Por la Secretaría Internacional de Podemos (@podemosinter)
Foto: EFE
Las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales no cuentan con un cuerpo normativo de derechos humanos propio, similar al de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (CEDR, 1965) o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDEAW, 1979). Pese a que se han dado pasos importantes en esta línea, en pleno siglo XXI aún no contamos con una Convención que prohíba las discriminaciones y violaciones específicas a las que permanecen sujetas las personas LGTBI.
Urge dar un paso adelante, y por eso estamos orgullosos y orgullosas de que se haya aprobado en la Comisión de Exteriores del Congreso —con la única abstención de Unión del Pueblo Navarro, 35 votos a favor y 1 en contra— una de nuestras reivindicaciones clave de la última campaña electoral del 26-J: que España lidere los trabajos para formular y acordar una Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género basada en los Principios de Yogyakarta de 2006.
Este es el texto que se ha aprobado:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una “Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género” basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren.
- Promover que la Unión Europea en sus relaciones exteriores, en particular con los países de nuestra Vecindad y con aquellos países que disfrutan de un estatuto privilegiado en su relación con la Unión, adopte un papel mucho más activo e impulse medidas tendentes a hacer que se respete, que se protejan y se hagan efectivos los derechos de las personas LGBTI.
- Incluir, en coherencia con las prioridades de España en materia de Derechos Humanos, los derechos de la población LGBTI en sus relaciones bilaterales, en particular con aquellos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
- Apoyar a las defensoras y defensores de los derechos del colectivo LGBTI frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.
- Defender y promover el apoyo internacional al nuevo y primer Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
- Reforzar el mandato del Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho para incidir más en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI.
El Experto Independiente nombrado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido ya su primer informe. El contenido evidencia la necesidad de transversalizar la protección de los derechos de las personas LGBTI y es extremadamente claro al mencionar que «la discriminación es también interseccional […] Es posible que algunos aspectos del patriarcado que afectan a las mujeres repercutan también de forma negativa en las lesbianas […] que haya vestigios de racismo que repercutan también de forma negativa en los refugiados y migrantes que son lesbianas, gais, bisexuales o transgénero. […] Incluso cuando existen leyes para proteger a las personas de la discriminación, su aplicación puede ser deficiente. Esto queda demostrado, por cuestiones como el acceso a la justicia y los mecanismos y/o el personal que podría proporcionar asistencia y recursos. […] es necesario contar con medidas eficaces de lucha contra la discriminación de tipo integral».
Nuestra propuesta —conscientes como somos de que no es la única solución y que una política exterior vigilante y responsable seguirá siendo apremiante— es que España lidere los trabajos para elaborar un instrumento de derecho internacional que devenga vinculante, y que eso sólo es posible elevando su rango al de Convención. Es, también, una ocasión más para recordarle a nuestro Gobierno que la defensa de los derechos humanos no es una cuña publicitaria susceptible de insertarse en discursos e intervenciones. Tiene traslaciones materiales. España ya demostró su madurez y firmeza en la defensa, protección y amparo de los derechos LGTBI, constituyéndose en un referente internacional y debe volver a hacerlo ahora. No hay mejor contribución que pueda hacer un Estado que promover un orden más justo para todas las personas, y estaremos a disposición del Gobierno para llevar a cabo esta labor histórica.
Que Instagram deje de censurar el cuerpo, que eliminen sus maléficos cuadraditos negros, que youtube deje de censurar el cuerpo, que la tele deje de censurar le cuerpo, que los neotorquemadas se dejen de condenar el cuerpo, que lo sexy no sea insano, que el sexo sea educado convenientemente. Que no se puede hacer la casa empezando por el tejado y menos aún aceptando columnas de barro.
21 junio 2017 | 17:55