Mujeres sin derecho a voto

Por Lucía Rodríguez Sampayo

Se despertó pronto y emocionada como una niña en día de Reyes. Ruby se arregló, se puso su mejor sonrisa y salió a la calle, orgullosa como cada día de la mujer que es, pero con una certeza que jamás había sentido: iba a votar. Ruby conocía sus derechos, cumplía todos los requisitos legales para participar en el proceso electoral y llevaba la documentación en regla; sabía que nadie le estaba regalando nada, y sin embargo vivió aquel día como algo mágico. Porque todavía hay mujeres que no tienen derecho a votar.

El 8 de marzo de 2014, víspera de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral publicó un comunicado de prensa en el que instaba a la población y a los organismos electorales a cumplir la ley, y respetar y garantizar el derecho al sufragio activo del colectivo LGBTIQ, y específicamente de las personas trans. Y Ruby fue la mujer elegida como símbolo de la garantía de ese derecho. Fue al centro de votación rodeada de amigas, de medios, de activistas, y ejerció su derecho como una ciudadana más.

Parece absurdo que un organismo estatal tenga que realizar comunicados públicos para promover el respeto de las leyes, pero era necesario. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, al igual que en procesos electorales previos, muchas personas de la diversidad sexual se quedaron sin votar. Son tantos los impedimentos y las agresiones a las que son sometidas, especialmente las mujeres trans, que a menudo renuncian de antemano a ejercer su derecho al voto. Muchas ni siquiera llegan a solicitar la emisión de su Documento Único de Identidad, en el que han de aparecer con el pelo corto o recogido, sin maquillar, aparentando ser el hombre que no son.
Eso le ocurrió a Camila. El 2 de febrero de 2014 asistió a su colegio electoral con toda la documentación en regla, pero no pudo votar. Le dijeron que se cortara el pelo, que se desmaquillase, que se mostrase y se portase como un hombre; como el hombre que aparece en su DUI.

Camila, el 2 de febrero de 2014. Foto de Wendy Raquel Castillo Villeda.

En esa jornada activistas por los derechos LGBTIQ había conformado un grupo de observación electoral que vigiló el cumplimiento de la ley, y específicamente la garantía del derecho a voto; su presencia resultó fundamental para la visibilización de las vulneraciones sufridas por las personas trans, e incluso para el ejercicio del voto de mujeres a las que acompañaron. A pesar de la incidencia, de la presión, de la visibilización, muchas mujeres tuvieron que soportar insultos y volver a casa, humilladas, sin haber podido votar.

Diversas organizaciones, entre ellas ASPIDH Arco Iris, denunciaron las agresiones y la vulneración de derechos sufridas por Camila y por otras mujeres en ese proceso electoral. E iniciaron una campaña de incidencia que culminó con el comunicado público del TSE y un compromiso político: Reformar el Código electoral del TSE, y recomendar y apoyar a la Asamblea Legislativa en la aprobación de una Ley de Identidad.

Se están dando pasos importantes en la visibilización de las problemáticas y en la exigibilidad de los derechos de la población LGBTIQ, y específicamente de las más vulnerables y estigmatizadas, las más expuestas a los ataques de odio, las mujeres trans. Pero todavía tenemos mucho camino por hacer.

El próximo mes de marzo se celebra en El Salvador un nuevo proceso electoral. Una nueva oportunidad para demostrar el compromiso con los derechos, con las mujeres. Para que nunca más tengamos que hablar de mujeres sin derecho a voto.

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