientarse, carecer de razón y buen juicio, incluso tentar a nuestra cordura. Como una estrella polar, el norte es la guía, el modelo con el que compararse, el espejo en el que mirarse y el deseo continuo que construir. El lugar racional. Así, los modelos ideales de bienestar son los de aquellos países más al norte del mundo, cuanta más nieve más sociedad ideal. Cuanto más blanco, más deseable. Y el norte, como modelo del mundo, también lo acaba siendo de nuestro activismo. Pero ¿qué significa perder el sur?

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Letra S es una organización civil mexicana sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y de quienes viven con VIH, a través, entre otras actividades, de la elaboración y difusión de información sobre temas relacionados con la Salud, Sexualidad y la Sociedad. Su último informe de Muertes violentas de personas LGBT+ en México (2021), reportó 78 muertes violentas, de las cuales 55 eran mujeres trans.

México, en concreto, es el segundo país del mundo donde se registran los números más altos de asesinatos a la población trans, según los últimos datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (de la Asociación Transrespect Versus Transphobia, Wordlwide), que analiza los datos registrados a nivel mundial desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Encabeza la lista Brasil con 125, y se encuentra en tercer lugar Estados Unidos con 53. Este «ranking» tiene matices si pensamos en aquellos países donde incluso no existen registros.

Paola Buenrostro fue asesinada en Ciudad de México el 30 de septiembre de 2016 en el contexto de su ejercicio como trabajadora sexual, cuando un cliente le disparó en su coche tras descubrir que era una mujer trans. Los hechos fueron escuchados y presenciados por su compañera Kenya Cuevas, a quien también apuntó con el arma que quedó encasquillada. El sujeto fue detenido minutos después de los hechos, con el arma y el cadáver de Paola en su vehículo, pero fue puesto en libertad dos días después con el argumento de una supuesta ausencia de personas que hubieran atestiguado los hechos. A esto se le sucedió la negativa de la entrega del cuerpo de Paola a Kenia, tras rechazar su familia sanguínea la reclamación del mismo.

Estas serían las primeras de una multitud de irregularidades por parte de las diferentes instituciones y de la Fiscalía, pero también supondrían el comienzo de una lucha por la justicia que vio su inicio en la redirección de la marcha del coche fúnebre de Paola al lugar de su asesinato y el homenaje de sus compañeras en el mismo lugar en el que le fue arrebatada la vida. En palabras de Kenya Cuevas en el Comunicado del 4o aniversario del transfeminicidio de Paola:

«Desde aquel día 30 de septiembre de 2016 las mujeres trans comenzamos a existir y ahora lo que nos queda por delante es recuperar nuestros derechos y ocupar el lugar que nos corresponde. Conquistar nuestra feminidad para luego destruirla si así lo deseamos, reinventarnos en ella y romper los esquemas de dominación machista y los estereotipos. Ahora, lo que nos queda por delante es consumar nuestra venganza y ser felices».

A partir del transfeminicidio de Paola, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes fundó el 2 de abril de 2018 la Casa de las Muñecas Tiresias, una asociación civil resultado del activismo y la lucha política, que tiene como objetivo el apoyo integral a las mujeres trans en México. Ante las necesidades de las mujeres (que se vieron exacerbadas por la situación derivada del Covid-19), en enero de 2020 inauguraron la Casa Hogar Paola Buenrostro, primer Centro de acogida dirigido en exclusiva a las mujeres trans en situación de sinhogarismo en America Latina. El 14 de febrero de 2022 pudo abrirse un segundo albergue. Casa Hogar Catherine Danielle Márquez se sitúa en Morelos, el estado mexicano que reportó más crímenes por LGBTIQ+fobia el pasado año.

Desde el asesinato de Paola, Kenia Cuevas fue trasladando todas las irregularidades del caso a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que tras su estudio emitió una Recomendación (02/2019) por la «falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio» al considerarse que la Procuraduría General de Justicia había violado los derechos de Paola por el trato en masculino, la ausencia de comprensión del asesinato en el marco de la transfobia, la puesta en libertad del presunto asesino habiendo presentado evidencias y la ausencia de protección y reparación hacia Kenya como testigo de los hechos.

Esta Recomendación fue aceptada, suponiendo, por tanto, el reconocimiento por primera vez de un transfeminicidio por parte del gobierno mexicano, generando, además, un compromiso para adoptar medidas específicas hacia el caso: plan integral de reparación para Kenya, el reconocimiento y la disculpa de lo sucedido, y actuaciones generales de protección para la comunidad LGBTIQ+ (garantías de no repetición, modificaciones en los protocolos y marcos de actuación, así como la creación de un protocolo específico para los transfeminicidios).

El único compromiso cumplido fue el de la disculpa pública por parte de la Fiscalía de México, emitiéndose esta en 2021, en el quinto aniversario del asesinato de Paola y dos años después de la Recomendación.

Tras esta disculpa pública, uno de los diputados del gobierno mexicano presentó la Ley Paola Buenrostro, elaborada con el apoyo de Kenya Cuevas y otras activistas. El objetivo de esta propuesta de ley es el de incluir el delito de transfeminicidio en el artículo 69 del Código penal de la Ciudad de México (penas de cárcel de 35 a 70 años y aspectos determinantes como el tratamiento adecuado del nombre y pronombre de la víctima o entrega del cuerpo a la familia afecta cuando la familia sanguínea rechace su recogida). Esta ley aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pero puede ser un nuevo precedente en esta lucha por la justicia, en el objetivo de conseguir la felicidad de las mujeres trans como acto de venganza.

 

Premio ‘Empar Pineda’ para el fomento de la investigación sobre mujeres mayores lesbianas en España

Por Fundación 26 de diciembre

La Fundación 26 de Diciembre convoca la primera edición del Premio Empar Pineda para el fomento de la investigación realizada por mujeres, y cuyo objeto de estudio sea la mujer mayor lesbiana en España. El objetivo del premio es fomentar la actividad investigadora, así también como la difusión y publicación de los resultados obtenidos en las investigaciones.

Este premio tiene también por objetivo dar notoriedad y visibilidad a los proyectos e investigaciones realizadas por mujeres y cuyo objeto de estudio sea la mujer mayor lesbiana en España, en cualquiera de sus manifestaciones, perspectivas teóricas y metodológicas.

La Fundación 26 de Diciembre, entidad sin ánimo de lucro especializada en las personas mayores LGTBIQ+, convoca este premio en cumplimiento de uno de sus objetivos fundacionales, el fomento de estudios e investigaciones sobre la población a la que se dirige la entidad. El nombre del premio es un homenaje y reconocimiento a Empar Pineda, histórica activista feminista y lesbiana. Empar Pineda también formó parte del Patronato de la Fundación 26 de Diciembre.

De entre todos los trabajos que se presenten, el mejor valorado por el jurado recibirá un premio de 1.000 €. La entrega del premio se realizará durante el V Encuentro de Investigación, Memoria y Experiencias LGTBIQ+, que se desarrollará a finales de 2022 en Madrid.

Las investigadoras o grupos de investigación (al menos el 75% de sus miembros deben ser mujeres) que quieran presentarse, deben hacerlo antes de las 23:59 horas del 31 de octubre de 2002. Puedes consultar las bases completas aquí.

 


Más info: www.fundacion26d.org/premioemparpineda

Históricas LTB – Victoria Kent

Por Charo Alises (@viborillapicara)

#Mujereslesbianas

 

«Lo humano, que es tan grande como el universo y

 tan pequeño como sus componentes».

 

Victoria Kent, abogada, política y activista, nació en Málaga en 1892, en el seno de una familia de clase media. Su padre, José Kent Román y dos de sus hermanos fueron sastres. Aprendió las primeras letras con su madre, María Siano González:

No quería ir a la escuela. Mi madre me enseñó a leer y a escribir; luego tuve profesores particulares (…) pero el intento fracasó. Volvía yo de la escuela triste y sin ganas de comer.

Tozuda y con una gran determinación, Victoria evitó el destino de las niñas escolarizadas de la época, cuyo objetivo era prepararse para ser buenas madres y esposas.

Kent fue una niña moderna e inteligente que supo organizarse para vivir la vida que quería. Tras estudiar magisterio en la Escuela Normal Superior de Málaga y bachillerato en el Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros, se empeñó en estudiar derecho en la Universidad Central de Madrid. Con el apoyo de su madre, convenció a su padre, al que la opción elegida por Victoria no le parecía adecuada teniendo en cuenta cual era la dedicación de las mujeres de la época. Lee el resto de la entrada »